El sector editorial y un debate más allá del papel

Mientras que durante el pasado 23 de abril se celebró el Día del Libro en la Filbo, el mismo día se radicó el proyecto de ley 427, “por medio del cual se fortalece el ecosistema del libro en Colombia y se dictan otras disposiciones”. El texto presentó como objeto “propiciar el desarrollo armónico normativo e institucional en los niveles nacional, distrital, departamental y municipal para fortalecer el ecosistema del libro en Colombia, mejorar los hábitos de lectura, escritura, oralidad, librerías y bibliotecas, los contextos tecnológicos complementarios de la actividad e incentivar la cultura del libro y sus festivales regionales”. Aunque ya pasó por un primer debate, el proyecto de ley no fue bien recibido por el sector editorial.

En un comunicado de prensa emitido el 13 de junio, Felipe González, presidente director de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente (CCEI); Ana María Aragón, presidenta de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes (ACLI); Carolina Rey Gallego, presidenta de la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ), y Marco Giraldo Barreto, presidente ejecutivo de la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia (ASEUC), expusieron sus razones para pedir que se archivara este proyecto, que fue debatido el pasado 11 de junio en la Comisión Sexta de la Cámara.

Entre los puntos que expusieron en el comunicado resaltaron la sensación de que sus aportes a la discusión no fueron escuchados. Afirmaron que “no se expresó la complejidad del sector ni se tuvieron en cuenta las necesidades de todos sus actores. Participaremos en los debates y audiencias públicas cuantas veces sean necesarias, pero nuestra recomendación sigue siendo archivar el proyecto porque no vemos en él una base fértil ni apropiada para la discusión”.

Felipe González, también director editorial de Laguna Libros, aseguró en entrevista para El Espectador que supo de este proyecto una semana antes de una reunión a la que fue citado en febrero como representante de la Cámara Colombiana de la Edición Independiente, para que los autores del proyecto expusieran las intenciones de la ley que “impulsaría a diferentes actores del sector editorial”. Sin embargo, el borrador, según González, fue conocido solo hasta su radicación en abril.

“Sabemos que aún faltan tres debates y que antes de eso debería haber unas audiencias públicas y comités técnicos en los que estamos muy emocionados de participar. Nos parece importante llamar la atención de la opinión pública sobre este tema, para que no se vaya a aprobar cualquier cosa: nos parece que se han tratado de una forma muy ligera unos temas que afectan a un sector frágil y complejo”, afirmó.

En el comunicado no fueron mencionados puntualmente los aspectos frente a los cuales algunos actores del sector editorial tienen sus reservas. “Creemos que requieren una discusión muy amplia y resumirlos en dos líneas podría dar el mensaje equivocado”, dijo González. Una de las manzanas de la discordia fueron las definiciones presentadas en el artículo dos. Además de estas, González citó el concepto de “precio justo”, el cual fue modificado por “precio único” para el primer debate, como uno de los puntos de preocupación.

Para las asociaciones firmantes del comunicado, esto es problemático: de acuerdo con el editor, se insinúa que editoriales y librerías ponen “precios injustos” a sus productos. “Uno puede decir que en Colombia los precios de los libros son caros en comparación con los salarios, pero decir que las librerías y editoriales ponen un ‘precio injusto’ es arrojar una sombra innecesaria sobre una industria como la nuestra. Es un obstáculo adicional y no es que nos opongamos a que haya un precio justo, creemos que ya lo es. Nos preocupa que haya una legislación que ponga más dificultades”.

“El precio único de los libros es la norma mediante la cual se establece que un libro tenga el mismo precio de venta al público en cualquier parte del territorio nacional. Quien fija libremente el precio es el editor o importador de libros destinados a este mercado, el cual regirá como precio único por un período determinado, en todas las operaciones de comercio al por menor del libro en el país”, es lo que se lee en la definición del concepto en el proyecto de ley 427.

Por su parte, Ana María Aragón, presidenta de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes, aseguró que esa propuesta del “precio único” afectaría a las librerías independientes, pues mientras se regula el precio de venta para editoriales, importadores y librerías, esto no pasaría con las plataformas de venta e-commerce y los descuentos que pueden llegar a ofrecer. Su propuesta es que, como en Francia o España, se legisle un máximo de descuento que, para Aragón, debería estar entre el 5 y 10 %.

Adicionalmente, González también se refirió a la propuesta de las “bibliotecas familiares”, albergada en el artículo 7 del proyecto de Ley. “Créase la Biblioteca familiar que será entregada en todo el territorio nacional y contará con un mínimo de 7 títulos seleccionados”, se lee en el texto. La propuesta, en papel, suena bien para las asociaciones, por lo que implicaría en términos de promoción de lectura. Sin embargo, “nos preocupa el planteamiento de esta iniciativa porque el proyecto es para el fortalecimiento del ecosistema, pero por cómo está propuesto se encontraría al margen de las librerías, editoriales y bibliotecas. Nos preocupa que, quedando en una ley, termine quitándole recursos a las bibliotecas y compras de libros de actualización para ellas. No nos oponemos a que haya libros en los hogares, al contrario, pero creemos que esta propuesta podría estar desarrollada desde otro ángulo”, aseguró. Parte de sus preocupaciones tienen que ver con el hecho de que no exista la diversidad en esos 7 libros, que serían los mismos para todos los hogares y serían elegidos bajo una serie de criterios, lo que “obligaría al Estado a ser un editor y además podría volverse inmanejable”.

Aunque este proyecto de Ley está planteado como una herramienta para fortalecer el ecosistema editorial, tanto González como Aragón concuerdan en que no cumple su objetivo. Él cree que, de convertirse en Ley, esto debilitaría el sector, mientras que ella considera que este proyecto no aporta nada nuevo, “sino más de lo mismo”. “Mientras no veamos un borrador que responda a las necesidades del sector, seguiremos haciendo presión para que cambie o se archive. No vemos una ruta clara, creo que desvía las discusiones importantes”, dijo González.

La sensación de la presidenta de la ACLI es que “hay que conversar y armar una mejor propuesta que vaya también de la mano de la reforma a la ley de cultura que está tratando de pasar el Ministerio de Cultura. Es un proyecto para incentivar y promover todos los sectores culturales del país, todas las artes: el teatro, la música, la edición, el cine... Con ellos hemos tenido conversaciones, hemos participado, hemos hecho correcciones puntuales también al texto. Creo que son dos proyectos que están chocando, y lo que tendrían que hacer es entrar a conversar”.