Usted ha sido asesor jurídico del Gobierno para llegar a acuerdos en cuanto al sistema judicial que se aplicará a quienes firmen el proceso de paz. Lo pactado en esta materia, ¿garantiza justicia en cuanto a sanciones a los exguerrilleros?
Sí la garantiza. No hay ningún tratado internacional que se viole con lo acordado. Basta leer el artículo 80 del Estatuto de Roma, que afirma que las sociedades son autónomas en la aplicación de las normas que se requieren para solucionar sus conflictos y que la Corte Penal Internacional sólo opera cuando los sistemas diseñados por el país no funcionen. El acuerdo logró equilibrio entre justicia, verdad, reparación y no repetición. Aunque es obvio, se debe recordar que ningún grupo rebelde que ni siquiera ha sido vencido, cambiaría armas para ir a la cárcel o para ser extraditado.
Pero el expresidente Uribe ha dicho insistentemente que si no hay privación de la libertad con un mínimo de unos años, no habrá justicia sino “sometimiento” del Estado a la guerrilla.
Es su interpretación, pero hay muchas otras en sentido opuesto: la del papa, la de la Conferencia Episcopal Colombiana, la de todas las iglesias juntas, la de Obama, la de la Comunidad Europea, la de las Naciones Unidas que representa a todos los países del mundo, la de los países latinoamericanos, la de una inmensa cantidad de colombianos, la de los presidentes que estuvieron el jueves en La Habana, etc. Por algo será. Además, recordemos la sabiduría popular: lo perfecto -si es que esa posición lo representa- es enemigo de lo bueno.
También ha dicho que “los responsables de delitos de lesa humanidad como secuestros, carros bomba, reclutamiento y violación de niños (no van a ir) un solo día a la cárcel y puedan ser elegidos a posiciones públicas”.
Se debe recordar que las sanciones no necesariamente significan cárcel. Van desde la pena de muerte hasta pedir excusas o la detención domiciliaria. Aquí se logró un equilibrio coherente con lo que implica un proceso de paz.
Permítame insisto: ¿es cierto que los responsables de delitos de lesa humanidad no recibirán los castigos que establecen las convenciones internacionales?
No es cierto. Las sanciones están enumeradas en el artículo 40 del Acuerdo de Justicia Transicional, que impide la amnistía para delitos de genocidio, acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, tortura, etc. La sanción impuesta en todos los casos -ver numeral 60- por una sentencia, dependerá de si los procesados cuentan, como dicen los abogados, “la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, además de haber dejado las armas y de comprometerse a la no repetición. Si no dicen la verdad o la dicen a medias, tendrán prisión de 10 a 20 años. Si la dicen, tendrán restricción efectiva de la libertad entre 5 y 8 años en la zona y condiciones que determine el Tribunal para la Paz, que junto con la ONU garantizarán su cumplimiento. Lo anterior es válido para todos los miembros de la guerrilla -desde Timochenko hasta el último de los guerrilleros- y para todos los servidores públicos del Estado que quieran someterse a ella.
Tanto el expresidente Uribe como el procurador Ordóñez han reiterado que los acuerdos en justicia no son aceptables para la Corte Penal Internacional. ¿Podría ser cierto?
La lógica del procurador y de quienes se oponen a las negociaciones es sencilla: crear temor con frases alarmistas, sin contenido serio: “Se entregó el país a la guerrilla”; “Colombia será una segunda Venezuela”; “se acabó con la separación de poderes”; “esos criminales no van a cumplir”, etc. Pero cuando uno se pregunta en qué sustentan esas afirmaciones, no hay mucha tela de dónde cortar. No se ha acabado la propiedad privada, no se va a expulsar a las multinacionales y se les respetarán sus contratos, no se ha terminado la separación de poderes. Evoco una hermosa frase de la canción Los macarras de la moral, de Serrat, que dice: “Creando apocalipsis van de salvadores”. Cada vez me convenzo más de que la gran mayoría de angustias que sufrimos los seres humanos es inútil e innecesaria porque no ocurre lo temido. El acuerdo cumple con los estándares internacionales.
¿Cómo se puede definir la justicia transicional, por qué la llamaron así, cuáles jueces y tribunales la interpretarán y cómo se garantizará absoluta imparcialidad e independencia de éstos?
Permítame darle una definición del secretario general de las Naciones Unidas: “ (justicia transicional) es el conjunto de procedimientos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad para dar término a una larga historia de abusos a gran escala, en aras de garantizar la responsabilidad, servir la justicia y alcanzar la reconciliación”. Sobran los comentarios para ver que la frase aplica en nuestro país. Sólo recuerdo lo esencial que mucha gente se empeña en no entender: el abecé de la justicia transicional es precisamente que la ordinaria no puede ser idéntica. Si así fuere, desaparecería el concepto de que es transicional. El acuerdo que se logró en Colombia es, de lejos y según doctrinantes internacionales, el más completo que hasta ahora se haya presentado en el mundo. Un poco más de veinte jueces la interpretarán con todas las garantías.
En materia de aplicación de justicia, y más allá de los elementos punitivos comunes, ¿qué importancia tiene el reconocimiento público de los delitos y abusos cometidos por ambos lados de la guerra, la petición de perdón y la garantía de que no se repetirán las acciones ofensivas contra la población civil?
Son esenciales para la curación de las heridas. Todo el capítulo de justicia de los acuerdos se centra en las víctimas. Recordemos que hay más de 6 millones de desplazados, más de 30 mil desaparecidos, más de 230 mil muertes directas de este conflicto, miles de secuestrados y extorsionados. Y, para ellas, la verdad es indispensable para mitigar sus penas y permitirles estar dispuestas al perdón o, al menos, a la comprensión del cambio que se viene. Todos sabemos que, pese a todo, es mejor vivir en paz que en guerra.
¿Queda claro que este tipo de justicia beneficiará a militares que enfrentaron a la guerrilla y que en el curso de la guerra también cometieron delitos?
Claro. Y ello les será conveniente. Hay varias diferencias con el régimen que se aplicará a los guerrilleros, y vale la pena resaltarlo para que no confundan a un sector de la opinión: los militares se someterán voluntariamente a la jurisdicción especial y para los guerrilleros será obligatorio; todo acto de los agentes del Estado se presume hecho en defensa de la institucionalidad, lo que no se predica del grupo rebelde; los militares pagarían sus sanciones en guarniciones militares, si colaboran con la verdad; aquellos uniformados que hayan sido condenados, podrán ir a la jurisdicción especial y, si dicen la verdad, les irá muchísimo mejor que en la justicia ordinaria. Puedo dar fe de que en las negociaciones en las que participé, el objetivo de la guerrilla nunca fue vengarse de los militares. Por el contrario.
Una cosa es lo que sienten los que vivieron directamente la guerra, otra, como la ven quienes la sufrieron pero de lejos. ¿Cuáles cambios inmediatos cree usted que tendrán los colombianos del común, tanto en las zonas rurales y semi-urbanas como en las grandes ciudades a partir de la activación del proceso de paz?
Un primer cambio para todo el mundo será de tipo psicológico. Toda persona que habite en nuestro país va a tener claro que armas y política no van juntas; que se acaban los secuestros, las voladuras de torres eléctricas y de infraestructura, la extorsión, el despojo de tierras, las masacres, etc. Sobre todo, enseñaremos a las futuras generaciones que es posible vivir juntos en un mismo país con una buena dosis de tolerancia hacia el discurso ajeno, aunque no se comparta. En las zonas rurales y semiurbanas el acuerdo es esencial, porque desaparece uno de los mayores factores de violencia, lo que conducirá a que el Estado pueda combatir y acabar a las bacrim y a los sucesores del paramilitarismo. Los habitantes de la ciudad sentirán un efecto menor, pero no desdeñable: no se repetirán ataques como el de La Calera en las goteras de Bogotá o el del club El Nogal en plena 7ª y no tendrán el acecho de guerrillas urbanas o el de los secuestradores cuando vayan al campo.
Si esos cambios no se notan rápido, muchos se desilusionarán. Puesto que usted es profesor universitario, ¿cómo enfrentaría el desánimo general desde el punto de vista de la pedagogía?
El acuerdo no supondrá, de inmediato, el cambio hacia una paz integral. Este país es muy complejo y tiene muchos sectores que viven de la guerra y de la ilegalidad. Pero como pedagogo le digo que debemos enseñar a creer en la perfectibilidad humana para tener buenas reservas de optimismo frente a momentos -que vendrán- de escepticismo. Imagínese que yo, como rector, enviara a los jóvenes un mensaje de desesperanza y de pesimismo. ¿Qué ilusiones podrían tener? Como dice Kundera, soy consciente de que “el optimismo hiede a idiotez”, pero su frase es, en extremo, exagerada. Las sociedades deben luchar por la búsqueda de la felicidad de todos sus miembros y la obligación moral de quienes las gobiernan, es buscarla.
Los habitantes de las 22 veredas y los ocho campamentos en donde se concentrarán los exguerrilleros tendrán inquietudes comprensibles, porque la llegada de los nuevos “vecinos” modificará su cotidianidad. ¿Tienen la obligación de darles la bienvenida porque se pactó la paz?
Jurídicamente, sí; éticamente, también. Es importante saber que la estadía de los “nuevos vecinos”, como los llama usted, es temporal (seis meses) y que esos sitios estarán supervisados por funcionarios de Naciones Unidas y por el Estado. Por demás, se trata de zonas en donde se ha vivido el conflicto, es decir, en donde han estado presentes las Farc-EP. La cesación del conflicto será una garantía para que la intensidad de la guerra disminuya a su mínima expresión.
Los códigos de conducta guerrillera tienen unos supuestos diferentes a los que se imponen en un Estado de derecho. ¿Cuándo y cómo iniciar y desarrollar el proceso de “adaptación” a éste por parte de los recién llegados?
La pregunta no es “cuándo y cómo iniciar”, porque ese proceso ya se inició: el lenguaje de la guerrilla ha cambiado sustancialmente. Ha dado pruebas de que acepta la Constitución del 91 (se “bajó” de la constituyente) y, también, la democracia electoral (será partido político), las decisiones de la Corte Constitucional (en sus manos estarán importantes fallos) y las del Congreso de la República (que proferirá normas para implementar los acuerdos). Y lo más importante: se convertirá en colectividad política sometida a las reglas del juego de la democracia.
La convivencia entre exguerrilleros y los habitantes del país que han respetado los marcos legales únicamente se logrará si hay perdón. ¿La responsabilidad de que fluya ese sentimiento les corresponde al Estado, a los organismos internacionales de derechos humanos o sólo a quienes padecieron las balas, es decir, víctimas y victimarios?
Ese es un compromiso de la sociedad nacional e internacional enteras. En la revolución estudiantil francesa de mayo de 1968 el lema fue: “Soñemos lo imposible”. Ese “imposible” es, cada vez, más cercano a nosotros. ¡Dejémoslo fluir! No lo abortemos al inicio porque volveremos a lo mismo. Las sociedades pueden vivir en paz con tolerancia, mucha tolerancia, con sencillez, mucha sencillez. No estamos destinados a la violencia ni a la corrupción.
¿En este proceso de readaptación social en que conviviremos con exintegrantes de las Farc, cuál papel les corresponde, además de informar, a los medios, especialmente a los audiovisuales, que son más “calientes” en sus efectos?
Me parece que les corresponde generar esperanza y optimismo porque, más allá de que sea una tarea misional de la prensa, los medios tienen un deber ético con la sociedad en que se desempeñan. Los periodistas, que hacen un trabajo parecido al de los pedagogos, no pueden simplificar una realidad compleja hasta el punto de difundir sólo los aspectos negativos de ésta. Los verdaderos profesionales deponen sus emociones personales para tratar los temas con una óptica racional y mucho más elaborada que les ayude a sus audiencias a comprender los nuevos hechos que van a vivir.
Aunque hay víctimas que se destacan por su capacidad y decisión de perdonar a quienes asesinaron a sus seres queridos o los secuestraron (Ingrid Betancur, Constanza Turbay, Clara Rojas, etc.), también están los que no pueden superar el rencor. ¿Qué decirles a estos?
Que quien no perdona, lleva encima una carga de amargura y pesimismo. Y que uno va mejor por la vida cuando aligera el peso que trae en su espalda.
Régimen judicial para combatientes
En la parte del acuerdo que trata de la protección de los derechos de las víctimas hay un capítulo sobre la justicia que se aplicará a los combatientes que se enfrentaron en la guerra colombiana durante 52 años y que cometieron delitos en el curso de la misma.
Ese capítulo no sólo se refiere a los armados ilegales sino también a quienes representaron al Estado. Se trata de una justicia de transición, como se la conoce, un régimen diferente al penal ordinario en el que se les confiere valor especial de redención de culpa a la confesión, la revelación voluntaria de la plena verdad de los hechos, la petición de perdón de los victimarios a las víctimas y la promesa de jamás repetir los crímenes cometidos.
Para procesar a los implicados se creará un tribunal de unos 20 magistrados distribuidos en secciones. Pero antes de que éstas se ocupen de los expedientes, varias salas, también compuestas por magistrados, harán un examen previo de la situación judicial de cada procesado. El tribunal fijará la sentencia, el sitio (en condiciones dignas) en que deberá vivir y el tiempo que deberá pasar allí sin libertad de movilidad. Si repite algún delito o comete uno nuevo, perderá los beneficios y pasará a la justicia corriente, en donde podría recibir más de 20 años de condena.