La salida de Antonio Suárez reabre preguntas sobre la financiación de la Orquesta Sinfónica

Si el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes destina parte de su presupuesto al funcionamiento de la Orquesta Sinfónica Nacional, su salud financiera y su operación deberían ser de interés público. Se trata de recursos estatales y de una institución que, en los últimos años, ha crecido de manera evidente: más giras, más artistas y mayor reconocimiento internacional. Ese crecimiento, sin embargo, exige también más recursos, mayor control y mejores mecanismos de orden administrativo. Y es precisamente ahí donde aparecen las tensiones.

El pasado 7 de enero, Antonio Suárez anunció a través de su cuenta de X que trabajaría como gerente de la Asociación Nacional de las Artes (ANA) hasta el 12 de febrero de 2026. No explicó las razones de su salida. En su mensaje agradeció al Gobierno, en particular al presidente Gustavo Petro y a la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani Fonrodona, así como al exministro Juan David Correa, a quien reconoció por haberle dado la oportunidad de asumir la dirección de la entidad.

La Asociación Nacional de las Artes es una organización que, por estatutos, tiene como eje de operación el mundo sinfónico y la Orquesta Sinfónica Nacional. Suárez llegó a la dirección ejecutiva en febrero de 2023 y, además de la Orquesta, asumió responsabilidades sobre la Banda Nacional, el Coro Nacional y la implementación de los proyectos del programa Artes para la Paz del Ministerio. Según explicó en distintas ocasiones, su cargo implicaba liderar y supervisar lo comercial, la visibilidad, el impacto y el sistema sinfónico que se articula alrededor de la Orquesta.

En diciembre de 2025, el periodista Iván Contreras publicó un editorial en el que expuso varias inquietudes sobre la gestión de los recursos de la Asociación y el desempeño de su dirección. El texto señalaba dificultades para acceder a información y describía un proceso en el que, tras la negativa a conceder una entrevista, el periodista recurrió a derechos de petición e insistencia para obtener respuestas formales.

A raíz de ese editorial, Suárez habló para El Espectador y respondió a varios de los interrogantes planteados. Uno de los puntos centrales fue el presupuesto. En 2024, el Minculturas asignó a la Orquesta Sinfónica Nacional COP 22.000 millones. En 2025, esa cifra se redujo a COP 14.800 millones. Según Suárez, el monto del último año resultó insuficiente frente al crecimiento de la Orquesta y el aumento de los honorarios de los músicos. Los recursos alcanzaron para cubrir los sueldos de cerca de 80 personas, pero no para las prestaciones sociales, la programación ni el contrato del director artístico.

Más allá de las cifras puntuales, Suárez insistió en que el problema es estructural. La Orquesta, dijo, nació con una debilidad presupuestal profunda y ha dependido históricamente de los aportes de la nación, que han variado con los años. En el pasado reciente, esos aportes oscilaron entre los COP 6.000 y COP 10.000 millones anuales. Mientras tanto, el proyecto artístico se volvió más ambicioso.

Durante años, cuando el déficit era insostenible, la Orquesta optaba por producir conciertos más populares para vender servicios y generar ingresos. Esa estrategia permitía aliviar momentáneamente las finanzas, pero reducía la posibilidad de desarrollar una programación sinfónica consistente. La Orquesta, en palabras de Suárez, terminaba haciendo espectáculos.

En 2024, ante un nuevo escenario de déficit, se tomó la decisión de no repetir ese modelo. La apuesta fue proteger el proyecto artístico y no sacrificar la producción sinfónica para cubrir faltantes presupuestales. Según Suárez, esa coherencia ha sido clave para que la Orquesta Sinfónica Nacional sea hoy reconocida como una de las mejores de América Latina.

Ese viraje, explicó, comenzó poco antes de su llegada, y fue preservado durante su gestión. En lugar de disminuir la producción sinfónica, se impulsó una reforma estatutaria que permitió a la Asociación operar proyectos en el país y reinvertir los excedentes directamente en la Orquesta.

En cuanto a los recursos externos, Suárez fue enfático: no se trata de pedir dinero al sector privado como donación. El modelo consiste en generar acuerdos y proyectos cuyos beneficios se reinvierten en la Orquesta. Bajo ese esquema, afirmó, no ha salido a “buscar plata”, pero sí se han generado recursos propios. En 2024, la Asociación aportó COP 5.200 millones, en un presupuesto total cercano a los COP 20.000 millones. Esa cifra excede ampliamente el recaudo histórico de recursos propios de la Orquesta, que antes no superaba los COP 2.000 millones. Hoy, la Asociación cubre aproximadamente el 25 % de los gastos de funcionamiento.

Otro de los puntos más sensibles del debate fue el rol de Laura Segura, directora de proyectos de la Asociación. En el editorial de Contreras, así como en testimonios de integrantes de la organización que prefirieron no revelar su identidad, se cuestionaba su participación en giras internacionales y el uso de recursos públicos para esos desplazamientos.

Las preguntas se centraban en las funciones específicas de Segura durante las giras y en los criterios que sustentaron su contratación. Según Suárez, existe una confusión sobre lo que implica la dirección de proyectos. No se trata, dijo, de vender conciertos individuales, que pueden costar entre COP 100 y COP 120 millones, cuando el déficit supera los COP 5.000 millones. Para cubrirlo, ironizó, habría que hacer conciertos populares todas las semanas.

El rol de la dirección de proyectos, explicó, es detectar, estructurar y coordinar iniciativas de mayor alcance. Como ejemplo mencionó la Navidad de Bogotá y la Bienal de 2024, proyectos que generaron alrededor de COP 5.500 millones y que implicaron la coordinación de equipos para la Secretaría de Cultura.

Suárez también reconoció que la Orquesta no ha contado históricamente con un proyecto sólido de sostenibilidad y que la dependencia del Ministerio la deja en una situación vulnerable. Esa fragilidad, señaló, se hizo evidente en 2024, cuando los recursos públicos no llegaron en la magnitud esperada. Desde su llegada, aseguró, entendieron que el problema no podía resolverse con soluciones de corto plazo.

Los criterios para elegir a Segura, añadió, se basaron en el documento base de la administración anterior. Este cargo estaba concebido para recaudar al menos el 10 % del valor total de la Orquesta. Dado que la Asociación tiene la capacidad de generar iniciativas cuyos beneficios se reinvierten en la institución, se buscó un perfil capaz de identificar oportunidades, establecer enlaces con entidades externas y coordinar los equipos una vez los proyectos estaban en marcha.

Conforme su hoja de vida, Segura es administradora de empresas, tiene formación en gestión del talento humano y una maestría en gestión y producción cultural y audiovisual. Antes de llegar a la Asociación trabajó en la Cinemateca de Bogotá y en el Bogotá Audiovisual Market. Asumió la dirección de proyectos en enero de 2024.

Las críticas hacia su gestión, sin embargo, no se enfocaron únicamente en su perfil profesional. También se cuestionó su poca interacción con los músicos, su limitado conocimiento del mundo sinfónico y el rol que desempeñó en giras como la de Suramérica, en la que la Orquesta viajó durante un mes por Brasil y Argentina. Suárez respondió que Segura apoyó procesos de relacionamiento, traducción, comunicaciones y logística, esta última compartida con otros miembros del equipo.

El debate alrededor de la Asociación Nacional de las Artes y la Orquesta Sinfónica Nacional deja en evidencia una tensión de fondo: el crecimiento artístico y el reconocimiento internacional conviven con una estructura financiera frágil y con preguntas legítimas sobre la gestión de los recursos públicos. En ese cruce entre ambición cultural y sostenibilidad administrativa se juega, en buena medida, el futuro de una de las instituciones musicales más importantes del país.