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A menos de dos meses de las elecciones regionales, no cesan los casos de funcionarios sancionados por su presunta participación en política y hechos proselitistas. Este martes, la Procuraduría suspendió provisionalmente a dos miembros de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).
Según el ente disciplinario, la sanción, por el término de tres meses, se enmarca en la investigación que adelanta por presunta participación en política en favor de un candidato a la Alcaldía de la capital del departamento de Santander.
Se trata de los jefes de la Oficina de Gestión Social y Ambiental, Sandra Lucía Pachón Moncada, y de la Oficina de Control Interno, Reynaldo Mateus Beltrán. Al parecer, en ejercicio de sus cargos, presuntamente “participaron en actividades propias de la campaña del candidato Fredy Antonio Anaya Martínez, y posiblemente utilizaron sus cargos para presionar a sus subalternos a respaldar la causa partidista”.
Precisamente, Anaya fue acusado hace menos de un mes por la Fundación Paz y Reconciliación de participar una cuestionada red de contratistas del Clan Tavera en Santander, cuyos contratos con la administración pública –asegura la Fundación– ascienden a $33.000 millones.
De acuerdo con el ente de control, los elementos de juicio en el proceso inferir que existe “un riesgo real” de que los servidores sancionados puedan reiterar o continuar cometiendo el comportamiento objeto de investigación.
Adicionalmente, dijo la Procuraduría, se busca evitar una posible presión de los investigados sobre sus subalternos, teniendo en cuenta la jerarquía de sus cargos.
Hace menos de una semana, el pasado viernes, la Procuraduría sancionó a los primeros funcionarios denunciados por presunta participación política y trashumancia electoral. Los suspendidos son los alcaldes de San Martín de Loba (Bolívar) y Pedraza (Magdalena); el gerente del Hospital Materno Infantil de Soledad (Atlántico) y el personero de Tabio (Cundinamarca).
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La medida cautelar de separar de los cargos por tres meses a los funcionarios se hizo con el fin de “evitar alguna interferencia en los procesos o la posible reiteración de la presunta falta disciplinaria. El mandatario de Pedraza fue el único sancionado por trasteo de votos, los demás por participación política.
El Ministerio Público advirtió que están haciendo todos los controles y recibiendo las denuncias contra quienes se presuma estarían influyendo con su posición en las elecciones de octubre.
El proceso de investigación de estos casos se comienza una vez se crea que hay una falta disciplinaria en tiempo y en lugar que pueda causar un perjuicio a la administración pública. Igualmente, los investigados tienen la oportunidad de ser escuchados en versión libre para dar su testimonio.