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Este jueves 3 de julio, la Contraloría General de la República dio a conocer los hallazgos de una auditoría financiera adelantada durante el primer semestre de este año, y correspondiente a la vigencia de 2024, en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), la entidad que, entre otras, está implementando el sistema de salud desde mayo del año pasado.
En concreto, la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, adelantó la auditoría sobre la gestión fiscal en lo referente a pago de pensiones, cesantías y prestación de servicios médicos asistenciales a los docentes y sus beneficiaros.
Producto de la investigación, la Contraloría determinó 21 hallazgos, de los cuales 20 tienen presunta connotación disciplinaria, tres tienen presunta incidencia penal y uno incidencia para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Otros siete tienen incidencia fiscal por $81.593 millones.
Poco más de la mitad del total del hallazgo fiscal, unos $48.100 millones, se identificaron en pagos de sanciones moratorias, “contraviniendo lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 en relación con la destinación específica de los recursos del Fondo”, advirtió el ente de control. En este caso, por la indebida destinación de los recursos, existe la presunta connotación penal que deberá ser investigada por la Fiscalía General de la Nación.
Otro de los principales hallazgos fiscales está relacionado con la ineficiente gestión del cobro de cartera, ya que la incidencia fiscal de este rondaría los $23.800 millones.
El resto de los hallazgos fiscales, tienen que ver con “inconsistencias en la adecuada depuración de obligaciones prescritas, la provisión de procesos judiciales contra el Fondo, el registro de mesadas pagadas con posterioridad al fallecimiento de los destinatarios, la falta de registro de provisiones de facturas de salud pendientes de auditoría con reserva presupuestal“, agregó el ente de control en un comunicado.
“Al igual que en vigencias anteriores, se determinó la presunta corresponsabilidad entre Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del FOMAG, así como de las entidades territoriales, por lo que se reitera el llamado para que se desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, para evitar pagos por sanción moratoria e intereses moratorios, los cuales lesionan el patrimonio público de todos los colombianos”, apuntó la Contraloría.
Sobre la Fiduprevisora, el órgano de control fiscal señaló que esta suscribió 10 contratos de transacción en medio de controversias con operadores de salud, entre 2023 y 2024, que ascendieron a casi $1.2 billones, sin evidencia de que hubiera aprobación por parte del Consejo Directivo.
Los hallazgos y advertencias sobre el sistema de salud de los maestros
Desde el 1.º de mayo de 2024, el Fomag comenzó a operar el nuevo modelo de salud de los maestros. Sin embargo, como hemos contado, existen múltiples inconformidades por parte de los maestros y sus beneficiarios. La Contraloría, en su reciente auditoría financiera, encontró varios hallazgos con presunta connotación disciplinaria en relación con la implementación y ejecución del nuevo modelo de salud durante 2024, aunque no especificó la cantidad de estos.
De los nueve hallazgos que resalta el ente de control, destaca, por ejemplo, que a un contrato con la Unión Temporal Riesgos Laborales, cuyo valor inicial fue de poco más de $4 billones, se le realizó una adición equivalente al 127,6 % (por $5.1 billones), porcentaje que sería superior al límite del 50 % para las adiciones, según el Manual de Contratación vigente para la fecha.
Para la Contraloría, también podría haber un “alto grado de improvisación en la contratación de servicios médicos”. Muestra de esto es otro contrato en el que se evidenciaron “múltiples falencias en la determinación de la población a atender y del valor”. Inicialmente, el contrato se suscribió por poco más de $31.000 millones, pero luego se modificó por más de $776.000 millones.
En otros 52 contratos, por cerca de $648.000 millones “no se suscribieron actas de inicio”, mientras que en otros seis contratos de prestación de servicios de salud, por casi $168.000 millones “no se constituyeron las garantías contractualmente pactadas o su constitución no fue oportuna”. Esto, a los ojos del órgano de control fiscal, podría encuadrarse en el tipo penal de ‘Contrato sin cumplimiento de requisitos legales’, por lo cual se realizará el traslado a la Fiscalía General de la Nación.
Finalmente, la Contraloría también advirtió que “en desarrollo de esta auditoría se recibieron hechos noticiosos, por la presunta conformación indebida de grupos empresariales para el favorecimiento de algunas IPS, así como la presunta constitución de sociedades ficticias y la destinación de recursos a sociedades radicadas fuera del país con fines de presunto ocultamiento de recursos y enriquecimiento ilícito. Igualmente, se han denunciado presuntos casos de interés indebido en la celebración de contratos de transacción“.
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