Muchas promesas en educación y pocos resultados

Opinión

Foto: El Espectador

El presidente Gustavo Petro, en sus casi dos años de gobierno, ha centrado su accionar en construir propuestas de reformas de leyes sobre el funcionamiento de diferentes sectores y entidades, más que en el diseño e implementación de políticas públicas. El sector educativo no ha sido la excepción. A la fecha se conocen dos borradores de reforma a la Ley 30, un borrador de reforma al ICETEX, el proyecto de Ley estatutaria que está en curso en el Congreso y la aprobación de la Ley de gratuidad de la educación superior.

Cuando estaba en campaña, el presidente Petro hizo varias promesas en educación. A través de su plan de gobierno planteó: 1) una educación superior pública, gratuita y de calidad a nivel tecnológico y universitario (prometió 500 mil nuevos cupos); 2) transformar la lógica bancaria del ICETEX, liberar a todos los usuarios de las deudas y que la entidad se centrara en prestar dinero para estudios de pregrado y posgrado en el exterior; 3) acceso universal y gratuito para niños y niñas menores de 6 años (se propuso como meta una cobertura de 2.7 millones de niños y niñas en condición de vulnerabilidad); 4) garantizar una educación a todos los niños, niñas y adolescentes, pertinente y de calidad, a través de la búsqueda activa de la población desescolarizada, transporte pertinente, seguro y continuo para asistir a los centros educativos, el apoyo a las familias cuando sea necesario, la alimentación adecuada, la ampliación y el mejoramiento de la infraestructura, la dotación, formación y capacidad de los docentes, los recursos didácticos y la universalización de la conectividad; 5) terminar con el abandono escolar a partir de 9º grado de bachillerato; 6) una jornada extendida diversa con énfasis en cultura, deportes, ciencias, educación para la ciudadanía y la reconciliación, TIC y proyectos productivos; 7) mejorar la relación entre el número de estudiantes y docentes; 8) maestros y directivos docentes que gocen de todas las garantías laborales, estabilidad, salud ocupacional, física y mental; 9) una educación para la paz, la libertad y la creación; 10) elevar históricamente el presupuesto público para todo el sistema educativo, en particular el de la educación superior; entre muchas otras. ¡Qué reto tan grande!

Varias de estas promesas quedaron definidas en su Plan Nacional de Desarrollo, que según El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (Sinergia) a cargo del DNP, se traducen en 38 indicadores, 19 de ellos a cargo del Ministerio de Educación. Con ellos se miden los avances del plan. Sin embargo, el progreso es mínimo. Lamentablemente, de los 19 indicadores, solo 5 tienen reporte de avance, 2 tienen reporte del 0%, 7 no tienen reporte de avance, y 5 ni siquiera tienen ficha técnica aprobada por el gobierno (es decir, que no se ha definido un indicador que permita su medición).

En algunas de estas apuestas urge tener avances (como en la educación inicial universal o mejoras en la calidad educativa), otras son casi imposibles de lograr en las condiciones actuales (los 500 mil nuevos cupos en educación superior) y otras son totalmente improcedentes (como la condonación de las deudas de ICETEX o la idea de que estos créditos solo sean para estudios en el exterior).

Es importante lograr avances en ampliar la cobertura y garantizar una educación integral en primera infancia, focalizado en población de bajos recursos. Desafortunadamente, hoy, de los más de 4.5 millones de niñas y niños menores de 6 años, solo la mitad acceden: 1.9 millones son atendidos por el ICBF y 960 mil están matriculados en preescolar. De estos últimos, la mayoría son de estratos socioeconómicos altos, atendidos por colegios o jardines privados. El 44% de los menores en hogares de estratos 4 al 6 reciben educación inicial en contraste con 32% en estratos 1 y 2. No obstante, lograr una ampliación de cobertura de 2.7 millones es casi duplicar la cobertura actual. Meta difícil de lograr.

Otra de las necesidades apremiantes es mejorar la calidad de educación básica y media. En promedio, los estudiantes de colegios privados calendario A obtienen 28 puntos más en las pruebas Saber11, que aquellos de colegios públicos. Así mismo, según los resultados de Pisa 2022, en matemáticas, el 29% de los estudiantes colombianos alcanzó el nivel 2, de 6 niveles de desempeño, en contraste con un 69% del promedio de países de la OCDE. Así mismo, ningún estudiante colombiano logró los niveles más altos de desempeño.

En educación superior, la cobertura en pregrado, tanto en instituciones de educación superior públicas como privadas, fue de 55% en 2022. Esta cifra es muy inferior al compararla con países como Chile o Argentina que tienen tasas de cobertura en educación superior alrededor del 80%. Sin embargo, lograr 500 mil nuevos cupos, y solo con la oferta del sector oficial, sería como crear 9 universidades nacionales con todas sus sedes. Meta casi imposible de lograr.

Para honrar su promesa de campaña (ojalá en aquellas apuestas convenientes para el sector educativo) el presidente Petro debería abandonar la idea de querer reformar todo, desconociendo lo que funciona bien y pretender que crear leyes o modificarlas es suficiente para lograr avances significativos que generen transformaciones sociales positivas.

Lo que sí se requiere, es una gran capacidad de gestión a través de la implementación de programas y políticas públicas pertinentes y viables. Por otro lado, también es clave aprovechar las ventajas del sistema mixto educativo, es decir, reconocer que la oferta educativa en Colombia está conformada por instituciones públicas y privadas, e impulsar la cooperación entre los dos sectores para poder lograr avances en algunas de sus metas. En adición, debería priorizar y focalizar esfuerzos y recursos en aquellos grupos poblacionales, regiones y sectores más necesitados, como por ejemplo, la primera infancia y la educación básica, pues son los niveles educativos en donde las inversiones generan mayores retornos individuales y sociales. Lo anterior, teniendo en cuenta los enormes retos en materia educativa y las restricciones económicas que tiene el país.

* Luz Karime Abadía

Decana, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

Universidad Javeriana

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