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La Secretaría General de la Universidad Nacional le pidió al Ministerio de Educación que se convoque “a la mayor brevedad” una sesión del Consejo Superior Universitario, luego de las decisiones del Consejo de Estado y de la renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría.
Ayer, 20 de noviembre, el Consejo de Estado declaró nula la designación de Múnera en ese cargo, la segunda sentencia en el caso. La primera llegó el 4 de septiembre, cuando el alto tribunal declaró legal la designación de José Ismael Peña, que se había dado antes de la elección de Múnera.
(Conozca los detalles de la reciente decisión: ABC de la sentencia que sacó a Múnera de la rectoría y qué viene para la Universidad Nacional)
“Igualmente se abordará la petición del profesor José Ismael Peña Reyes, presentada a la Secretaría General el 21 de noviembre de 2025, así como la comunicación de la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública”, explicó la Secretaría General en el comunicado.
La comunicación de la Procuraduría a la que se refiere se dio luego de que José Ismael Peña solicitara el acompañamiento preventivo de esa entidad. “He solicitado acompañamiento en el empalme y la recepción del cargo de rector de la Universidad Nacional de Colombia a la Procuraduría General de la República”, dijo el profesor en su cuenta de X.
Sin embargo, aún no está claro si Peña será retornado al cargo. La duda surge porque la sentencia que declaró legal su designación no incluyó una medida de restitución de derechos, por lo que será autonomía del Consejo Superior Universitario tomar la decisión de reintegrarlo.
En su pronunciamiento, la Procuraduría dijo que “en ejercicio de su función preventiva, inicia la presente actuación con el fin de: verificar el cumplimiento inmediato y estricto del fallo del Consejo de Estado por parte del CSU y del MEN; prevenir la reiteración del uso indebido del artículo 41 del CPACA en actuaciones electorales internas; evitar actuaciones administrativas que desconozcan la autonomía universitaria o que sustituyan la competencia del juez electoral; y garantizar la seguridad jurídica, la estabilidad institucional y la protección del debido proceso administrativo en la elección de directivos universitarios”.
En el fallo que declaró nula la designación de Múnera como rector, el Consejo de Estado asegura que el CSU hizo una interpretación equivocada del artículo 41 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, asumiendo que podía corregir irregularidades en la designación de Peña volviendo a hacer el proceso de selección. Según el alto tribunal, ese artículo se aplica solo cuando el procedimiento administrativo no ha terminado (la designación), pero que, en este caso, terminó cuando Peña fue electo como rector.
Los excandidatos a la rectoría reconocen a Peña como rector
Durante el proceso de designación que se adelantó desde marzo de 2024, cinco candidatos quedaron en la recta final para ser elegidos como rector. Además de Múnera y Peña, se encontraban Raúl Sastre, Juan Pablo Duque y Germán Castaño.
Estos tres excandidatos publicaron una carta en la que reiteraron, como lo manifestaron 29 de marzo de 2024 (tras la designación de Peña), que consideran el resultado de ese entonces como válido. “Reconocemos y reiteramos la validez del resultado concluyente de este proceso”, dijeron en el documento. También hicieron un llamado a “reconstruir el tejido social afectado” después de todo lo ocurrido en el proceso de designación de rector.
El pronunciamiento de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá
La Vicerrectoría de la Sede Bogotá de la Universidad Nacional también emitió un pronunciamiento sobre este episodio. En él se refirieron a las sentencias e hicieron un llamado a “un análisis cuidadoso y reflexivo sobre sus consecuencias y, ante todo, a mantener las condiciones que permitan garantizar el desarrollo de nuestras funciones misionales y la culminación del actual periodo académico”.
En la carta piden mantener un lenguaje respetuoso en las comunicaciones y a que se acojan las decisiones del Consejo de Estado, conforme a la normatividad. “Dichas decisiones judiciales implican que el Consejo Superior Universitario, en ejercicio de la autonomía universitaria prevista en el artículo 69 de la Constitución, proceda a su ejecución acorde a sus competencias y en aplicación del marco normativo de la Universidad. En este sentido, también hacemos un llamado a toda la comunidad universitaria a acoger las decisiones que se tomen por parte de la máxima autoridad de dirección y gobierno de la Universidad”, afirmaron.
Esta carta está firmada, además de la Vicerrectoría de Sede de Bogotá, por las facultades que componen a esa sede, sin contar a la Facultad de Ingeniería.
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