Las siete propuestas de las universidades estatales para lograr su sostenibilidad

El Sistema Universitario Estatal Colombiano (SUE), a través de un estudio técnico y riguroso ha podido mostrar las causas de la crisis en que se encuentra, la cual, lo tiene en una situación de inviabilidad. Esta realidad pone en riesgo la posibilidad de seguir brindando una educación de calidad a los 650 mil estudiantes de estrato 0, 1, 2 y 3 que hacen parte del sistema en mención. Una crisis financiera representada en una brecha de calidad que requiere, en el tema de formación y cualificación de los profesores $2.84 billones de pesos. En infraestructura física se necesitan $8.94 billones de pesos, en relación con el apoyo académico, se requiere invertir de manera urgente en: equipos de cómputo, aulas con tecnología audiovisual, material bibliográfico, equipos de laboratorio y otros; para contar con todo esto, se necesitan cerca de $344 mil millones de pesos. (Lea acá: Universidades públicas, en la olla)

De igual modo se requiere invertir en Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC- una suma cercana a los $605 mil millones de pesos. En cuanto al Bienestar Institucional se precisa una inversión de$121mil millones. En gastos administrativos señalados, se requieren recursos en el orden de los $313 mil millones. En resumen, los recursos requeridos por las Universidades Públicas son de $15 billones de pesos.

Sobre la base de esta realidad, el SUE ha elaborado las siguientes propuestas para la sostenibilidad de la Educación Superior Pública:

1) IVA social e impuesto sobre la renta: garantizar a las IES públicas, los recursos que fueron incluidos en la reforma tributaria en los Artículos 184 y 102 de la Ley 1819 de 2016, de los cuales actualmente el Ministerio de Educación Nacional viene destinando para otros programas y políticas del gobierno.

2) Excedentes de las Cooperativas: reglamentar la distribución y destinación directa a las IES públicas de los recursos del Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016.

3) Modificar el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992: ajustar las transferencias del gobierno a las universidades oficiales, incluyendo un crecimiento real, mínimo de 4 puntos porcentuales adicionales al IPC.

4) Expedir una ley que precise el reconocimiento a las universidades públicas de los costos asociados a las disposiciones del legislativo que afecten su sostenibilidad financiera.

5)Revisar los programas de gobierno priorizados desde el MEN y el impacto de los mismos, promoviendo aquellos que impacten la oferta educativa y no solo la demanda.

6) Alcance y financiación del Decreto 1279: Analizar el alcance y financiación del sistema salarial y prestacional docente, el cual impacta el presupuesto de las universidades oficiales, al no tener límites de crecimiento anuales a lo largo de la carrera docente.

7) Establecer las leyes requeridas para que las entidades territoriales aporten a la educación pública en todos sus niveles (básica, media y superior).

8) Construir una política de estado en la que se generen recursos adicionales para cierre de brechas a fin de mejorar el indicador de gasto en educación superior en relación con el PIB del Sistema y de la institucionalidad nacional. Somos conscientes de las limitaciones financieras. Es necesario precisar que la implementación de estas propuestas requiere del conjunto de los actores  del actual gobierno, pero, se necesitan mensajes de compromiso y voluntad política frente al problema; por ello, esperamos que en el presupuesto de la nación para el año 2019, la adicción presupuestal por el orden de los 500 mil millones de pesos para el sistema Universitario Estatal, se distribuyan el 40% en funcionamiento y el 60% en inversión.

Finalmente, queremos indicar que, el SUE manifiesta su confianza en el gobierno y en la nueva Ministra de Educación Nacional, quien ha reconocido el problema. (Lea también: Réquiem por las universidades públicas)

*Jairo Miguel Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal  y rector de la  Universidad de Córdoba

El Sistema Universitario Estatal Colombiano (SUE), a través de un estudio técnico y riguroso ha podido mostrar las causas de la crisis en que se encuentra, la cual, lo tiene en una situación de inviabilidad. Esta realidad pone en riesgo la posibilidad de seguir brindando una educación de calidad a los 650 mil estudiantes de estrato 0, 1, 2 y 3 que hacen parte del sistema en mención. Una crisis financiera representada en una brecha de calidad que requiere, en el tema de formación y cualificación de los profesores $2.84 billones de pesos. En infraestructura física se necesitan $8.94 billones de pesos, en relación con el apoyo académico, se requiere invertir de manera urgente en: equipos de cómputo, aulas con tecnología audiovisual, material bibliográfico, equipos de laboratorio y otros; para contar con todo esto, se necesitan cerca de $344 mil millones de pesos. (Lea acá: Universidades públicas, en la olla)

De igual modo se requiere invertir en Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC- una suma cercana a los $605 mil millones de pesos. En cuanto al Bienestar Institucional se precisa una inversión de$121mil millones. En gastos administrativos señalados, se requieren recursos en el orden de los $313 mil millones. En resumen, los recursos requeridos por las Universidades Públicas son de $15 billones de pesos.

Sobre la base de esta realidad, el SUE ha elaborado las siguientes propuestas para la sostenibilidad de la Educación Superior Pública:

1) IVA social e impuesto sobre la renta: garantizar a las IES públicas, los recursos que fueron incluidos en la reforma tributaria en los Artículos 184 y 102 de la Ley 1819 de 2016, de los cuales actualmente el Ministerio de Educación Nacional viene destinando para otros programas y políticas del gobierno.

2) Excedentes de las Cooperativas: reglamentar la distribución y destinación directa a las IES públicas de los recursos del Artículo 142 de la Ley 1819 de 2016.

3) Modificar el Artículo 86 de la Ley 30 de 1992: ajustar las transferencias del gobierno a las universidades oficiales, incluyendo un crecimiento real, mínimo de 4 puntos porcentuales adicionales al IPC.

4) Expedir una ley que precise el reconocimiento a las universidades públicas de los costos asociados a las disposiciones del legislativo que afecten su sostenibilidad financiera.

5)Revisar los programas de gobierno priorizados desde el MEN y el impacto de los mismos, promoviendo aquellos que impacten la oferta educativa y no solo la demanda.

6) Alcance y financiación del Decreto 1279: Analizar el alcance y financiación del sistema salarial y prestacional docente, el cual impacta el presupuesto de las universidades oficiales, al no tener límites de crecimiento anuales a lo largo de la carrera docente.

7) Establecer las leyes requeridas para que las entidades territoriales aporten a la educación pública en todos sus niveles (básica, media y superior).

8) Construir una política de estado en la que se generen recursos adicionales para cierre de brechas a fin de mejorar el indicador de gasto en educación superior en relación con el PIB del Sistema y de la institucionalidad nacional. Somos conscientes de las limitaciones financieras. Es necesario precisar que la implementación de estas propuestas requiere del conjunto de los actores  del actual gobierno, pero, se necesitan mensajes de compromiso y voluntad política frente al problema; por ello, esperamos que en el presupuesto de la nación para el año 2019, la adicción presupuestal por el orden de los 500 mil millones de pesos para el sistema Universitario Estatal, se distribuyan el 40% en funcionamiento y el 60% en inversión.

Finalmente, queremos indicar que, el SUE manifiesta su confianza en el gobierno y en la nueva Ministra de Educación Nacional, quien ha reconocido el problema. (Lea también: Réquiem por las universidades públicas)

*Jairo Miguel Torres, presidente del Sistema Universitario Estatal  y rector de la  Universidad de Córdoba