Así pinta la diversidad en las elecciones regionales

En las elecciones de octubre, la población LGBTI busca seguir conquistando espacios políticos. / Cristian Garavito

A simple vista, el escenario electoral parece favorable para la población LGBTI: 18 partidos y movimientos políticos —de derecha, centro e izquierda— apoyan las candidaturas de, al menos, 74 personas que abiertamente aceptan su orientación sexual diversa, según el más reciente informe de Caribe Afirmativo, una organización que trabaja por los derechos de esta minoría.

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Las del 27 de octubre serán, además, las primeras elecciones regionales que se celebrarán después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, y muchos de los aspirantes LGBTI en los territorios se han formado en liderazgo político para involucrarse en la democracia participativa de Colombia. Por ello, las cifras muestran un aumento de los comicios en los últimos años. Esta vez, los poderes locales los están disputando cinco candidatos más que en los sufragios anteriores. Pero el cambio más significativo fue en las elecciones de 2011 a 2015: de nueve postulados a cargos de elección popular se pasó a 69.

“Eso ha ocurrido por un motivo: en 2012 firmamos una alianza con Victory Institute, una ONG de Estados Unidos con la que hemos hecho jornadas de liderazgo político para la población LGBTI. Además, ahora Colombia es un mejor país porque hemos avanzado en derechos y eso hace que la gente esté más decidida a salir del clóset y hacer parte de la política, sin enfatizar ni ocultar su preferencia sexual”, explica Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.

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En ese sentido, aunque 74 candidaturas parecen insignificantes en un universo de más de 117.000 aprobadas por la Registraduría, para la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, ese es el fruto de más de veinte años de incidencia que ha tenido el movimiento diverso. Entre las primeras campañas políticas de personas LGBTI se recuerdan las de Érica del Río, mujer trans que se lanzó al Concejo de Popayán en la década de los 90, o la de Gustavo Álvarez Gardeazábal, aspirante abiertamente gay que ganó en las urnas la Gobernación del Valle del Cauca en 1997.

En cuentas claras, actualmente son 54 colombianos que quieren llegar a los concejos municipales, 16 a las juntas administrativas locales, dos a alcaldías, uno a la gobernación y otro a una asamblea departamental. De todos ellos, la que más atrae los reflectores de la opinión pública es Claudia López, candidata de la Alianza Verde, abiertamente lesbiana, que busca ser la primera alcaldesa mayor de Bogotá.

Según el informe de Caribe Afirmativo, el Partido de la U cuenta con once candidaturas LGBTI, siendo la colectividad con mayor número de inscritos. La que menos tiene es la FARC, con solo uno. El Centro Democrático cuenta con tres aspirantes, el Partido Conservador con cinco, el Liberal con seis y la Alianza Verde con nueve.

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Más allá de esos números, no ha sido fortuito que la diversidad haya calado en la militancia partidista, sin distinción de ideología. Según Saruy Tolosa, coordinador de proyectos de la organización Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol), es una discusión que traspasa, de lejos, de la lógica de partidos de derecha o izquierda.

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“La inclusión de personas LGBTI dentro de sus militancias tiene que ver con los derechos y la dignidad humana. Reconocer eso ha hecho más fácil nuestro diálogo con las colectividades sobre la participación de esta comunidad en los procesos democráticos”, afirma. De esa manera es que se puede entender que, más allá de identificar su sexualidad como diversa, estos candidatos representan sus intereses particulares y eso, en algunas ocasiones, pesa más a la hora de adherirse a una organización política.

Por su parte, Castañeda explicó que una persona LGBTI que se postula a un cargo de elección popular no lo hace exclusivamente por sacar adelante la agenda de los derechos de su comunidad. “Los 74 candidatos se lanzan al ruedo electoral porque tienen cualidades políticas y tienen claras las necesidades de sus regiones. Y, en todo caso, sus orientaciones sexuales no son un impedimento para el quehacer político. Sin embargo, visibilizar a los aspirantes LGBTI es un acto de igualdad para combatir la discriminación, que ha sido histórica”, asegura.

Pero no es lo único. Por otro lado, está una realidad innegable: las dinámicas electorales en los territorios funcionan distinto a los comicios a Congreso. Y no es un secreto que los partidos avalan candidatos o van en coalición dependiendo de las posibilidades de ganar en los territorios. Bajo esa premisa pasó, por ejemplo, la elección en 2015 de Julián Bedoya, alcalde del Toro, Valle del Cauca, militante en el Centro Democrático.

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“Cuando ganó Julián, provocamos una reunión con el partido y su presidente, que en ese momento era Óscar Iván Zuluaga. Él no tenía ni idea de que había sido electa una persona que acepta públicamente su homosexualidad. Luego, la colectividad uribista sacó un comunicado respaldando a Bedoya. Así, aunque no es un partido cercano a las agendas LGBTI ni ha aprobado proyectos beneficiosos para la comunidad, a ningún partido le queda bien presentarse a estas alturas como homofóbico”, arguye Castañeda.

Eso sí, a ojos de Fescol, pese a lo sorpresiva que pueden parecer adhesiones como la de Bedoya al Centro Democrático, se reconoce que hay una apertura por parte de los partidos para evaluar las transformaciones de la sociedad y hacer más efectiva la participación de personas LGBTI. Más allá de esas dinámicas electorales, la preocupación está puesta en el ambiente político y de seguridad nacional actual.

Si bien Tolosa considera positivo que hasta ahora no se han explotado con mayor fuerza los discursos de odio y estigmatización, xenófobos y homofóbicos, a Fescol sí le inquieta que el anuncio del rearme de una facción pequeña de las extintas Farc desvíe la atención del proceso de estas elecciones.

“Grupos armados están amenazando a los candidatos, entre ellos a los de la población LGBTI. Y según la Misión de Observación Electoral (MOE), uno de cada tres municipios está en riesgo electoral. El Gobierno sí debe llamar a las autoridades competentes para garantizar la seguridad de todos los aspirantes a estas elecciones”, expresa.

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Y concluye: “Una de las expectativas en estas elecciones, las primeras después del Acuerdo, es que la democracia participativa pudiera ser un hecho en el país. Esperamos que se haga todo lo posible para que eso pueda ser una realidad”.

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