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El rector de la Universidad del Atlántico, Leyton Barrios, interpuso una acción de tutela contra del Ministerio de Educación, al considerar que la decisión de la cartera de ordenar su reemplazo del cargo habría vulnerado algunos de sus derechos fundamentales, como el trabajo o el mínimo vital.
En el documento de 12 páginas, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla señaló que, si bien asumirá el conocimiento de la tutela, negó la medida provisional solicitada por Barrios, con la que buscaba suspender de manera inmediata la resolución del Mineducación mientras se adopta una decisión de fondo en este caso.
La tutela fue interpuesta por Barrios luego de que, el pasado 13 de diciembre, el Ministerio de Educación, mediante dicha resolución, ordenara reemplazarlo como rector, en el marco de la vigilancia especial que tiene la institución. El término de esta medida podría ser de hasta un año y ser prorrogada por una sola vez.
Según Barrios, la resolución afectaba sus derechos fundamentales al trabajo y al mínimo vital, y generaba un perjuicio irremediable para su núcleo familiar, debido a la pérdida de ingresos en un momento cercano al inicio del calendario escolar. Además, sostuvo que esta decisión podría afectar la ceremonia de grados de más de 1.200 estudiantes, programada para el 19 de diciembre.
El juzgado dijo que en un término de 10 días hábiles adoptará una decisión dentro de esta acción de tutela y que, a más tardar el 21 de enero de 2026, se emitirá un pronunciamiento de fondo. Asimismo, ordenó vincular al proceso, en calidad de terceros con interés legítimo, al departamento del Atlántico, al Consejo Superior Universitario (CSU) de la institución y a la Procuraduría General.
De acuerdo con el tribunal, no se acreditaron los requisitos legales para conceder una medida provisional en el marco de una acción de tutela. Recordó que este tipo de decisiones solo proceden cuando se demuestra de manera clara “la existencia de un perjuicio irremediable, urgente e inminente, condiciones” que, a su juicio, no se cumplieron en este caso.
Entre las razones que explicó están que Barrios no aportó copia del acto administrativo que ordenaba su suspensión, lo que impidió verificar el contenido, los fundamentos y el alcance de la decisión. Incluso, añadió, no pudo localizar este documento en la página web de la cartera.
Sobre la afectación al mínimo vital, alegada por Barrios, el juzgado consideró que, si bien se acreditó la conformación del núcleo familiar y la existencia de dos hijos menores de edad, no se demostró que careciera de otras fuentes de ingreso, ni que la madre estuviera imposibilitada para contribuir a su sostenimiento. También descartó el argumento relacionado con la posible afectación de las ceremonias de grado, al tratarse de derechos de terceros.
El Ministerio de Educación decretó vigilancia especial a la Universidad del Atlántico en noviembre pasado, tras advertir “graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso de elección de rector”. El objetivo de la medida, dijo en ese entonces, era asegurar que la universidad avance en “un ambiente de transparencia, evitando cualquier vulneración al debido proceso y a la integridad institucional”.
Hasta el momento, no se conoce quién entraría a ocupar el cargo de rector. “El nombre del rector reemplazante será comunicado a la institución mediante acto administrativo posterior”, explicó la cartera en la resolución y aclaró que “podrá adoptar posteriormente nuevas medidas dentro de las establecidas legalmente, o dar por terminada esta medida”.
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