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En Colombia existe un consenso casi unánime: la primera infancia es prioritaria. Todos lo repetimos en discursos y documentos oficiales. Sin embargo, cuando pasamos de la retórica a los hechos, la realidad es más dura: aún estamos muy lejos de garantizar que cada niña y cada niño reciba la atención integral que necesita para desplegar su potencial. La paradoja es evidente: reconocemos la importancia de esta etapa, pero no hemos logrado traducir esa convicción en acciones contundentes.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 fijó una meta ambiciosa: ofrecer atención integral universal y gratuita a 2,7 millones de menores de seis años en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, la población atendida en los programas de atención integral que brinda el ICBF se estancó en los últimos dos años y por debajo de la meta.
El seguimiento de NiñezYA muestra avances desiguales: solo el 22,7% de los indicadores prioritarios para la niñez tienen un cumplimiento superior al 40%. En educación inicial, el cumplimiento está al 80%. Pero la brecha sigue siendo enorme: en Colombia viven más de 4,5 millones de niñas y niños menores de seis años, de los cuales apenas 1,9 millones reciben servicios del ICBF y cerca de 960 mil están en preescolar. Dicho de otro modo: el derecho a ser atendido en los primeros años aún depende del lugar de nacimiento y de la condición socioeconómica de cada familia.
A la cobertura limitada se suma un problema estructural: la falta de articulación. El ICBF, los ministerios de Educación y Salud, las secretarías territoriales y múltiples organizaciones sociales trabajan en paralelo, pero no como un verdadero sistema. Los programas existen, pero dispersos; las metas son ambiciosas, pero no siempre se traducen en acciones coordinadas que aseguren continuidad y calidad.
Otro vacío crítico es la información. No contamos con sistemas integrados que permitan hacer seguimiento niño a niño, desde que ingresa a un programa hasta que transita por las distintas etapas de su desarrollo. Sin trazabilidad, no es posible saber si la atención fue oportuna, completa y continua, ni corregir las brechas a tiempo. Necesitamos que las estadísticas y los registros dialoguen entre sí, para que ningún niño quede por fuera del radar.
La ciencia es clara: invertir en la primera infancia es la decisión económica más rentable que puede tomar un país. James Heckman, premio Nobel de Economía, ha demostrado que cada dólar invertido en programas de calidad puede generar retornos sociales de entre 7% y 13% anual. Esa rentabilidad supera la de muchos activos financieros tradicionales y, a diferencia de ellos, sus beneficios trascienden lo económico: se reflejan en mejor educación, mayor productividad, menores costos en salud y reducción de la criminalidad. En Colombia, estudios del DNP y el ICBF corroboran que los programas integrales —que combinan educación inicial, nutrición, salud y acompañamiento familiar— reducen brechas y potencian el desarrollo de los niños en contextos de pobreza.
Y, sin embargo, la inversión actual no alcanza. Según un análisis del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), en 2024 el país destinó alrededor de $14,2 billones a la primera infancia, lo que equivale a $7 millones por niño, cifra muy inferior a la canasta financiada en educación escolar a través del Sistema General de Participaciones, que ronda los $13 millones por estudiante. Los recursos equivalen al 0,83% del PIB, cuando UNICEF recomienda al menos 1,5%.
La pregunta es inevitable: ¿estamos cumpliéndole a la primera infancia? La respuesta honesta es “todavía no”. Pero la buena noticia es que sí podemos hacerlo. Tenemos evidencia, programas exitosos y profesionales comprometidos. Lo que falta es voluntad política, una inversión suficiente y, sobre todo, coordinación real. La política de Cero a Siempre mostró impactos positivos en el desarrollo del lenguaje, habilidades socioemocionales y nutrición infantil. Retomar y fortalecer esa experiencia es un camino probado.
No podemos conformarnos con avances parciales. Si de verdad queremos transformar la vida de los niños y niñas, debemos pasar de la prioridad a la acción. No se trata solo de cifras, sino de un compromiso ético y estratégico: invertir en quienes encarnan el futuro de Colombia. Porque al final, el desarrollo de un país no se mide únicamente en el PIB, sino en la capacidad de asegurar que todos sus niños y niñas tengan la oportunidad de crecer sanos, aprender, jugar y soñar.
*Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas - Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
