Entre amenazas, discriminación e invisibilización

La violencia política también tiene rostro de mujer

Para las candidatas, su ejercicio político tiene otra connotación que para los hombres. Es importante visibilizar los escenarios en los que ellas son objeto de agresiones físicas y simbólicas.

De izquierda a derecha: Agueda Quiñones, candidata a gobernadora mayor indígena en Tierralta (Córdoba); Ana María Lince, candidata a Concejo de Villamaría (Caldas); Lorena Inés Bravo, candidata al Concejo de El Bagre, Antioquia; Valentina Beltrán, candidata a la Alcaldía de Icononzo (Tolima); y Sandra Cáceres, candidata a la Alcaldía de Saravena (Arauca). Mauricio Alvarado - El Espectador

La Misión de Observación Electoral (MOE) registró, desde el 27 de julio hasta el pasado 2 de septiembre, 24 hechos de violencia física contra candidatos que buscan llegar a un cargo de elección popular en las elecciones del 27 de octubre. Tres de ellos fueron contra mujeres e incluyen el nefasto asesinato de Karina García Sierra, aspirante a la Alcaldía de Suárez (Cauca), por el Partido Liberal, junto a su madre, su esquema de protección y Yeison Obando, candidato al Concejo. Su caso es una incoherencia. El Gobierno lamenta su muerte, pero fue poco lo que hizo por ella, quien denunció amenazas e intimidaciones contra su campaña días antes de su muerte.

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Aunque este reprochable hecho es cuantificable, hay otras formas de violencia política invisibilizadas en las que las mujeres son las principales víctimas, tanto en zonas de riesgo electoral como en las que no. Esta situación se enmarca en las estructuras culturales machistas, como explica Adriana Peña, especialista de género en la MOE. “Para nosotras, iniciar o permanecer en la carrera política tiene una connotación distinta por el hecho de ser mujeres. Nos vemos enfrentadas a obstáculos por el patriarcado que es transversal a los comicios”.

Entre las otras violencias políticas contra las mujeres, que exigen un estudio cualitativo, como testimonios, y de los que es muy difícil sacar números, se encuentra la violencia económica, en cuanto a los obstáculos de las candidatas para acceder a financiación. Al respecto, Peña dice que hay dos perspectivas: “Una es el temor de endeudarse, porque nosotras tenemos el chip de la economía del cuidado. Y el otro es porque no hay un apoyo puntual a las candidatas. La Ley 1475 exige el incentivo de las mujeres en la política a través de una financiación que reciben los partidos. Y lo que hemos encontrado es que las colectividades no saben que reciben dinero exclusivo para promover este tema”.

La siguen en la tipología de las violencias, el usar a las mujeres como relleno para cumplir con la Ley de Cuotas. Rara vez la violación de este precepto es por falta de hombres en listas a corporaciones de elección popular. Pero también están las violencias psicológicas (amenazas) y simbólicas (estereotipos, sesgos, insultos). “También hay que recalcar que un actor determinante son los medios de comunicación. Cuando uno les hace la radiografía para que cubran a las candidatas, muchas veces nos dicen que no son noticia, o no ‘son las hermanas de’ o ‘las esposas de’”, apunta Peña.

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Esta realidad ha impulsado acciones para visibilizar la problemática y también para darles herramientas a las mujeres para que enfrenten las situaciones de violencia, para que conozcan las plataformas, instancias y normativas internacionales y nacionales que las cobijan como mujeres y como actoras políticas. Por ejemplo, desde la MOE se está construyendo el mapa de riesgo electoral para ellas, no solo con agresiones físicas, sino también psicológicas y simbólicas. Del otro lado, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz, de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA), impulsó unos talleres para 50 candidatas, mayoritariamente de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (Zomac), indígenas y afrodescendientes, sobre liderazgo, comunicación política, financiación y diálogo social, entre otros temas.

“A través de un diagnóstico que surge de la observación de la cotidianidad por nuestra presencia en las zonas afectadas por el conflicto armado, decimos que el territorio está allá, abofetea la realidad y esa realidad dice que la mujer, allí, ha sido y sigue siendo históricamente relegada. No solamente a través de la violencia de género, es algo que marcamos y remarcamos, sino también en las lógicas centenarias de las estructuras políticas, de los partidos políticos, del Estado mismo. Detrás de esta violencia contra las políticas hay un mensaje clarísimo y es el de obstaculizar o impedir que estas accedan a puestos de decisión, careciendo del poder transformador de su realidad”, comentó Roberto Menéndez, director de la MAPP, al dar inicio al taller que constó de una fase virtual y otra presencial en Bogotá, durante la última semana de agosto.

Las candidatas y su incursión en la política

Un sentimiento que converge en la mayoría de las candidatas es que, más allá de sus banderas políticas, en ellas florece el deseo de transformar sus comunidades luego de ver el resultado de los años en los que los hombres han estado al poder, que no es más que la invisibilización de sus derechos. “Si administramos una casa, en la que debemos desempeñar muchos roles a la vez, por qué no administrar nuestro municipio”, cuestiona Lorena Inés Bravo, aspirante al Concejo de El Bagre (Antioquia), por Colombia Justa-Libres.

En ellas también coincide por lo menos un hecho en el que hayan sido víctimas de violencia política que no identificaron en su momento. “Inicialmente busqué un aval para aspirar como alcaldesa de Villamaría (Caldas) con la Alianza Verde. No me dieron la credencial porque decidieron que era mejor tener la opción de un hombre. Como especialista en género me he vuelto resiliente con estos temas, para no ponerme en la posición de víctima. Luego de escuchar otras experiencias, entiendo que mi caso fue de discriminación”, dijo Ana María Lince, candidata al Concejo del municipio por el Polo.

Igual escenario denunció Agueda Quiñones, actual gobernadora indígena del cabildo Vendeagujas, del resguardo Zenú, en Tierralta (Córdoba), que aspira a convertirse en la primera gobernadora mayor de todas las comunidades zenúes del municipio. “En las etnias indígenas ha persistido el machismo, por lo que me tocó prepararme para poder llegar a donde estoy, porque los hombres y capitanes se resistían a que una mujer los gobernara. Ellos se sienten opacados. Es más, la semana pasada recibí amenazas en el municipio Puerto Libertador (allí también tiene votos por algunos asentamientos zenúes en la zona), porque soy la única mujer e indígena que está haciendo campaña allá”, señaló Quiñones, recordando, además, la realidad del Alto San Jorge con la presencia de tres grupos armados, los cuales no solo afectan las condiciones de su seguridad, sino la de todo su pueblo.

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Y si ser mujer indígena ha tenido sus dificultades, más lo ha sido para las excombatientes que quieren llegar hoy a cargos públicos de elección popular. “En particular, como exguerrillera, existe, por supuesto, aún resistencia. Aún hay prejuicios, aún hay discriminación”, manifestó Valentina Beltrán, una de las candidatas de la FARC más opcionadas para ganar en las próximas elecciones, como aspirante a la Alcaldía de Icononzo (Tolima).
Con el caso lamentable de Karina García, las alertas están más encendidas que nunca, tanto para candidatos como candidatas que se encuentran en escenarios adversos para desempeñar su actividad política. Sin embargo, especialmente las mujeres hacen propio el dolor de su compañera y lo convierten en un motivo para continuar con su proyecto. “Esto me da fuerza para seguir adelante y lograr el objetivo que a ella nefastamente le truncaron. Y estoy segura de que todas las aspirantes estamos en la misma posición, de luchar por nuestros sueños y por una Colombia más justa”, sentenció Lorena Inés Bravo. También los mismos ánimos tiene Sandra Cáceres, aspirante a la Alcaldía de Saravena, Arauca, por el MAIS: "En Arauca muchas voces han sido silenciadas a causa de la violencia política, yo tengo la convicción que a pesar de la adversidad debo de seguir en el propósito de sostener la democracia". 

Pese al miedo, las mujeres en el Cauca continúan con sus deseos de llegar a los espacios de poder, porque el Acuerdo de Paz les mostró una nueva alternativa de vida que quieren perpetuar en el territorio. “Conocí a Karina: se hizo a pulso en su municipio, fue personera, quería liderar Suárez y transformarlo. Dejó a un niño de cuatro años. Su caso fue una caja de resonancia para mí. Tengo dos hijos que temen que maten a su mamá, que es una líder. La zozobra está, pero hay que vencerla”, dijo con optimismo Lucy Amparo Guzmán, candidata a la Alcaldía de Santander de Quilichao (Cauca) por el liberalismo.

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Natalia Tamayo Gaviria - @nataliatg13

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