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Gregorio Eljach, Procurador General de la Nación, por medio de un concepto, le solicitó a la Corte Constitucional que declarara inexequible el decreto de conmoción 155 de 2025, que fue expedido por el Gobierno Nacional. En este documento, en el que se declaró el estado de conmoción interior en El Catatumbo, se adoptó una serie de medidas enfocadas en la infraestructura y dotación educativa en distintos niveles.
En materia educativa, en este decreto el Gobierno habilitad al Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FFIE) para tomar las medidas administrativas y financieras necesarias con el objetivo de generar nuevos espacios de infraestructura.
Sin embargo, en el concepto, el procurador Eljach dice que si bien el decreto de conmoción de interior surgió como una medida para enfrentar la difícil situación de seguridad y de violencia por la que atravesaba El Catatumbo, el ámbito educativo no es abordado desde los problemas graves de orden público. En su opinión, lo hace desde situaciones crónicas que requieren soluciones estructurales.
“Por regla general no se puede acudir a los estados de excepción para responder a problemas estructurales de vieja data y ampliamente conocidos”, reseña e indica que estos deben ser abordados “por medio de los mecanismos ordinarios y en las instancias democráticas y participativas, a menos que se invoquen circunstancias adicionales que agudicen la crisis ya existente”.
La razón que entrega el procurador para afirmar esto es que en el decreto de conmoción interior, el Gobierno señala que estas son “demandas sociales históricas, la dotación de infraestructura educativa y elementos para la calidad de la educación y la creación de la Universidad del Catatumbo”.
Además, dice la Procuraduría, en el decreto el Gobierno no logró demostrar que la crisis de educación superior en esta zona se haya agravado con el aumento de violencia que se presentó en enero de este año. “Los datos en los que se fundamenta son de 2023″, añade.
Eljach, al final, señala que este decreto, al menos en el ámbito educativo, busca garantizar recursos para financiar una nueva infraestructura y ampliar la oferta de educación superior, no con el objetivo de asegurar la prestación existente del servicio educativo que se vio interrumpida por el conflicto.
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