El Ministerio de Educación dio a conocer nuevas acciones en el marco del plan de rescate y fortalecimiento financiero, con el que buscan garantizar la estabilidad y sostenibilidad de la Universidad de Antioquia (UdeA), una de las principales instituciones públicas del país, que en los últimos meses ha atravesado una grave crisis financiera.
Específicamente, la cartera se comprometió con una inversión en infraestructura educativa que asciende a COP 245.200 millones, de los cuales COP 228.000 millones corresponden a vigencias futuras para proyectos estratégicos en las regiones. Entre ellos se destacan COP 131.699 millones para la nueva infraestructura de la Facultad de Medicina en Apartadó, COP 66.546 millones para el Bloque 4 en El Carmen de Viboral, COP 31.000 millones para el fortalecimiento de sedes en San Pedro de Urabá, y COP 16.000 millones para aulas modulares en Arboletes.
El ministro de Educación, Daniel Rojas, aseguró que este jueves, 5 de febrero, la UdeA, “recibe en en su cuenta bancaria estos COP 70 mil millones, más COP 138 mil millones que hacen parte de la base presupuestal prevista para el mes de enero de 2026, en total cerca de COP 208 mil millones”.
Según el ministerio, entre 2022 y 2025, los recursos totales de la institución pasaron de COP 575.000 millones a COP 807.000 millones, lo que representa un aumento del 40 %. Además, aseguran, en el mismo periodo, el presupuesto de funcionamiento creció de COP 540.000 millones a COP 748.000 millones.
Estas cifras han permitido, afirma el Mineducación, mayor cobertura y permanencia. “Entre 2023 y 2025 la Universidad registró 11.141 nuevos estudiantes, mientras que la Política de Gratuidad beneficia al 90,3% de su matrícula, equivalente a 34.511 jóvenes que hoy pueden cursar sus estudios sin barreras económicas”, escribió la cartera.
(Lea: U. de Antioquia: rector designado por el Mineducación dice que ya asumió el cargo)
Crisis financiera en la Universidad de Antioquia
La UdeA atraviesa una de sus peores crisis financieras, marcada por graves problemas de liquidez, un déficit estructural creciente y el deterioro sostenido de sus indicadores financieros.
Esta situación ha sido alertada desde hace varios meses. Por esto, han solicitado a los gobiernos nacional, departamental y distrital (Medellín), medidas para ayudar a solventar la crisis de la universidad.
En respuesta, el Ministerio de Educación, el pasado 3 de agosto, declaró a la institución en “vigilancia especial” y, a mediados de diciembre, ordenó nuevas acciones, entre ellas la suspensión inmediata de la suscripción de “nuevos acuerdos, convenios o contratos que no tengan una relación directa, necesaria y demostrable con la prestación del servicio público de educación superior”. Así mismo, la institución debía imponer restricciones al “reconocimiento y pago de viáticos, gastos de representación, publicidad onerosa, eventos protocolarios y demás erogaciones discrecionales”.
El Mineducación sostuvo que las órdenes no se cumplieron, y señaló directamente a Jhon Jairo Arboleda, rector hasta el 30 de diciembre, de ser el responsable. Por esto, fue apartado de su cargo.
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