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A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP, el país enfrenta el desafío de convertir los compromisos pactados en transformaciones reales para las comunidades que han vivido las consecuencias del conflicto armado. Aunque el proceso permitió la dejación de armas, abrió caminos para la justicia transicional y dio origen a instituciones fundamentales para las víctimas, la implementación sigue avanzando a diferentes ritmos y enfrenta dificultades en materia de seguridad, desarrollo rural y presencia estatal.
El balance tiene dos caras, considera Demian David Regehr, representante regional para Colombia y Venezuela de la Fundación Hanns Seidel (HSS). Por una parte, destaca los avances institucionales y los resultados de mecanismos como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Por otra, advierte que la firma del Acuerdo no transforma por sí sola la realidad de los territorios.
La JEP ha dictado sus primeras sentencias restaurativas y, hasta octubre de 2026, la Unidad de Búsqueda había entregado dignamente a sus familias los cuerpos identificados de 861 personas desaparecidas. Detrás de estos avances hay víctimas que comienzan a encontrar respuestas.
Sin embargo, según el décimo informe del Instituto Kroc, con datos hasta noviembre de 2025, solo el 36 % de las 578 disposiciones del Acuerdo estaba plenamente implementado. La reforma rural sigue rezagada y la persistencia de la violencia demuestra cuánto falta para que lo pactado se traduzca en seguridad y oportunidades.
Para Regehr, la principal lección para Colombia es que dejar las armas no equivale a construir la paz. Sin una presencia efectiva del Estado y oportunidades de desarrollo en los territorios, los avances alcanzados siguen siendo frágiles. También considera que un acuerdo de paz no pertenece a un gobierno ni a un partido, sino que es un compromiso del Estado y de la sociedad que debe trascender los ciclos políticos.
Desde la perspectiva internacional, Colombia demuestra que es posible combinar la negociación de un conflicto armado con mecanismos de justicia transicional que sitúan a las víctimas en el centro del proceso. No obstante, también evidencia que la firma es apenas el comienzo y que la implementación requiere acompañamiento sostenido, capacidad de adaptación y recursos a largo plazo. Cuando la atención internacional se desplaza hacia nuevas crisis y los fondos de cooperación disminuyen, preservar ese compromiso resulta especialmente importante.
La paz se construye en las regiones
Desde hace más de tres décadas, la Fundación Hanns Seidel acompaña iniciativas colombianas de participación democrática y construcción de paz. Para Regehr, uno de los principales aprendizajes desde que inició su trabajo en Colombia, a finales de 2021, ha sido comprender que estos procesos deben llegar a los territorios.
Colombia es un país profundamente diverso y el conflicto se ha vivido, y se sigue viviendo, de manera distinta en cada región. Por eso, explica, resultó fundamental descentralizar las acciones y fortalecer las capacidades de quienes ejercen liderazgo en sus propias comunidades. Desde entonces, la Fundación ha logrado extender y consolidar su trabajo en 26 departamentos.
Entre las experiencias que reflejan este acompañamiento está el trabajo en Sincelejo con la Mesa Sucreña por la Paz, enfocado en el seguimiento a las políticas de paz y las garantías para defensores de derechos humanos. En Buenaventura, junto con entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil, la Fundación apoya esfuerzos dirigidos a prevenir el reclutamiento y la utilización de jóvenes por grupos armados ilegales. En Leticia, por su parte, junto con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), creó un diplomado para líderes y políticos locales, el primero de su naturaleza en Amazonas.
Otro ejemplo es el programa Politik, una red de alrededor de 2.000 jóvenes de distintas regiones del país. Algunos participantes hoy son ediles, concejales, diputados o alcaldes; otros asesoran al Congreso o a ministerios. Muchos también impulsan iniciativas autogestionadas.
A través de la obra “Lo hemos ensayado por 60 años”, jóvenes formados en teatro y en los hallazgos de la Comisión de la Verdad llevaron la memoria histórica a escenarios culturales y al Congreso, ante públicos que incluían a víctimas del conflicto armado, como las Madres de Soacha.

Para Regehr, lo valioso no es solo la cifra de participantes o los cargos que después ocupan, sino su capacidad de convertir aprendizajes en proyectos propios. El papel de la Fundación, señala, es brindarles herramientas para que desarrollen su potencial y contribuyan, desde sus propias iniciativas, a transformar las realidades de sus comunidades.
Dentro esta conmemoración, la Fundación Hanns Seidel, junto con la Fundación Compaz y el Centro para la Educación Política, impulsó un encuentro para reunir diferentes perspectivas: las de quienes participaron en la negociación, las instituciones responsables de la implementación, las víctimas y la comunidad internacional.
La iniciativa busca propiciar un balance que reconozca los avances sin eludir las responsabilidades y permita discutir asuntos que siguen pendientes: cómo garantizar los derechos en los territorios donde persiste la violencia, cómo sostener la justicia transicional y la búsqueda de desaparecidos cuando los recursos son limitados y cómo lograr que los jóvenes conozcan el Acuerdo y construyan su propio juicio sobre lo ocurrido.
En este contexto, Regehr destaca que la experiencia alemana recuerda que la responsabilidad frente al pasado no desaparece con el transcurso de las décadas. Aclara, sin embargo, que esto no significa equiparar las historias de ambos países, pues sus caminos son distintos. La tarea, desde su perspectiva, es escuchar, apoyar el diálogo entre los colombianos y contribuir a que la memoria se traduzca en compromisos para el futuro.
El papel de las nuevas generaciones
La participación de los jóvenes es otro de los aspectos que considera fundamentales para la construcción de paz. “La memoria no se hereda: cada generación tiene que conquistarla de nuevo”, afirma Regehr.
Muchos de quienes hoy empiezan a participar en la vida pública eran niños cuando se firmó el Acuerdo. Algunos crecieron directamente afectados por el conflicto; otros conocen esa historia por sus familias o la escuela. Por eso, considera que no se puede dar por hecho que todos han tenido las mismas oportunidades de escuchar testimonios, comprender lo pactado o formarse una opinión propia.
En ese sentido, sostiene que formar líderes no significa enseñarles qué pensar, sino darles herramientas para pensar por sí mismos y dialogar con quienes tienen posiciones diferentes. Esa convicción orienta el programa Politik, que trabaja con jóvenes de distintas regiones y perspectivas, promoviendo el análisis de los problemas de su entorno y el desarrollo de propuestas para sus comunidades.
Comprender el Acuerdo exige escuchar a las víctimas, conocer las razones que llevaron a la negociación y examinar tanto los avances como los incumplimientos. Los jóvenes no deben ser solamente espectadores de una historia que otros les cuentan. Necesitan espacios para hacer preguntas difíciles, disentir y participar de verdad en las decisiones que afectan su futuro, también fuera de las grandes ciudades. Allí empieza una cultura democrática capaz de tramitar las diferencias sin convertir al otro en enemigo.

Los retos para consolidar la paz
A una década de la firma, uno de los principales desafíos sigue siendo garantizar la presencia del Estado en las regiones. En numerosas zonas, la falta de justicia y oportunidades facilita que las economías ilegales y los grupos armados condicionen la vida cotidiana.
Según la Fundación Ideas para la Paz, a partir de cifras del Ministerio de Defensa, las estructuras armadas ilegales pasaron de 15.120 integrantes, incluidos miembros de sus redes de apoyo, en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. Para Regehr, su expansión tiene causas diversas, pero ilustra la magnitud del desafío.
La seguridad es indispensable, pero no basta. El Estado también tiene que garantizar derechos, servicios y posibilidades reales de desarrollo. Para consolidar la paz hacen falta instituciones territoriales capaces de responder a sus comunidades y una implementación que no dependa de cada cambio de gobierno. Esa continuidad es, ante todo, una responsabilidad del Estado colombiano.
Frente a este panorama, la Fundación Hanns Seidel continuará trabajando en la formación de liderazgos y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Entre sus planes para 2027 está impulsar una Escuela de Economía Social de Mercado para explorar cómo conciliar libertad económica con responsabilidad social y medioambiental, ampliar oportunidades y reducir desigualdades, como una contribución posible para abordar factores sociales que agravan los conflictos.
También busca profundizar la cooperación técnica entre el Congreso colombiano, el Bundestag y el Parlamento de Baviera en materia de prevención de conflictos y seguridad.
Diez años después de la firma del Acuerdo, el reto sigue siendo llevar sus compromisos a la vida cotidiana de las comunidades y garantizar que los avances puedan sostenerse en el tiempo. Como concluye Regehr: “La pregunta ya no es si la paz era posible, sino si sabremos consolidarla”.