Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un nuevo informe de la Contraloría General de la República advierte que la educación superior pública atraviesa una "desfinanciación estructural que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de la mayoría de las universidades públicas del país".
Así concluye el ente de control en su estudio sectorial “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)”, en el que se estudió la situación presupuestal, operativa y financiera de 34 universidades públicas en el país.
Lo invitamos a leer: Salario mínimo y matrículas en colegios: lo que debe saber de este debate.
🚨En nuestro estudio “Sostenibilidad Financiera de las Universidades Públicas Colombianas (2019-2024)” advertimos que la educación superior pública enfrenta una desfinanciación estructural: solo 1️⃣ de las 3️⃣4️⃣ universidades públicas del país es financieramente autosostenible.🏫… pic.twitter.com/YgmQHjRhw6
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 26, 2026
“El análisis de solvencia financiera evidenció que el 75,8 % de las instituciones de educación superior (25 IES) registra indicadores que evidencian una adecuada capacidad para respaldar sus obligaciones financieras. No obstante, el 24,2 % (8 IES) presenta niveles de solvencia que dan cuenta de una menor capacidad de cobertura de sus obligaciones y, en algunos casos, márgenes de maniobra financiera limitados", precisó la Contraloría, a través de un comunicado. “En términos de endeudamiento, el 24,2% de las universidades mantiene niveles inferiores al 10%, lo que indica una gestión prudente del apalancamiento financiero“.
Con estos factores, la Contraloría concluye que solo 1 de las 34 universidades públicas es financieramente autosostenible. Otro dato que revela el informe sobre la situación financiera de las universidades tiene que ver con los pasivos pensionales (las deudas por este concepto a sus trabajadores), que para 2024 alcanzan los $10,3 billones. La Contraloría aclara que esta cifra podría ser superior, pues varias universidades no han actualizado sus cálculos en torno a este pasivo.
Para llegar a estas cifras, funcionarios del ente de control solicitaron y analizaron los ingresos, gastos, estructura de costos, niveles de inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento de las universidades, con el objetivo de identificar riesgos financieros, brechas estructurales y oportunidades de fortalecimiento institucional.
En esta línea, se identificó una alta concentración de los recursos públicos en un reducido grupo de instituciones con mayor cobertura académica y de matrícula. “En particular, las universidades Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia (UdeA) y la del Valle (Univalle), que concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los ingresos del orden territorial”, informó la Contraloría.
De acuerdo con el ente de control, esta situación genera una “asimetría regional” que se ve reflejada en los ingresos por estudiantes en las diferentes IES: estas oscilan entre $11.426.139 en la UNAL y $525.777 en la UNAD, frente a un promedio nacional de $4.512.090, en el periodo 2019 a 2024.
“De manera complementaria, la consulta atendida por las 31 universidades públicas refuerza los hallazgos cuantitativos, destacando problemas recurrentes como la insuficiencia de los aportes estatales, el aumento de los gastos de personal, la presión del pasivo pensional y las limitaciones para aumentar los ingresos propios", indica el ente de control.
Las dudas de la Contraloría frente a la reforma a las IES
A finales de 2025, con 116 votos a favor y ninguno en contra, fue aprobada en el Congreso la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que busca modificar la “fórmula” que se emplea para determinar el monto que año a año les debe destinar el Estado a las universidades públicas del país. De acuerdo con el Ministerio de Educación, estos cambios tendrán un costo de $22,1 billones para el periodo 2027-2040.
Sin embargo, de acuerdo con la Contraloría, “estima un impacto de $27,8 billones para 2027-2036, al incorporar el costo total de mantener la base de $0,7 billones destinada a las Instituciones Técnicas. Si bien el órgano de control reconoce y exalta que el proyecto avanza en la dirección correcta hacia la gratuidad, resulta fundamental que cualquier incremento esté respaldado por fuentes de financiamiento claras, suficientes, verificables y sostenibles en largo plazo”, sostiene.
👩🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚
