Detrás de cada uno de los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional había una entidad encargada de la administración de las finanzas, los proyectos y la producción: la Asociación Nacional de Música Sinfónica (ANMS). Ese nombre y su objeto social cambiaron. Ahora hablamos de la Asociación Nacional de Artistas (ANA) y, aunque el cambio se presentó como un modelo de operación más expansivo y eficiente, algunos de los músicos sinfónicos del país no lo ven así.
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Para los directivos, especialmente los enfocados en las finanzas, la ANA se proyecta como un articulador de las artes en el que caben más expresiones, y como una plataforma público-privada. Aunque sigue recibiendo, en un alto porcentaje, recursos públicos, ahora puede aplicar a convocatorias, gestionar alianzas con el sector privado, acceder a cooperación internacional y desarrollar modelos mixtos de financiación de proyectos.
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El principal argumento a favor del cambio es que la entidad deje de depender exclusivamente de los recursos del Estado, que no esté limitada al circuito sinfónico y que las ganancias derivadas de la ejecución de proyectos puedan reinvertirse en sus organizaciones (como la Orquesta Sinfónica Nacional).
Pero ahí comienzan los reparos.
La nueva misión
Antes, el objetivo central de la ANMS era articular el ecosistema sinfónico del país. Había una mirada concreta sobre las orquestas regionales y una apuesta territorial definida.
Con el cambio de objeto social, la ANA quedó con “la formulación y ejecución de proyectos y actividades relacionadas con la promoción, fomento y enseñanza de las artes en Colombia, especialmente de la música sinfónica”.
Ángel Vargas, de la Orquesta de Pereira, cuestiona ese giro: “La ANA solo es una matriz que sigue retroalimentándose con dineros públicos, dineros mixtos, dineros de diferentes entidades para sostener una burocracia que ya viene anquilosada desde hace mucho tiempo”.
Para él y otros miembros del sindicato de músicos sinfónicos, ASONAMUS, el riesgo es claro: si antes existían montos específicos para la Orquesta Sinfónica y, aunque “precario”, un presupuesto destinado al circuito regional, ¿qué ocurrirá ahora? Temen que los recursos que el Estado asignaba —definidos a discreción del ministro en ejercicio— se reduzcan bajo el argumento de que la ANA, al ser una entidad mixta, tiene mayor capacidad de captar financiación.
A esto se suma una promesa incumplida. Vargas creyó en el compromiso del Gobierno de formalizar a los músicos que trabajan al servicio del Estado y convertir a la Orquesta Sinfónica Nacional en una entidad pública, con un presupuesto estable y no sujeto a decisiones discrecionales. Eso no ocurrió.
Yannai Kadamani Fonrodona, ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, respaldó el cambio. Su argumento: era necesario “repensar la división decimonónica de las artes en Colombia”.
En conversación con este diario, aseguró que más del 15 % de la inversión del Ministerio de las Culturas se destina al ecosistema musical, en particular al sinfónico. Sin embargo, dijo que su trabajo en los territorios le ha permitido conocer otras expresiones —como los bailes cantados y las celebraciones comunitarias—, lo que refuerza su idea de una música con enfoque integral. En ese marco se inscribe el proyecto Artes para la Paz.
También afirmó que durante estos tres años de gobierno Petro se ha alcanzado una financiación histórica que, por decisión de la propia orquesta, requiere empezar a gestionarse en otras disciplinas artísticas.
Sobre la financiación de las orquestas regionales, la ministra sostuvo que los programas históricamente apoyados por el ministerio continúan recibiendo recursos, incluso con incrementos.
“El año pasado entendimos que necesitábamos abrir una convocatoria pública para el resto de las orquestas del país que no tenían acceso a la financiación. Abrimos Orquestas Vivas con 2.000 millones de pesos, para que, además de lo que se ha hecho históricamente desde el ministerio, otras agrupaciones accedan al recurso”.
El testimonio de Vargas apunta en otra dirección: “El ministerio está más preocupado por un presupuesto burocrático para cumplirles a sus fichas políticas en los departamentos o municipios que han hecho las solicitudes, pero ya no hay una cuestión democrática en donde puedan participar los demás territorios”.
Ligia Pinto, presidenta de ASONAMUS, agrega que, aunque reconoce la existencia de recursos públicos para orquestas fuera de Bogotá, las condiciones laborales siguen siendo precarias y el bienestar de los músicos —en términos de estabilidad, formación, calidad artística y proyección— es incierto.
Preguntas sin respuestas sobre las finanzas actuales de la ANA
Antonio Suárez, el anterior director ejecutivo de la Sinfónica y gestor de la reforma, dejó la dirección ejecutiva de la Orquesta Sinfónica de Colombia en febrero de 2026. En diciembre de 2025, afirmó a este periódico que ese ajuste había generado 5.200 millones de pesos para reinvertir en la Sinfónica.
“La Asociación cubre el 25 % de los gastos que requiere la Orquesta para su funcionamiento”. Según su balance, durante su gestión se ejecutaron proyectos como el Concurso Internacional de Violín, la Navidad de Bogotá y la Bienal de Arte de Bogotá. Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición del periodista Iván Contreras, la Secretaría de Cultura de Bogotá aseguró que no tenía vinculación contractual con la ANA para el proyecto de la Bienal. Los otros dos eventos sí fueron operados por la entidad.
Para esclarecer el origen de esos 5.200 millones, el estado actual de las finanzas de la ANA y los detalles contractuales de esos proyectos, El Espectador intentó contactar a la actual directora ejecutiva, Liliana Fuentes. Su respuesta fue que no concederá entrevistas hasta “empaparse” completamente de la información solicitada.
Respuestas de la ministra
¿El encargo de Juan David Correa, cuando se decidió que Antonio Suárez fuera el director ejecutivo, no era que la orquesta pasara a un modelo público? ¿Qué pasó con esa promesa?
La orquesta era parte de la planta del Ministerio de las Culturas, y durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe los músicos fueron retirados y convertidos en contratistas. Uno de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo era formalizar a la Orquesta Sinfónica Nacional, pero ese proceso requiere aval del Ministerio de Hacienda y tiene implicaciones fiscales. Hasta ahora hemos logrado formalizar a más de 300 contratistas del Ministerio de la Cultura y a los maestros del Instituto Colombiano Caro y Cuervo. El siguiente paso será la formalización de los músicos de la orquesta.
Usted afirma que este cambio de objeto social permitió una financiación histórica. ¿En qué consiste?
En que ellos son nuestros aliados para ejecutar distintos procesos.
ASONAMUS insiste en que usted no los recibe…
El sindicato de la orquesta no es el sindicato del ministerio.
Pero trabajan con recursos públicos. ¿Por qué no recibirlos?
Hemos tenido conversaciones en administraciones anteriores, pero muchas veces se traducen en solicitudes de beneficios adicionales. Y eso es algo que el ministerio no puede determinar porque la orquesta no es parte del ministerio. Es una organización independiente. El sindicato responde a la ANA, y es su gerente, en este caso Liliana Fuentes, quien debe atenderlo. Es como si el Ministerio de Minas respondiera por el sindicato de Ecopetrol. No tenemos competencia para intervenir ni ofrecer soluciones.
Por Laura Camila Arévalo Domínguez
