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La actual ministra de educación colombiana propone revisar los criterios de acreditación de las instituciones de educación superior, para dar mayor importancia a los resultados concretos del aprendizaje y no solamente al número de programas acreditados. Esta propuesta, más allá de su proveniencia oficial, merece una discusión que nuestro sistema educativo ha mantenido pendiente desde hace un buen tiempo.
En febrero de 2025, en estas mismas paginas de El Espectador, planteaba mis inquietudes frente a las acreditaciones en nuestro país. Señalaba que parecían haber pasado de ser instrumentos para evaluar la calidad a convertirse en ejercicios administrativos, en los que el diligenciamiento de formatos, las encuestas y la acumulación de documentos terminaban desplazando el foco de aquello que realmente debería mejorar: la calidad de la educación.
La cantidad de programas acreditados puede ser un indicador de avance, pero no necesariamente demuestra la calidad de la formación impartida. Una certificación reconoce el cumplimiento de determinadas condiciones y criterios; sin embargo, ¿hasta qué punto permite establecer si los estudiantes están aprendiendo más y mejor? ¿Si desarrollan las competencias que necesitan? ¿Si adquieren la capacidad de analizar, cuestionar y aplicar sus conocimientos a situaciones reales?
Dar mayor relevancia a los resultados del aprendizaje resulta una orientación pertinente, pero sería un error pensar que basta con incorporar nuevos indicadores o exigir más informes para resolver las limitaciones del modelo actual. Tampoco se trata de reducir el juicio sobre la calidad universitaria a los resultados de unas pruebas, las tasas de graduación o la empleabilidad de los egresados. La formación integral, el pensamiento crítico, la investigación, la inclusión y la contribución de las instituciones a su entorno son dimensiones que también deben considerarse. La calidad, además, debe evaluarse teniendo en cuenta la misión institucional, los recursos disponibles y las realidades sociales y territoriales en las que cada universidad desarrolla su labor.
Por ello, la discusión no debe centrarse en cuántos programas obtienen una acreditación, sino en que cambia en ellos como consecuencia de esta: ¿los evaluadores cuentan con los perfiles y la experiencia necesarios para emitir conceptos pertinentes, acordes con la realidad de la institución evaluada y su entorno, o se limitan a repetir formulas genéricas de mejoramiento, aplicables a supuestas universidades promedio? ¿Las recomendaciones de los evaluadores se traducen en mejoras verificables? ¿Las estrategias para superar las debilidades identificadas se traducen en acciones concretas, se comunican efectivamente y comprometen a profesores, estudiantes y demás públicos de interés?
Pero también es necesario examinar el propio sistema de evaluación: sus criterios, sus costos, su pertinencia y su capacidad para reconocer la diversidad de las instituciones colombianas. No todas tienen que ser iguales para aspirar a la calidad, ni los estándares internacionales pueden aplicarse al margen de nuestras condiciones y necesidades.
No se trata de desconocer la importancia de las acreditaciones ni de adherir sin reservas a una propuesta ministerial. Se trata de reconocer que el sistema necesita revisar sus prioridades. La acreditación debería ser un medio para mejorar la educación, no un fin en sí mismo. Porque la verdadera medida de la calidad universitaria no está solamente en los reconocimientos que obtiene una institución, sino en lo que logra transformar en sus estudiantes y en la sociedad.
*MBA DBA. Consultor Internacional. Máster en Gestión de Empresas de la Universidad Ramón Llull de Barcelona y estudios doctorales en administración. rogup@outlook.com
