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José Ismael Peña está convencido de que el próximo miércoles, 26 de noviembre, puede asumir como rector de la Universidad Nacional de Colombia. Desde una oficina en el nororiente de Bogotá, está seguro de que la sentencia que expidió el jueves el Consejo de Estado ya le fue notificada a las partes involucradas y, por tanto, “en 72 horas debería quedar en firme”. Escribe en su computador, contesta llamadas, está alegre y, dice, medio en serio, medio en broma, que ya lo pueden llamar rector.
No muy lejos de esa oficina, a unas cincuenta cuadras al norte de la ciudad, Leopoldo Múnera está tranquilo y resignado. Está en su casa, atiborrada de libros y plantas. Acaba de colgar con los periodistas de una emisora de radio y tiene claro que no hay más camino que apartarse del cargo de la rectoría. Había sido designado para estar al frente de la U. Nacional en junio de 2024, luego de meses de tensiones y discusiones sobre cómo el Consejo Superior Universitario —ese órgano encargado de la elección de rector— había elegido a Peña. El proceso aún le deja un sabor amargo que no esconde.
“El análisis que hace el Consejo de Estado [en la sentencia conocida el pasado jueves] de lo que fue el método Borda para el nombramiento del profesor Peña, es un análisis muy superficial. No se da cuenta de que el método Borda no está diseñado para construir mayorías absolutas, sino que está diseñado para ir eliminando candidatos. Es un método que es fácilmente manipulable, es susceptible de una manipulación estratégica”, señala.
Pero cree que Peña se equivoca en su apreciación sobre lo que sucederá en los próximos días. Dice que para que haya un nuevo rector, el Consejo Superior Universitario (CSU) debe convocar una sesión extraordinaria y resolver qué sucederá: hasta ese momento, insiste, “sabremos si José Ismael Peña retoma el cargo o si se vuelve a convocar este proceso de elecciones”. Para Múnera, la cosa no está tan fácil porque no hay un fallo de “restablecimiento del derecho de Peña”.
(Lea De Peña a Múnera: así ha sido la pelea por la rectoría de la Universidad Nacional)
No es el único con esa posición. Rodrigo Uprimny, abogado y catedrático emérito de U. Nacional, tiene una similar. Según escribió en su última columna en El Espectador, en sus sentencias (la de septiembre y la de noviembre) el Consejo de Estado se ha limitado a definir si una elección es válida o no, pero no puede ordenar un restablecimiento en el cargo, si no “se presenta una demanda de ‘nulidad y restablecimiento’, lo que Peña no hizo”.
Para Uprimny, el CSU no “no tiene una facultad de restablecimiento de un rector” y, por tanto, debería declarar la vacancia de la rectoría, nombrar a alguien encargado e iniciar “un nuevo proceso de elección de rector con plenas garantías para todo el mundo”. Eso, además, dice, “reduciría las divisiones en la UNAL”.
“No necesito el aval del CSU. Yo fui bien nombrado y bien posesionado. El Ministerio de Educación debe entregarme la representación legal”, responde Peña, al tiempo que cita el documento que la Procuraduría le envió el viernes a la secretaria general de la U. Nacional y al ministro de Educación, Daniel Rojas.
En él les advierte sobre el inicio de una actuación preventiva y les recuerda que “cualquier intento de reabrir o modificar decisiones electorales internas, por vía administrativa, configura un desbordamiento competencial y un riesgo para la autonomía universitaria”. También le pide a la universidad y al CSU que le explique cómo va a cumplir el fallo del Consejo de Estado de manera integral y cómo garantizará no exceder “su competencia en futuros procesos electorales”. Les pide responder en los próximos 5 días (hábiles).
Por supuesto, hay opiniones que coinciden con la postura de Peña. Para Andrés Gutiérrez, profesor del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado, las decisiones que ha tomado la Sala Quinta del Consejo de Estado permiten resolver la principal duda con claridad: como ese mismo alto tribunal dijo a inicios de septiembre que la elección de Peña había sido legal y ahora declaró ilegal la designación de Múnera, “la persona llamada a ocupar el cargo es José Ismael Peña”.
Lo cierto es que, por el momento, el Ministerio de Educación —como se lo confirmó a este diario— no tiene una fecha definida para convocar al CSU. En sus manos está esa tarea, a menos de que cuatro de sus integrantes lo soliciten. Ellos, por su parte, indica Diego Torres, representante de los profesores ante ese órgano, tampoco han recibido, hasta el cierre de esta edición, una citación formal. Incluso, ya la Secretaría General de la Universidad Nacional le pidió al Mineducación que convoque la sesión “a la mayor brevedad”.
Mientras el ministro Daniel Rojas (o su designado) toman esa decisión, en lo que coinciden Múnera y Peña es en que hay que continuar con el semestre académico y evitar cualquier asomo de violencia. Ambos han pedido que haya deliberación sobre la decisión y que se escuchen todas las opiniones. Para el primero, en el fondo, lo que hay que dar es un “debate tranquilo, con argumentos para entender lo que sucede en la universidad y tener conciencia de que el verdadero responsable de todo esto es un sistema de gobierno de las universidades públicas que es totalmente deficiente”. Por eso, recuerda, es que hay una propuesta en marcha: la Asamblea Constituyente Universitaria.
De hecho, solo un par de días antes de que el Consejo de Estado publicara la sentencia, se instaló la Mesa Constituyente Universitaria, conformada por 228 representantes. Entre otras cosas, discutirán propuestas para transformar el gobierno universitario y la elección de autoridades académicas. Múnera estuvo allí, en el auditorio León de Greiff, y aplaudió lo que llamó un “proceso de reflexión colectiva y democratización del gobierno y de la vida universitaria”.
Esa misma Mesa Constituyente expidió un comunicado en el que reprochó el fallo del alto tribunal, pues consideran que “viola la autonomía universitaria”. También le solicitaron al CSU que convoque una sesión extraordinaria para “que se nombre a un(a) rector(a) encargado(a)”, mientras convoca un nuevo proceso de elección.
Peña sabe que hay voces que no reciben con agrado esa decisión. Está dispuesto —si finalmente se posesiona— a escuchar sus reparos y a hablar con ellos para “construir un futuro de la Universidad Nacional”. No tiene problema en que haya manifestaciones, “siempre y cuando lo hagan en el marco de la racionalidad y del espíritu académico y en el marco del espíritu de la ley”.
Lo que no le suena mucho es, precisamente, la Asamblea Constituyente, porque cree que la participación no fue tan amplia. Si en sus manos queda el rumbo de la U. Nacional, quiere evaluar la posibilidad de hacer una consulta o una votación para que “sea la comunidad la que diga si ese proyecto de constituyente debe seguir o cuáles son los temas que tenemos que discutir”.
A su parecer, hay asuntos más urgentes que definir si se establecen nuevos mecanismos para elegir rector. En todo caso, dice, “toda regla de juego puede ser cambiada, pero no cuando se está jugando el partido”.
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