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El laberinto de trabas burocráticas, que por décadas impidió el acceso equitativo a tierras en Risaralda, está al borde de resolverse. En el corazón del departamento cafetero, exactamente en el municipio de La Virginia, más de 100 familias cuentan los días para que la Hacienda Miralindo, un predio que perteneció a la mafia, pase a sus manos formalmente y, de esta manera, ellos puedan cosechar y aportar a la soberanía alimentaria del país.
El terreno estuvo, literalmente, envuelto en un enredo burocrático que, tan solo hasta ahora y gracias a la gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) bajo la dirección de Juan Felipe Harman y con el liderazgo del asesor de la ANT en el Eje Cafetero Rodrigo Toro, se empieza a resolver. Su entrega formal, que está a cuatro meses de ser realidad, demuestra que la justicia sí puede llegar para el campesinado y que la Reforma Agraria puede solucionar problemas burocráticos para cumplirle al campo. “Vamos a recuperar dos predios de la Hacienda Miralindo que en el pasado fue de la mafia. Devolver estas tierras y ponerlas al servicio de las comunidades campesinas y víctimas es un acto de justicia social y dignificación, en coherencia con el mandato del presidente Petro”, aseguró Felipe Harman, director de la ANT.
Saldando deudas
La Hacienda Miralindo ha estado envuelta en líos administrativos e, incluso, legales desde hace por lo menos 10 años. Los pobladores de La Virgina, en su mayoría campesinos que dependían de sus carretas y azadones para sobrevivir, alegan que hace décadas fueron desplazados por grupos armados y cuando quisieron recuperar sus hogares, las parcelas las habían englobado para formar un inmenso predio.
A principios de siglo, el terreno tuvo un nuevo dueño: alias “El Mocho”, quien se encargaba de gestionar la operación de narcotráfico del Cartel del Norte del Valle. Allí, mientras miles de campesinos sin tierra exigían igualdad, el capo utilizó la Hacienda para concentrar hectáreas, en una de las tierras más productivas de Colombia, como lo es la del Eje Cafetero.
Pero el título de propiedad volvió a cambiar, pues el Estado descubrió que esa finca, que es más extensa que ciudades enteras, la usaban para actividades ilícitas, razón por la cual le extinguió su dominio y la propiedad pasó a ser de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales. En el papel, los predios incautados al narcotráfico se deben destinar a víctimas de la guerra; organizaciones de vocación social o poblaciones vulnerables, pero en el caso de Miralindo eso no sucedió, pues las tierras quedaron bajo posesión del Ministerio de Defensa. Los campesinos, que por un momento se ilusionaron con recuperar sus hogares, no vieron resultados.
Fue gracias a una gestión y la coordinación interinstitucional encabezada por la Agencia Nacional de Tierras y su director, Felipe Harman, que se destrabó el asunto. El predio, al ser productivo, extenso y estar ubicado en un departamento de vocación turística, campesina y agrícola, lo pidieron diferentes entes en la región, desde cafeteros, constructores o ambientalistas, hasta funcionarios del gobierno local, para utilizarlo en obras de conservación o infraestructura.
En 2017, a los campesinos se les prometió que en “contados meses”, según dijeron los gobernantes de entonces, la tierra iba a tener títulos de propiedad campesina, pero no les cumplieron.... hasta ahora. “Cada vez más familias están más cerca de tener su tierra, sembrar con tranquilidad y construir un futuro con dignidad. Ese es el verdadero valor de lo que estamos logrando con la Reforma Agraria y las entregas de tierras”, explicó Rodrigo Toro, asesor de la ANT para el Eje Cafetero.
Las tierras que hoy conforman Miralindo beneficiarán a más de un centenar de familias de la zona rural de La Virginia y otros municipios como Balboa o Marsella. Algunas de esas familias sienten que la compensación por haber sufrido la guerra y la pobreza llega a través de estas tierras, que les entregará el Estado. Así opina John Jairo Bonilla, quien recuerda que en 2002 fue desplazado y luego de 23 años de espera y de exigir reparación al Estado, su clamor fue escuchado por la la ANT.
“Tuve que salir con lo que tenía puesto y llegar a La Virginia (predio de la Hacienda Miralindo) a empezar de cero. En nuestra tierra teníamos todo: cultivos, cosechas y una vida tranquila, pero lo perdimos en medio de la violencia. Hoy, gracias a la noticia que nos entrega la Agencia Nacional de Tierras, vuelve la esperanza. Para nosotros, para las 116 personas que hacemos parte de la Asociación, regresar al campo no significa solo recuperar lo perdido, sino cumplir un sueño colectivo de vida y dignidad”, dijo el Bonilla.
La entrega de este predio hace parte de una apuesta aún más ambiciosa de la ANT en Risaralda para ponerle punto final a reclamos históricos en la región. Por ejemplo, Rodrigo Toro, estuvo a cargo de otra misión para entregar personalmente 40 autos de titulación de tierras a familias campesinas del municipio de La Virginia. Los predios en total suman 160 hectáreas que les darán una nueva oportunidad a casi 1.000 campesinos para vivir de la tierra y dejar atrás los tiempos de tener que salir del campo ante la falta de oportunidades.
“Nos hemos encontrado con dificultades y con sectores que no creen en la Reforma, pero hoy estamos demostrando que sí es posible. Los avances que compartimos son reales y significan que cada vez más familias están más cerca de tener su tierra, de sembrar con tranquilidad y de construir un futuro con dignidad. Ese es el verdadero valor de lo que estamos logrando juntos”, explica Toro.
Justicia con enfoque étnico
Esta misma semana se realizaron otras acciones en Risaralda que también han cerrado una brecha de desigualdad que ha permanecido por décadas, específicamente con las comunidades étnicas del departamento.
La Agencia Nacional de Tierras logró constituir formalmente el resguardo Embera Chamí de Quinchía que llevaba pendiente de aprobación desde hace más de 30 años. El resguardo, que hoy les da un piso jurídico a más de 500 familias indígenas, permite que conserven sus costumbres étnicas, mantengan el arraigo en el territorio y, de cierta forma, blinden su hogar de amenazas que puedan desplazarlos y despojarlos.
Para otra comunidad, la Embera Chamí del municipio de Suratena, la justicia también llegó en forma de tierras. Felipe Harman y el equipo de la ANT arribaron a la región para entregar 268 hectáreas a más de 277 familias que han visto cómo la falta de oportunidades o la violencia los han vetado de estar en su región.
“Estas acciones reflejan no sólo cifras, sino vidas transformadas. Cada hectárea entregada y cada título formalizado son pasos firmes hacia un campo con justicia social y la dignidad rural, son semillas de un futuro más justo, productivo y digno para miles de familias campesinas y étnicas del departamento y el país”, explicó Harman al momento de entregar formalmente las tierras.
*Contenido desarrollado en alianza con la Agencia Nacional de Tierras