El pasado 29 de enero, un video que circuló en redes sociales y medios de comunicación mostró a niños y niñas saliendo aterrorizados de un colegio, buscando refugio tras un ataque terrorista en los corregimientos de Fenicia y Salónica, cerca del casco urbano de Riofrío, en el Valle del Cauca. Un hecho lamentable y absolutamente condenable, que refleja una realidad persistente en Colombia: la niñez sigue siendo víctima del conflicto armado.
A lo largo de la historia, los niños, niñas y adolescentes han sufrido las peores consecuencias de la violencia en el país. Han sido objeto de secuestros, reclutamiento forzoso, desapariciones, minas antipersona, torturas, lesiones físicas y psicológicas, violencia sexual y homicidios, como lo han documentado la Unidad para las Víctimas y la Comisión de la Verdad. En medio de este panorama, las escuelas no solo han sido espacios de aprendizaje, sino también refugios para quienes huyen del terror.
Pero los efectos del conflicto armado en la educación van más allá de la violencia directa. La literatura en economía de la educación ha documentado múltiples impactos negativos que afectan el desarrollo de la niñez y el futuro del país. Entre ellos, la reducción de recursos públicos destinados a la educación, ya que se prioriza el gasto militar; la interrupción de las clases por ataques terroristas, paros armados o amenazas, lo que deteriora el aprendizaje y el desempeño académico; el aumento de la deserción escolar por el desplazamiento forzado de las familias en busca de seguridad; y el reclutamiento forzoso de menores, que los priva de su derecho a la educación.
Además, la violencia destruye infraestructura educativa, genera ausentismo de estudiantes y docentes por miedo, dificulta la atracción de maestros a zonas de conflicto y afecta la salud mental de toda la comunidad educativa. En muchos casos, los niños y jóvenes deben asumir roles de trabajo para reemplazar a los adultos que han sido asesinados, heridos o desplazados, y las niñas asumen tareas domésticas, lo que además agrava la desigualdad de género.
El resultado de estos factores es un círculo vicioso donde la menor acumulación de capital humano perpetúa la pobreza, la desigualdad y la violencia. Sin acceso a una educación de calidad, miles de niños y jóvenes quedan atrapados en un ciclo de exclusión, sin oportunidades para un futuro diferente.
Es responsabilidad del Estado, tanto a nivel nacional como local, garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, entre ellos el derecho a una educación segura y de calidad. Para ello, es fundamental que los gobiernos prioricen la inversión en educación, incluso en medio del conflicto, asegurando recursos para la infraestructura escolar, el bienestar de los docentes y estudiantes, y la implementación de estrategias de protección para la infancia. Sin una apuesta decidida por la educación, no será posible romper el ciclo de violencia y construir un país más equitativo y en paz. Como sociedad no podemos permitirnos un nuevo escalamiento del conflicto armado.
*Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas -Universidad Javeriana
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Por Luz Karime Abadía*
