Hace unos días, a la oficina del rector de la Universidad Nacional, Leopoldo Múnera, llegó el documento que contiene los resultados de una auditoria financiera adelantada por la Contraloría General de la República para la vigencia de 2024 y realizada durante el primer semestre de este año.
Tras analizar el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, las notas a los estados financieros y la información presupuestal para la vigencia de 2024, la Contraloría determinó 12 hallazgos administrativos. De estos, ocho tienen presunta incidencia disciplinaria, uno se consideró como beneficio de auditoría y seis tienen una presunta incidencia fiscal por $374 millones (y no de $374.000 como han informado algunos medios de comunicación y en redes sociales).
Alrededor del 80 % del total de los hallazgos fiscales ($302 millones) corresponden al reconocimiento que hizo la Universidad Nacional de haber incumplido parcialmente un contrato suscrito con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Facultad de Ingeniería.
Dicho contrato tenía por objeto “elaborar los estudios, planos y diseños técnicos para tramitar y obtener la aprobación de los permisos y licencias de patrimonio cultural, construcción y servicios públicos, a efecto de realizar las intervenciones requeridas para cada una de las sedes del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio”, además de estructurar los procesos de contratación para las intervenciones.
Los otros tres hallazgos fiscales más considerables (de 24.4, 22.9 y 17 millones de pesos, respectivamente) tienen que ver con obras adelantadas en infraestructura de la universidad. El primero, por ejemplo, fue en el marco de varios contratos con OBREVAL S.A. para construir la primera etapa de edificios de aulas, laboratorios y zonas de bienestar de la Sede de la Paz. En estos, la Contraloría identificó pagos por obras no ejecutadas y trabajos con deterioro prematuro que generaron un presunto detrimento patrimonial por $24.424.781 pesos.
El segundo, tiene que ver con las obras de mantenimiento del Edificio Yu Takeucho, en la sede de Bogotá. Para esto, la institución firmó un contrato por más de $642 millones de pesos y en febrero de 2021 recibió las obras. Sin embargo, funcionarios del órgano de control fiscal realizaron una visita técnica y evidenciaron un deterioro prematuro “atribuible a la falta de atención del contratista a los requerimientos formulados por la supervisión”. Esto, sumado a una ineficiente gestión de la universidad para hacer efectivas unas pólizas contractuales, ocasionaron un presunto detrimento de $22.985.039.
Finalmente, la Contraloría determinó un presunto detrimento patrimonial de $17.081.357 en el marco de un contrato con URBANISCON S.A.S., que estaba encargada del reforzamiento estructural, la restauración arquitectónica y la actualización de redes del edificio 201, que es la sede de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales en la sede de la capital del país. En consideración del ente de control, se identificaron pagos por obras no ejecutadas o de baja calidad, lo que “constituye un incumplimiento de los principios que rigen la función administrativa y evidencia debilidades en la supervisión del contrato de obra”.
Según Andrey Rodríguez León, Contralor Delegado para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, y responsable de la auditoría, la Universidad Nacional tiene 15 días hábiles para elaborar un plan de mejoramiento dirigido a subsanar los hallazgos realizados por el órgano de control fiscal.
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