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El próximo 7 de agosto termina el gobierno del presidente Petro. En educación, su gobierno deja un legado con claroscuros: logró avances importantes en la financiación de la educación superior pública, pero dejó pendientes varias de las transformaciones que había prometido y relegó otros niveles educativos que hoy enfrentan enormes desafíos.
El sello distintivo de su política educativa fue haber concentrado sus esfuerzos en la educación superior pública. El incremento de los recursos para las universidades estatales fue uno de los más importantes de las últimas décadas y permitió atender una deuda histórica con estas instituciones. En esa misma dirección, el Congreso aprobó la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, modificando un esquema de financiación que durante más de treinta años había resultado insuficiente para responder al crecimiento de la matrícula, la investigación y las funciones misionales de las universidades públicas.
Sin embargo, el principal reto de esa reforma sigue pendiente. La nueva fórmula de distribución de los recursos aún no ha sido reglamentada, por lo que persiste la incertidumbre sobre los criterios con los cuales se asignarán los recursos adicionales entre las instituciones. Además, una parte importante del incremento presupuestal terminó financiando gastos de funcionamiento acumulados durante años, lo que redujo su capacidad para traducirse en una expansión significativa de la cobertura.
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Precisamente en cobertura es donde aparecen las mayores brechas entre las metas y los resultados. El Gobierno prometió crear 500.000 nuevos cupos en educación superior. No obstante, las cifras disponibles muestran que entre 2022 y 2025 el aumento en la matrícula de nuevos estudiantes de pregrado fue cercano a 72.000. Incluso acumulando los nuevos estudiantes incorporados en cada semestre durante ese período, el total ronda los 198.000, una cifra muy distante de la meta inicialmente planteada.
Algo similar ocurrió con la expansión de la infraestructura universitaria. Se anunciaron nuevas sedes para llevar la educación superior a las regiones más apartadas del país. Aunque hubo inversiones importantes y decenas de proyectos quedaron contratados o en ejecución, muchos corresponden a ampliaciones de sedes existentes, adecuaciones, compra de predios, estudios y diseños o soluciones temporales. En consecuencia, la expansión territorial prometida aún no se refleja en un aumento sustancial de la capacidad instalada del sistema. Será tarea del nuevo gobierno decidir sobre el futuro de esta apuesta.
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Paradójicamente, mientras el Gobierno fortalecía financieramente a las universidades públicas, impulsó un impuesto extraordinario al patrimonio que gravaba a las universidades privadas. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente su aplicación para estas instituciones mientras estudia su constitucionalidad. El episodio evidenció una relación compleja con un sector que hoy forma a cerca de la mitad de los estudiantes universitarios del país y constituye un actor indispensable para ampliar la cobertura, desarrollar investigación y formar capital humano.
A estas tensiones se sumó un debate igualmente relevante: la autonomía universitaria. Diversas actuaciones del gobierno en los consejos superiores de las instituciones públicas de educación superior fueron interpretadas por rectores, consejos superiores y organizaciones universitarias como una intromisión en un principio protegido por la Constitución. Independientemente del desenlace jurídico de cada controversia, el episodio puso de presente la importancia de preservar la autonomía como uno de los pilares del sistema universitario colombiano.
Otro aspecto que deja interrogantes es la financiación de los estudiantes. El Gobierno cuestionó el modelo tradicional del ICETEX y anunció una transformación profunda del esquema de crédito educativo. Esta consistió en disminuir la oferta de nuevos créditos de 20 mil a 5 mil por semestre, sin que surgiera un mecanismo alternativo capaz de responder a las necesidades de miles de jóvenes, especialmente de clase media, que no califican para subsidios o gratuidad, pero tampoco cuentan con los recursos para financiar una educación superior de calidad.
Por otra parte, la reforma laboral, al incrementar los costos asociados a la vinculación de aprendices y practicantes, redujo las oportunidades de prácticas formativas ofrecidas por las empresas, precisamente cuando la conexión entre universidad y mercado laboral es uno de los factores que más inciden en la empleabilidad de los egresados.
Mientras tanto, la educación inicial, básica y media quedó en un segundo plano. El país sigue enfrentando rezagos significativos en aprendizajes, especialmente después de la pandemia; persisten problemas de deserción, brechas territoriales, déficit en infraestructura escolar, escasez de docentes en algunas regiones y enormes desafíos en salud mental, transformación digital y formación docente. Pese a ello, estos temas no ocuparon un lugar central en la agenda educativa del cuatrienio.
El gran desafío para el próximo gobierno será superar una visión fragmentada del sistema educativo. Colombia necesita fortalecer la educación superior, pero también recuperar la calidad de la educación escolar, garantizar mecanismos de financiación para que ningún joven abandone sus estudios por razones económicas, respetar la autonomía universitaria y construir una política que entienda que la educación no comienza en la universidad ni termina con la obtención de un título. Solo una visión integral permitirá convertir la educación en el verdadero motor de desarrollo, productividad y equidad que el país necesita.
*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
