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En días pasados, intenté comprar una entrada para un evento de estadio que se agotó en minutos. Lo hice con la intención de entender a una amiga que, desde semanas atrás, había acudido a mí como experta en espectáculos para pedirme una fórmula que asegurara su compra y no perderse de este concierto, que es uno de sus “grandes sueños”.
Me preparé: revisé la página del evento y sus condiciones, programé alarma para iniciar la compra a la hora exacta y dejé la sesión iniciada desde la noche anterior. Llegado el momento, con la mirada fija en el computador y el segundero marcando la cuenta regresiva, esperé el cambio exacto. Se abrió la sala para que empezara la compra, sin embargo, la preparación no sirvió, había más de 78 mil personas antes, todos enfilados digitalmente para comprar menos de 5 mil entradas, el remanente para la venta general. La resultante: no logré siquiera iniciar la compra.
Más adelante, esta misma amiga me comentó que un conocido de un amigo le había sugerido comprar la entrada en reventa mediante algún número de WhatsApp. Allí le pidieron más de 4 veces el valor real de la boleta, con la condición de transferir cuanto antes el 60% para la reserva. Luego de recibir la primera transferencia, sin fundamento alguno para concretar la transacción, de manera unilateral y abusiva decidieron aumentarle el precio que inicialmente le habían informado.
Advertí entonces que lo más probable era que estuviera frente una estafa y que al no tener identificado quién le está vendiendo no habría herramientas jurídicas para recuperar el dinero o lograr el cumplimiento de lo acordado.
Todos los que trabajamos en el sector deberíamos enfrentarnos con más frecuencia a este tipo de experiencias. Vivir la frustración de estar del otro lado del computador, donde la preparación no siempre garantiza el resultado.
Recordé también la sensación de haber trabajado durante meses en la dirección legal de una tiquetera, donde pese al esfuerzo, al final debíamos enfrentar decenas de comunicaciones de personas que no lograron comprar o fueron objeto de estafas, para luego remitirlas a instancias judiciales que rara vez ofrecen una solución efectiva.
Desde hace unos buenos años, se ha intentado reformular este método de venta sin lograr soluciones de fondo. Eso sí, las plataformas son cada vez más robustas: permiten la trazabilidad en el orden de solicitud o ingreso y han fortalecido la seguridad de la boletería, los medios de pago y la protección de datos personales.
Detrás de una salida a venta hay un trabajo coordinado en el que intervienen, al menos, cuatro grandes actores. Los artistas, que junto con sus agencias y representantes estructuran las giras; los promotores, que bajo el liderazgo de sus project managers diseñan, presupuestan y operan estos grandes eventos; las tiqueteras, que aportan la infraestructura tecnológica para la venta, la emisión de boletería, el recaudo, la facturación y la atención al consumidor; y, finalmente, los administradores de los escenarios, que garantizan las condiciones de aforo y seguridad para la realización del espectáculo.
Entonces, si existe este trabajo previo conjunto para la salida a venta ¿por qué se siguen presentando tantos casos en los que se defrauda y se frustra el ímpetu de quien legítima y genuinamente quiere disfrutar de la música en vivo?
Esta industria, aún en construcción, se mueve en una tensión evidente: la escasez y la compra ansiosa pueden generar resultados comerciales, mientras que lo sostenible es cuidar al cliente y garantizar una experiencia adecuada desde el momento mismo del anuncio. En ese sentido, el reto está en corresponderles con eficiencia y cumplimiento en las condiciones de venta, conforme a lo exigido por la normativa.
Colombia le lleva ventaja a otras legislaciones. Ha logrado un escenario regulatorio diseñado especialmente para esta industria pero aún cuenta con importantes desafíos. De hecho, la reventa no es, en sí misma, el problema. Cumple una función legítima dentro del mercado al permitir la redistribución de entradas y optimizar su uso.
El reto surge cuando se genera desde la informalidad y en estructuras sin control ni ley, donde se diluyen las garantías para el consumidor y se abren espacios para prácticas abusivas o incluso fraudulentas. No se trata de prohibirla, es cuestión de en encauzarla dentro de mecanismos formales que ofrezcan trazabilidad, transparencia y responsabilidad frente a quien compra.
La mayor seguridad con la que hoy cuenta un asistente a espectáculos es comprar mediante empresas formales y legalmente constituidas, que tengan interés en cumplir la normativa, deban responder ante las autoridades y, en caso de denuncias o demandas, puedan ser investigadas y sancionadas.
De este escenario regulatorio nacional hay un aspecto que vale destacar y resaltar. Se trata de una fortaleza en la protección del consumidor, que reduce la brecha de desigualdad y otorga seguridad a quienes compran a través de estas empresas formales: nuestra legislación no cuenta con la posibilidad de cambios dinámicos por demanda en los precios previamente informados.
No está permitido que los precios anunciados cambien sin previo aviso, menos una vez iniciada la compra, como pasa en otras jurisdicciones y ha resultado tremendamente conflictivo. Por supuesto, el respeto a esta prohibición se da principalmente en entornos formales y de cumplimiento.
De acuerdo con la reglamentación de la Ley del Espectáculo, el Estatuto del Consumidor y la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, la información de venta para los espectáculos debe estar previamente registrada en el Portal Único de la Ley del Espectáculo Público (Pulep) y debe ser clara, veraz y suficientemente informada al consumidor.
Sin duda, este es uno de los mayores aciertos de nuestra regulación, en tanto limita prácticas que podrían aprovecharse de la “ansiedad” propia de la alta demanda que precede la salida a venta de grandes espectáculos.
Así un concierto se esté vendiendo como antes se vendía el pan caliente, ni el promotor ni la tiquetera pueden modificar de manera unilateral y arbitraria los precios, deben respetar lo anunciado al consumidor en términos de oferta, precio y disponibilidad.
La experiencia de compra no puede ser el eslabón débil de una industria que ha demostrado su capacidad para crecer y consolidarse como motor económico y cultural. Lo que hoy se discute arduamente en otros mercados, como el de Estados Unidos, es una señal suficiente de que este no es un asunto menor, sino un punto crítico para la sostenibilidad del sector.
