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En un artículo publicado en la edición del pasado domingo relatamos los detalles y las controversias que provocó el informe de la inspección a la Universidad de Antioquia, documento en el que se apoyó el Ministerio de Educación para remover al rector John Jairo Arboleda. En medio de señalamientos por presunta obstrucción y la existencia de supuestas nóminas paralelas (acusaciones que la institución rechaza), la pregunta hoy es otra: ¿qué le espera a la universidad pública más importante de Antioquia y la segunda del país?
“Creo que todos tenemos que entender que esto ya terminó, que esta rectoría se cerró”, afirma una fuente que hace parte de las altas directivas de la Universidad de Antioquia. Entre las personas consultadas para este artículo, hay coincidencia en que algo se fracturó durante la última designación de John Jairo Arboleda para un tercer período al frente de la institución. “Pasaron muchas cosas que dejaron heridas abiertas y, posiblemente, deseos de revancha. Había un amplio sector que ya no quería que él continuara como rector. En la práctica, ni el Gobierno Nacional ni la Gobernación lo respaldaban”, señala la fuente, pese a que los representantes de ambas instancias votaron a favor de su designación.
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Esa molestia se reflejó después en la calificación de 1,7 sobre 5,0 que el CSU le dio a Arboleda por su gestión. “Eso fue un factor que terminó por deslegitimarlo aún más y empezó a traducirse en una falta de gobernanza al interior de la Universidad”, considera Pablo Patiño, investigador y decano de la Facultad de Medicina y exvicerrector
De hecho, algunos en Antioquia están convencidos de que la molestia en la Gobernación de Antioquia (el gobernador Andrés Julián Rendón calificó la decisión de remoción como un golpe a la autonomía y ha anunciado medidas), no obedece tanto a una defensa del rector ni mucho menos de la autonomía, sino a la percepción de que Petro “se le adelantó”.
“Resulta contradictorio. El gobernador es el primero que ha salido a decir que el rector es muy mal administrador, públicamente no lo ha defendido, pero ahora le parece que las medidas no son las adecuadas. Pareciera que su molestia es que no lo pudo cambiar él y sí el Ministerio”, piensa María Isabel Duque Roldán, representante de los profesores ante el CSU. “Sostenemos que hay que separar la defensa de la Universidad, de la defensa de esta administración. Lo hemos dicho de todas las maneras: esta administración ha sido incapaz de controlar el gasto y de gestionar la crisis financiera de la institución”.
A Duque le preocupan las pugnas políticas. Personas que han asistido a las sesiones del CSU de la Universidad de Antioquia durante el último año describen reuniones tensas, marcadas por improperios, cruces de acusaciones e, incluso, abandonos en plena sesión, principalmente entre los representantes del Gobierno nacional y los de la Gobernación.
Todo esto hace mucho más compleja la respuesta a la pregunta sobre si la remoción del rector es un golpe a la autonomía universitaria. “No le podemos echar toda el agua sucia al Gobierno Nacional en el tema de la autonomía. El gobernador no ha facilitado esa relación entre el Consejo Superior y la Universidad. Sus posiciones, no solo como presidente del CSU sino también como gobernador, han pasado por descalificar no solo al rector, sino a la Universidad misma. Creo que eso también ha llevado a que el Ministerio de Educación haya respondido de esta manera, pues puede leerse la existencia de un interés, desde el Gobierno departamental, de ejercer un control político sobre la Universidad”, dice Patiño.
Incluso, dentro de la propia institución hay quienes creen que el debate sobre la autonomía debería mirarse con mayor profundidad. No lo dicen en voz alta, admiten, porque saben que es una postura que genera tensiones. “Al interior a veces asumimos la autonomía como un principio absoluto, como si no tuviéramos que rendirle cuentas a la sociedad. Pienso que eso es un error. La autonomía tiene que ir acompañada de responsabilidad en las actuaciones, y muchos no la entienden”, nos dijo un exvicerrector que comparte esa mirada.
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Es posible que la reflexión sobre la autonomía no esté cerrada. Fuentes cercanas a Arboleda confirmaron que el rector (aun en propiedad) está muy afectado y voces en la región barajan una posibilidad: que su eventual renuncia abra la puerta a la aplicación del artículo 46 del Estatuto General. Allí se señala que, cuando “la falta (del rector) sea definitiva” (muerte, renuncia aceptada, destitución, incapacidad física permanente o abandono del cargo), será responsabilidad del Presidente del Consejo Superior nombrar un rector encargado. Y el presidente del CSU de la Universidad, es el Gobernador Rendón. Ese escenario arrojaría la Universidad a un limbo jurídico con dos rectores (uno nombrado por la Gobernación y otro nombrado por el Ministerio de Educación Nacional).
Otro posible escenario consiste en que la notificación de la salida de Arboleda finalmente se haga efectiva y el rector encargado por el Ministerio, Héctor Iván García García, asuma formalmente las riendas de la Universidad. Personas cercanas a García cuentan que él mismo ha dicho en círculos de confianza que entiende su llegada como la de un rector de transición, más orientado a estabilizar la institución que a imprimir un proyecto propio.
Sobre él preguntamos a varias personas dentro de la Universidad y la mayoría lo conoce. “Es un hombre de la casa”, nos dijo un profesor con años en la institución. García es médico de formación y profesor titular. Actualmente, dirige el Instituto de Investigaciones Médicas y, aunque no ha ocupado cargos de nivel central como vicerrector o decano, sí ha pasado por instancias del gobierno universitario: fue representante profesoral ante el CSU y ha hecho parte de la junta directiva de la ahora cuestionada Fundación Universidad de Antioquia.
“No sabemos cuál es su experiencia administrativa para liderar una universidad en crisis”, dice, con cautela, Duque. García tendría que lidiar con un presupuesto para 2026 que el informe de la inspectora considera desfinanciado. En sus proyecciones para este año, la Vicerrectoría Administrativa calculó un déficit de COP 111.000 millones. Para mitigar ese hueco, la administración propuso una reducción del gasto de unos COP 100.000 millones, pero las dependencias (facultades, escuelas, corporaciones, institutos, etc.) aceptaron un recorte mucho menor, dejando un faltante operativo para 2026 de COP 63.367 millones.
Eso parece, a simple vista, una mejora, pero para la inspectora nombrada por Mineducación para vigilar la institución, Angielly Paola Martínez Ruiz, hay dos cosas que se están haciendo muy mal. En primer lugar, el faltante de COP 111.000 millones que la Vicerrectoría calculó para 2026 habría omitido el pasivo (deudas de nómina, prestaciones y proveedores no pagados en diciembre de 2025), que ascendió a COP 134.556 millones. Incluso si la Universidad lograra llevar a cabo su plan de austeridad para 2026, el faltante no sería de COP 63.367 millones, como dice la institución, sino de COP 197.923 millones.
Pero para Martínez hubo también algo muy mal planteado en el plan de austeridad. La inspectora cuestiona que la Universidad haya planteado recortes que, en su perspectiva, golpean el eje misional. Entre las medidas señaladas están la suspensión de la dedicación exclusiva (COP 7.989 millones); la no contratación de docentes ocasionales para reemplazar a cerca de 170 profesores en comisión; la reducción de COP 18.388 millones en horas cátedra; y la eliminación total de los contratos de asesoría y consultoría. A ello se suma la decisión de trasladar la financiación de programas estratégicos como Regionalización, PIFLE (idiomas) y las políticas de género (que en conjunto cuestan COP 24.800 millones) desde los Fondos Generales hacia recursos de inversión o estampillas.
Además, Martínez advierte que el ajuste se apoya en fuentes de financiación inciertas. El presupuesto incorpora COP 17.784 millones a la espera de un reconocimiento adicional del Gobierno que no está confirmado y proyecta cubrir parte del déficit con un crédito de COP 45.493 millones. Para la inspección, esto no resuelve el problema: incrementa el pago de intereses y traslada la presión de caja a 2027, profundizando un círculo vicioso de iliquidez.
La Universidad de Antioquia respondió en un documento fechado el 16 de diciembre y dirigido a la inspectora que la formulación de su presupuesto ha sido un proceso técnico, transparente y participativo. Frente a los recortes propuestos, sostiene que estos se concibieron con un enfoque de optimización, y no de desmonte de las funciones misionales, y que obedecen a criterios de eficiencia, mejor aprovechamiento de la capacidad instalada y sustitución de fuentes de financiación, más que a la eliminación de programas.
En cuanto a lo que Martínez califica en su informe como ingresos inciertos, la institución afirma que sus proyecciones son verídicas y están respaldadas por datos históricos consistentes, y rechaza cualquier señalamiento de improvisación. Este escenario presupuestal no incorpora la eventual inyección de COP 70.000 millones anunciada por el Gobierno Nacional tras comunicar la salida de Arboleda y la llegada de García.
“Cuando nos reunamos con él [con García], le pediremos que se rodee de un equipo de expertos”, dice Duque. Desde el sector que ella representa, la expectativa es que, si asume, García esté dispuesto a abrir una discusión sobre cambios en los estatutos de la Universidad. Entre ellos, menciona la necesidad de avanzar hacia mecanismos de elección más participativos de las directivas, eliminar la figura de la reelección y revisar otras disposiciones que, en su opinión, han resultado dañinas. La idea, dice, sería transitar por esa reforma y, una vez concluida, convocar un nuevo proceso de designación rectoral.
El tercer escenario es el de un bloqueo institucional: que Arboleda no renuncie (su período, en términos legales, se extiende hasta 2027), que las medidas adoptadas por el Ministerio queden en suspenso mientras se tramitan las múltiples demandas que enfrentarán en los tribunales y que la Universidad de Antioquia quede atrapada en una zona gris, sin un rector plenamente legitimado, con un rector encargado en disputa y con los órganos de gobierno operando bajo una tensión constante entre la Gobernación y el Gobierno Nacional.
Todo esto en la antesala de las elecciones presidenciales y legislativas.
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