
Los primeros 100 días del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella han dado luces sobre el camino que se seguirá en materia cultural durante los próximos años. Desde antes de su llegada a la Casa de Nariño, el presidente dio a entender la visión que aplicaría sobre la cultura cuando en su plan de gobierno este sector era visto como un activo económico, según mencionaron algunos gestores culturales a El Espectador en su momento.
Desde la llegada de Paola Holguín al Ministerio de Cultura, múltiples polémicas han atravesado el sector cultural. Desde nombramientos como el de Julia Daza en la Biblioteca Nacional, pasando por el de Sergio Esteban Vélez en el Instituto Caro y Cuervo, y el breve paso de Camilo Noguera por la dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, hasta el escándalo por el desmonte de piezas en el Museo Nacional y la suspensión, por primera vez en su historia, de algunos de los estímulos otorgados por el Ministerio de Cultura.
A pesar de estos cuestionamientos, en estos 100 días se han reportado miles de dólares en cooperación internacional y diversas reuniones con actores nacionales e internacionales enfocadas en destacar al sector cultural, según la visión del gobierno.
El Ministerio de Cultura y la "batalla cultural" encabezada por Paola Holguín
Durante su discurso de posesión, el primer mandatario aseguró que: “El renacer en la patria milagro también deberá ser cultural. Una nación que pierde de vista su identidad termina extraviando su destino” y afirmó que impulsaría una "batalla cultural", orientada a recuperar “el valor de la familia, el mérito, la disciplina, el respeto por la ley, el amor por la patria, la creencia en Dios y la responsabilidad individual”.
Quien lideraría esta batalla del presidente sería su ministra de Cultura, Paola Holguín, quien fue presentada como: “Una mujer GUERRERA, de la provincia, que asume el reto de dar la BATALLA CULTURAL por la Nación para que el talento colombiano, nuestros artistas, las industrias creativas y las tradiciones que nos unen ocupen el lugar que merecen”.
La llegada de la ministra a su nuevo cargo estuvo marcada por el resurgimiento del debate sobre la cultura como activo económico, vista desde una perspectiva mercantilista, que había dejado de resonar cuando terminó el periodo presidencial de Iván Duque y su enfoque en la economía naranja. Sin embargo, su nombramiento fue cuestionado, ya que aunque demostraba una amplia trayectoria en materia administrativa y en el sector público, no presentaba una experiencia profesional sólida en el sector cultural.
Más allá de los discursos, en materia financiera estos primeros 100 días han dado de qué hablar, pues a pocas semanas de la posesión del presidente, el 28 de agosto, se conoció que el presupuesto propuesto en ese momento para el Ministerio de Cultura sería reducido en un 29,5%, pasando de COP 1.001.388 millones a COP 706.196 millones.
Por otro lado, en septiembre, la ministra Holguín reveló una deuda de COP 185.000 millones heredada del gobierno anterior, con la que el gobierno justificó la suspensión, por primera vez en su historia, de los Premios y Reconocimientos del Portafolio del Programa Nacional de Estímulos que otorga el Ministerio de las Culturas. La decisión generó múltiples reacciones y el sector cultural se manifestó frente a las instalaciones de la cartera el pasado 21 de septiembre en la primera protesta contra la gestión en materia cultural de este gobierno, pues la decisión frente a los estímulos dejó sin evaluación a más de 1.300 propuestas. El ministerio argumentó en su momento que esto se debió a que no contaba con el personal técnico necesario. Adicionalmente, a esto se sumaron los reclamos por el atraso en el pago de becas y estímulos que ya habían sido otorgados.
Sin embargo, el gobierno puso en marcha un plan de contingencia, según anunció el vocero del gobierno, Miller Soto, en un video publicado en medio de la polémica, en el que el gobierno central había aprobado COP 40.000 millones para desembolsar y realizar el pago gradual de los rezagos en estímulos. Además, en octubre, el ministerio anunció el pago de COP 33.000 millones que "se destinaron a beneficiar a 1.940 artistas, creadores, gestores y organizaciones culturales".
Del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes al Ministerio de Cultura y Patrimonio
La primera visita de Abelardo de la Espriella a la cartera cultural se dio el 15 de octubre, mismo en el que se conoció el desmonte de más de 30 piezas de los muros del Museo Nacional. Ese día, se refirió a la "contrarrevolución cultural" que estaría orientada a "fortalecer la identidad colombiana y proteger el patrimonio". Mientras que en su discurso hacía alusión a una "lucha contra el wokismo", también anunció que la entidad cambiaría de nombre durante su mandato. Pasaría de llamarse Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes a Ministerio de Cultura y Patrimonio. "El Estado tiene la responsabilidad de conservar, restaurar, proteger y transmitir la herencia cultural de la nación. La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. Las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos", afirmó en su discurso.
Más allá de los nombres, el patrimonio se convirtió en uno de los temas debatidos durante las primeras semanas de gobierno. El terremoto del 10 de agosto puso a iglesias, bienes de interés cultural y espacios culturales afectados en el centro del debate. Con los daños que sufrieron la Catedral de Manizales y otros espacios como museos de arte y teatros, los ojos estaban sobre el ministerio para la respuesta que se le diera a la emergencia.

El ministerio reportó el 15 de agosto aproximadamente 40 bienes de interés cultural afectados por el movimiento telúrico y, adicionalmente, ocho manifestaciones de patrimonio cultural inmaterial afectadas por la emergencia. Además, se hablaba de entre 22 y 24 museos con daños. Aunque la cartera cultural anunció que había gestionado más de USD 550.000 de cooperación internacional para la atención al patrimonio y ofreció medidas como "Escenarios Solidarios", otras áreas como las bibliotecas aún reportan problemas. Con corte al 21 de agosto, el ministerio afirmó que 62 bibliotecas públicas en los territorios impactados por el terremoto continúan cerradas; sin embargo, no se ha publicado nueva información sobre el estado de estos recintos. Según el colectivo Medio Pan y Un Libro, la cifra sigue siendo la misma, aunque una fuente dijo a El Espectador que puede que ya haya disminuido el número de bibliotecas cerradas.
Nombramientos e interrogantes
Las personas que han llegado a altos cargos en algunas entidades culturales también han sido cuestionadas por el sector. Los casos más sonados han sido los de Sergio Esteban Vélez en el Instituto Caro y Cuervo, Julia Daza en la Biblioteca Nacional y el breve paso de Camilo Noguera por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).
La designación de Noguera para la dirección del ICANH generó múltiples cuestionamientos tan pronto como se conoció, pues su experiencia laboral registrada en su hoja de vida no estaba relacionada con las áreas de investigación que aborda el ICANH. Así, investigadores y científicos enviaron una carta abierta al presidente y a la ministra rechazando la designación de Noguera. La carta, publicada con una petición en la plataforma Change.org, recibió miles de firmas en pocas horas. Adicionalmente, un plantón fue convocado el 6 de noviembre para protestar el nombramiento.
Dos días después del plantón se conoció que a través de la Resolución 1589 del 2 de octubre, el ICANH hizo cambios en los requisitos de formación para ocho cargos de alto nivel, haciendo que en seis de ellos pudieran aspirar abogados, economistas y administradores. Ese cambio en el manual del ICANH permitió la llegada del abogado José Hernán Muriel a la Subdirección de Investigación y Producción Científica.
Luego de que se conocieran estos hechos, el presidente Abelardo de la Espriella revocó el nombramiento de Noguera a la dirección del ICANH el pasado 11 de noviembre y también apartó de su cargo a Muriel.
Sergio Esteban Vélez y el Instituto Caro y Cuervo
Cuando se conoció que Vélez sería el nuevo director del Instituto Caro y Cuervo, muchos lo recordaron por su imagen como "niño poeta", algunos de los libros que había publicado y su experiencia en otros cargos. Sin embargo, las críticas comenzaron a llegar masivamente luego de que publicara a través de las redes del instituto un video a propósito del aniversario de la muerte de Gonzalo Arango que se volvió viral y causó polémica por las palabras de Vélez sobre el nadaísta. Dos semanas más tarde, el debate se agudizó cuando se conmemoraron los 75 años del nacimiento de Andrés Caicedo, pues Vélez publicó otro video desde las redes oficiales del instituto en el que criticó al escritor de "¡Qué viva la música!" y cuestionó su decisión de acabar con su vida.
Por otro lado, según reveló este diario en septiembre, desde que comenzó su gestión como director, la atmósfera al interior del instituto ha cambiado. Por un lado, fuentes que hablaron para El Espectador comentaron que actualmente se siente un hermetismo al interior de la entidad y que, además, hay una gran desconfianza por parte del director. Por otro lado, relataron que, al momento de la publicación, Vélez se mostraba renuente a capacitarse en la plataforma Secop, lo que tuvo estancada la firma de cuentas y, adicionalmente, reportaron que la dirección exigió la impresión masiva de correos electrónicos, documentos y reportes de actividades para revisarlos físicamente.

Estas críticas van de la mano con preocupaciones por los programas e iniciativas educativas del instituto. En octubre, El Espectador conoció la denuncia de una investigadora contra el director por estigmatización y, adicionalmente, las preguntas que dejaba su gestión frente a programas de investigación y preservación de lenguas nativas en el país.
Además, el pasado 30 de octubre se realizó una protesta en la sede principal del instituto, en la que los estudiantes leyeron poemas "incendiarios" y algunos que habían sido escritos para Vélez con el objetivo de criticar y cuestionar su gestión.
Julia Daza y la Biblioteca Nacional
El 1 de octubre la ministra Paola Holguín posesionó a la comunicadora social y periodista Julia Daza como la nueva directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Aunque durante su posesión afirmó que su gestión se concentrará en "la salvaguardia integral del patrimonio bibliográfico y documental; el fortalecimiento y la descentralización de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; la innovación y la convergencia digital, y la internacionalización del acervo bibliográfico nacional", los cuestionamientos frente a su hoja de vida llegaron desde diferentes esquinas.
En un primer momento, varias personas en redes sociales señalaron la falta de experiencia de Daza en el sector editorial y de bibliotecas, pues su trayectoria profesional se ha enfocado en las comunicaciones y el sector privado. Más allá de esto, trabajadores de la biblioteca que pidieron resguardar su identidad contaron a El Espectador que hubo varias imprecisiones en el discurso de posesión de Daza. “Su discurso estuvo lleno de imprecisiones y generalidades frente a la misión de la biblioteca. Una de las cosas que tal vez es más problemática, y lo dijo con rapidez, es que ahora se va a encargar de curar contenidos y materiales”, dijo. Esta ha sido una de las expresiones que más polémica ha generado, pues se teme que esa "curaduría" deje de conservar textos y obras bibliográficas que no estén acordes con la visión del gobierno.

Por otro lado, trabajadores de la entidad también denunciaron a El Espectador una falta de trazabilidad en las comunicaciones con la directora, su llegada a reuniones con abogados externos a la biblioteca, la presencia de unos "asistentes" de la directora que no están contratados por la biblioteca, pero aun así dan órdenes a los funcionarios y la trabas que había puesto para la apertura de la Sala Infantil que estaba prevista para el 1 de octubre y que, finalmente, abrió sus puertas el 7 de noviembre.
Con estos hechos como contexto, el pasado 22 de octubre se convocó a un plantón frente a la Biblioteca Nacional en defensa de las bibliotecas públicas, el acceso a la lectura y la continuidad de los programas culturales que promueven la lectura, la escritura y la oralidad. Con lecturas de poesía y otras acciones, cientos de personas reclamaron la renuncia de Daza a la dirección, la continuidad de los programas de formación y mediación lectora, la realización del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas y el fortalecimiento de la Red Nacional de Bibliotecas, entre otros.

Para el 7 de noviembre se había convocado otro plantón para exigir la apertura de la Sala Infantil y se invitó a familias, niñas, niños, adolescentes, mediadoras y mediadores de lectura y colectivos culturales a sumarse a una jornada de actividades de creación y lectura frente a la fachada de la institución. Ese mismo día, el ministerio anunció la apertura oficial de la sala que, según contaron funcionarios a El Espectador, se había retrasado por la intención de la directora de realizar una revisión unilateral a los materiales bibliográficos.
Por otro lado, también se conoció el pasado 10 de noviembre la intención de la dirección de la biblioteca de cerrar anticipadamente la exhibición "Nocturnos" que está programada hasta marzo de 2027 y aborda temáticas como la historia política y social del país, así como archivos y memorias de la población LGBTIQ+. En redes sociales y a través de fuentes cercanas a la biblioteca se advirtió que Daza había solicitado al ministerio el desmonte de la muestra. La exposición reúne más de 230 piezas, entre fotografías, manuscritos, películas, periódicos, grabados, mapas y libros de las colecciones de la Biblioteca Nacional que, según el texto curatorial de Ximena Gama, "parte de la convicción de que el archivo nunca es un conjunto de documentos cerrado sobre sí mismo, sino, más bien, un espacio donde las imágenes continúan produciendo sentidos cada vez que una mirada distinta las reúne, las confronta y las obliga a dialogar".
El Museo Nacional en el ojo del huracán
Uno de los episodios más turbulentos de los primeros 100 días del gobierno de Abelardo de la Espriella en materia cultural fue la remoción de más de 30 piezas de los muros del Museo Nacional. El pasado 15 de octubre, mientras el presidente visitaba el Ministerio de Cultura, se conoció que el gobierno había ordenado una intervención al museo y que se habían retirado más de 30 piezas que hablaban sobre la historia de la población LGBTIQ+, violencia política, el acuerdo de paz, movimientos feministas y memoria.
Durante la mañana de ese día, la entonces directora encargada, Constanza Toquica, y Julián Sterling, secretario general del ministerio, visitaron las salas mientras, según reveló La Silla Vacía, el secretario tomaba fotos de los muros del museo que enviaba a la ministra, quien las remitía al presidente para elegir las obras que serían retiradas sin consultar previamente al comité curatorial ni seguir los protocolos establecidos.

Estos hechos generaron controversia y cuestionamientos sobre las razones para el retiro de las piezas, su estado y el destino al que fueron a parar, entre otros. El fin de semana después de que se conociera el desmonte de las obras, se convocaron protestas frente al museo que estuvieron activas durante el sábado 17 y domingo 18 de octubre y que, además, fueron intervenidas por la Unidad Nacional Antidisturbios. La ministra Holguín defendió el retiro de las piezas a través de sus redes sociales y comentó sobre las protestas: "Durante este fin de semana, quienes convirtieron la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas llamaron a protestar frente al Museo Nacional". Añadió que el Gobierno garantizará una institución que "conserve, restaure, proteja y divulgue la cultura" del país. Según sostuvo, esta debe representar a toda la nación y no únicamente a un sector. "Por eso, reiteramos la revisión de la museografía, museología y curaduría de este y los demás museos a cargo del Gobierno", dijo.
Para el 19 de octubre se había radicado una tutela presentada por los colectivos León Zuleta y Revolución en Rosa y se ordenaron medidas urgentes para proteger las piezas retiradas del Museo Nacional por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El juez ordenó que las piezas desmontadas no pudieran ser destruidas, alteradas ni sacadas del Museo. También dispuso frenar el retiro de otras obras por su contenido mientras no exista una decisión formal que lo justifique.

El 20 de octubre el Ministerio de Cultura respondió a la acción de tutela. Afirmaron que: "Las labores de desmonte no representan acciones de censura, ni discriminación, ni invisibilización a ningún ciudadano" y añadieron que el desmonte de las piezas se hizo en cumplimiento de una orden presidencial. Aseguraron que fue el resultado "del ejercicio de evaluación y rediseño cultural en el Museo Nacional (…) (que) busca asegurar la neutralidad pedagógica y el respeto integral a todas las audiencias y grupos etarios que visitan el Museo". La actuación, por lo tanto, se enmarca en que el Museo "no posee autonomía administrativa independiente".
Se conoció en esa respuesta que, en total, habrían sido 63 piezas desmontadas, de las cuales 22 fueron catalogadas como patrimoniales y las demás se incluyeron como facsímiles, objetos de apoyo y comodatos.
Una semana más tarde, el 28 de octubre, se conoció el fallo del juez con el que se ordenaba al Ministerio de Cultura restituir a sus lugares originales las piezas desmontadas. El despacho encontró “que existen fundamentos para amparar los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la cultura, así como para adoptar medidas que garanticen la preservación y difusión de los contenidos históricos retirados, sin sustituir las competencias técnicas y curatoriales del Museo Nacional”. Sin embargo, el juez precisó que el fallo “no impone al Museo Nacional de Colombia la obligación de exhibir permanentemente determinadas piezas ni impide futuras modificaciones de sus exposiciones”.
Para el juez, las justificaciones presentadas por el Ministerio en su respuesta, enviada el pasado 20 de octubre, fueron insuficientes e indicó que no se aportó un acta del Comité de Gestión Patrimonial que respaldara el retiro de las obras. "No se identifica en las pruebas examinadas un acta de dicho Comité que documente el estudio y la aprobación del retiro efectuado el 15 de octubre de 2026, ni un concepto curatorial que explique las razones para excluir de la exhibición las piezas individualizadas en las actas de movimiento interno", se lee en el fallo.

Sin embargo, desde el 5 de noviembre el gobierno ha buscado tumbar el fallo que ordenó la restitución de las piezas a sus lugares originales al impugnar la decisión del juez argumentando que este asunto debió ser atendido por el Consejo de Estado y no por otras autoridades.
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Gilberto(54899)•14 de noviembre de 2026 – 18:40Por eso se emberracan: – A la Ultra/Derecha FASCISTA le duele en lo más profundo que los del Pacto Histórico les decubra sus "milagritos".
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Atenas(06773)•14 de noviembre de 2026 – 15:53A ver, todo eso q’ se autollama Cultura, qué diablos es, quién o quiénes la dirigen o gerencian, quiénes son sus apóstoles y bajo qué mandamientos se rigen; sí, ¿quién es su cabeza q’ con tantos derechos se proclama cual si fuera un tribunal de la inquisición?¿O son los mismos pelagatos adscritos a la extrema izquierda q’ buscan imponer su maniquea apreciación hasta hacer de su arenga una bodega q’ defiende oscuros intereses de protervos y perversos resultados?Hay q’ imponer orden. Atenas
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Tara(oaw13)•14 de noviembre de 2026 – 23:15Muchas falacias, pocos argumentos. Pero que curiosa expresión: "maniquea apreciación", porque justamente su significado es lo que refleja muy acertadamente el comentario.
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