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De todas las historias que pueden contarse, Diana Bustamante prefiere aquellas en las que el cine no es un punto y aparte en la conversación, sino la provocación: el inicio de una idea. En muchos sentidos, sus películas están relacionadas con la memoria y con un cine que se aparta de los discursos “centrales”. Ella, que no busca hacer “películas políticas”, está convencida que de que el cine va mucho más allá de ese objetivo: el cine es una forma de expresión.
Por eso, cuando recibió el guion del filme, le pareció un reto muy “seductor” que la película transcurriera únicamente dentro de un baño: el baño del Palacio de Justicia que, el 6 y el 7 de noviembre de 1985, fue testigo de la toma y la retoma por el grupo guerrillero M-19, que buscaba hacer públicos una serie de reclamos al presidente Belisario Betancur.
Entre ellos, la entrega de recursos naturales a empresas extranjeras, la política de extradición de colombianos a Estados Unidos, la ruptura de la tregua firmada con el Gobierno y las violaciones a los derechos humanos atribuidas a la administración de entonces.
Volver al horror cuarenta años después
La oficina de Burning S.A.S., la productora de cine independiente en la que Bustamante ha sido productora, editora y representante legal, ocupa una de las habitaciones de su casa. “Mi rol aquí es, como ahora lo llaman, productora creativa. Y lo que hacemos los productores, las productoras —en mi caso— es acompañar procesos creativos largos”.
Bustamante conocía a Tomás Corredor —director de esta ópera prima— desde la universidad, aunque no habían estudiado juntos. “Me dijo ‘pues, bueno, tengo este primer borrador, ¿qué te parece?’ y a mí me pareció una aproximación muy interesante. ¿Cómo nos podíamos imaginar eso?”.
Trabajaron casi cinco años en el guion: dándole vueltas, organizando y desorganizando, buscando cómo funcionaban los papeles y quién podría ser el fotógrafo o la fotógrafa capaz de darle una perspectiva visual diferente.
Según la productora, “el cine es un acto colectivo por definición. No porque haya un actor, una cámara o un director, sino porque es la nutrición de muchas ideas, de muchas personas, la que finalmente queda plasmada en esa imagen”.
Bustamante recuerda las imágenes del Palacio de Justicia que tuvo que ver mientras crecía, pero siempre desde afuera: el edificio en llamas, los tanques entrando, los documentales que se hicieron después. “Uno tenía un montón de ideas de lo que pasó ese día, pero, por ejemplo, esa de que realmente hubo un grupo de personas encerradas todo ese tiempo en el baño... Dios mío, la locura claustrofóbica”.
Fue eso lo que quisieron recrear desde la ficción: el horror, no por el edificio que se quemó, sino por las personas que estaban dentro. Los seres humanos que vivieron una guerra a cuatro paredes.
En 2025 se cumplen cuarenta años de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, y Noviembre, la película de Tomás Corredor, volvió sobre ese episodio: “estábamos tratando de abrir una conversación. Luego aparece una intención que nos judicializa y que, de una u otra manera, busca silenciar esa otra posibilidad de hablar del Palacio de Justicia desde una ficción que intenta darle una arista diferente”, explica la productora.
Las películas de ficción tienen su propio margen de creación, incluso cuando se inspiran en hechos históricos. Noviembre, según el equipo detrás del filme, pertenece a ese territorio: una obra de ficción que no busca establecer verdades judiciales ni hacer imputaciones reales. Las líneas de diálogo y los personajes surgen de la necesidad dramática del guion, pero alrededor de hechos públicamente conocidos —incluyendo algunos nombres que, según relatan, fueron puestos en aviso— y no de testimonios ni citas literales.
Es el caso del magistrado Manuel Gaona Cruz, que fue director del Departamento de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, secretario general de la Procuraduría, rector de la Universidad Distrital, viceministro y ministro encargado de Justicia para la época. A los 37 años integró la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. A los 42 murió ese 7 de noviembre de 1985.
El 22 de octubre, durante una entrevista para Caracol Radio, su hijo, el abogado Mauricio Gaona, afirmó que su crimen “es uno de los más convenientes de la Toma del Palacio de Justicia. Es la víctima más conocida del M-19, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para sacarlo de ese contexto. Y es también el crimen más probado, contrario a los rumores que han tratado de negarlo”.
Añadió que “se quiso esperar, incluso como familia, a que concluyeran todas las investigaciones, por respeto a las demás víctimas y a la verdad. Sin embargo, al observar la manipulación política, judicial y económica del caso, decidieron poner todo en conjunto”.
Por eso, hace aproximadamente ocho años, con la colaboración de expertos y un trabajo dedicado, comenzaron a reconstruir la historia de Manuel Gaona Cruz y a documentar lo que “realmente le ocurrió” en una página web de archivo.
La disputa legal por la representación
En septiembre, Noviembre tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. La película reconstruye desde la ficción las 27 horas que un grupo de personas —guerrilleros y civiles— permaneció encerrado en un baño durante la toma del Palacio de Justicia. Poco después del estreno, la familia del magistrado presentó una acción de tutela contra Burning S.A.S. y otras coproductoras, alegando vulneración de derechos fundamentales como la honra, el buen nombre, la intimidad familiar y la memoria, entre otros.
Según la tutela, el filme se promocionó como “basado en hechos reales” y en su desarrollo se utiliza el nombre completo del magistrado, representado —según su versión— de manera inexacta. Los demandantes señalaron un diálogo puntual en el que otro personaje, interpretado por Aída Morales, dice: “Ni usted, Gaona, que es uña y mugre con estos terroristas”, frase que, a su juicio, sugiere complicidad con el M-19.
El Juzgado 128 Penal Municipal de Bogotá falló a favor de los demandantes de manera transitoria y ordenó a la productora incluir un aviso que indique que se trata de una obra de ficción “inspirada en hechos reales”, y abstenerse de asociar al magistrado con el grupo armado, además de otras consideraciones, como “suprimir, en caso de considerarlo posible, la oración expresada por la Consejera de Estado representada por la actriz Aida Morales”.
Bustamante aclaró: “las apreciaciones y lecturas sobre cómo se desarrolla ese personaje, sobre si alguien lo percibe como un héroe o como una persona cobarde, están muy lejos de nuestra intención”.
Y complementó aclarando que el objetivo fue “construir un personaje humano, sólido, que es el único que se enfrenta desde su dignidad y su conocimiento a los guerrilleros. Es el único que les dice: ‘Negocien, paren esto, no nos traten así’”.
Sobre el contacto con la familia, explicó que “se comunicaron directamente a través del director, se les informó cuál era el tratamiento de la película y, por casualidad, la película se estrenó en Toronto, donde algunos miembros estuvieron invitados a la premier”.
La ficción como herramienta para dialogar con la memoria
No es la primera vez que el cine colombiano aborda episodios de la historia nacional desde la ficción. En mayo de 2003, cuatro soldados de una unidad contraguerrilla tropezaron con una caleta que contenía más de 46 millones de dólares pertenecientes a las Farc. A partir de ese hallazgo, Rodrigo Triana construyó Soñar no cuesta nada.
Podría parecer extraño, pero, según Triana, “cuando se hace escribe una historia que incluye hechos reales o personajes públicos, es necesario ‘ficcionar’ cosas”. Así se trate de la vida de un cantante o de una persona conocida, siempre hay que alimentar la historia con situaciones que generen conflicto, momentos que nos hagan reflexionar, pensar o sentir”. Cuando un artista se ve obligado a modificar su obra por temor a una demanda o por orden judicial, el límite entre corrección y censura puede volverse difuso.
Pero Triana también recuerda que, aunque en Soñar no cuesta nada los personajes provenían de múltiples testimonios, todos fueron creados desde la ficción: “Resumimos 170 historias en seis personajes inventados. Ninguno existía tal cual”. Dice que nunca enfrentó conflictos legales por esa razón, ni recibió presiones para suprimir fragmentos de la obra.
Frente al fallo que ordenó eliminar una línea de diálogo en Noviembre, considera que, cuando se usan nombres reales, “las fronteras se vuelven más delicadas”. Es un terreno jurídico difícil. No obstante, cree que este diálogo particular del filme no afirma que Gaona Cruz fuera aliado de la guerrilla.
“No es que la película esté diciendo que él sea un aliado del M-19 —explicó—. El personaje que hace esa apreciación es tercero, más reaccionario y con otra visión política, y tiene esa percepción sobre él”. Con ello, supone que la obra se mantiene dentro del marco de ficción y que la representación del magistrado busca reconstruir una arista humana de los hechos, sin atribuirle acciones directas.
Más allá del litigio, el director habla también de la necesidad de que el cine colombiano siga dialogando con su pasado. Otras cinematografías internacionales han abordado los desaparecidos en Argentina durante la dictadura, la Segunda Guerra Mundial en Europa, Estados Unidos y la guerra en Vietnam... y sostiene que Colombia también debe hacerlo con sus propias heridas. “El cine, la literatura, la pintura o la música nos permiten conversar con nuestra memoria y con lo que hemos vivido”.
Por su parte, Bustamante insiste en que históricamente se ha protegido la libertad creativa, precisamente porque la ficción tiene esa complejidad: puede inspirarse en hechos reales, pero no busca reproducirlos.
“Claramente, cuando alguien ve la película, va a ver una ficción. El tráiler dice ‘inspirado en hechos reales’, no dice ‘basado’ ni ‘histórico’. La inspiración puede venir de muchas cosas, pero no está haciendo una aseveración fáctica de ningún tipo”. Asegura que hay una libertad que debemos preservar: “la de poder crear y discutir, a través de la creación artística, hechos que también nos competen a todos como colombianos”.
La familia del magistrado Manuel Gaona Cruz ha presentado su reclamo para resguardar la memoria y los hechos en torno a su asesinato durante la toma del Palacio de Justicia.
Mauricio Gaona trabaja por documentar la muerte de su padre y clarificar los hechos ante “rumores, manipulaciones y reinterpretaciones de la historia que se han difundido durante los últimos 40 años”. La tutela, entonces, busca que la obra de ficción respete la verdad histórica y los derechos de la familia, sin atribuir al magistrado acciones o relaciones que no constan en los registros judiciales y testimoniales.
A pocos días de cumplirse 40 años de la Toma del Palacio de Justicia, la película Noviembre volvió a poner en el centro del debate la idea de aquel episodio y las distintas maneras de narrarlo. Y, aunque la productora acató la orden judicial, apeló, reafirmando la legalidad de aquella libertad creativa.
El episodio deja entrever, una vez más, que esa verdad de nuestra historia como país puede variar según quien la observe. Que parte de ella sigue disolviéndose en la duda, con todo y los esfuerzos por tratar, aún, de entenderla.
Por Paula Andrea Baracaldo Barón
