El trámite del referendo para la paz lo viví de cerca, como presidente del Congreso. La idea nació del Gobierno, de sus negociadores en La Habana y, por supuesto, del presidente Santos, conjuntamente con quienes fuimos ponentes del Marco Jurídico para la Paz, el senador Roy Barreras y el suscrito. La iniciativa aparece como una necesidad cuando se considera que es importante dejar claro cuál debe ser el mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz, descartando, como lo ha hecho el Gobierno, la idea de que sea a través de una Constituyente.
Entonces se consideró fundamental esta iniciativa por si se llegaba a avanzar en la firma de un acuerdo definitivo que pudiera ser refrendado por los colombianos en el primer semestre de 2014. Y para evitar cualquier inconveniente con el umbral, se decidió permitir que los colombianos pudieran salir a votar por los acuerdos de paz en las elecciones a Congreso o Presidencia.
Se trataba fundamentalmente de tener un seguro en la eventualidad de que se avanzara en el proceso para no improvisar después en el Congreso. De manera que se decidió presentar el proyecto apoyado por los partidos de Unidad Nacional. La primera decisión que se tomó es que el proyecto, que tenía que ser tramitado con mensaje de urgencia, debía tener un solo ponente en Senado y otro en Cámara, y se resolvió que sean Hernán Andrade, en el Senado, y Alfonso Prada, en la Cámara.
Entonces vino el momento más difícil de la iniciativa, que casualmente fue el día mismo que el proyecto se empezaba a discutir en las comisiones primeras conjuntas. En esa sesión se presentó una recusación contra todos los parlamentarios de la Unidad Nacional, con un argumento falaz y absurdo, y era que los congresistas de la coalición de Gobierno se iban a ver beneficiados de la convocatoria del referendo en marzo y que se iba a tomar la bandera de la paz para sus aspiraciones al Congreso. Al mismo tiempo señalaban que el proceso de paz no gozaba de simpatía por la opinión pública. Una posición contradictoria.
Por eso tocó llamar a la Comisión de Ética de Senado y Cámara, y resolver las recusaciones. En ese momento se estaba viviendo el síndrome de los conflictos de intereses por cuenta del trámite en el Consejo de Estado de la pérdida de investidura de los 12 parlamentarios que participaron en la conciliación de la reforma a la justicia. Eso también dilató un poco el trámite y se dio una carrera contrarreloj porque el Gobierno en ese entonces todavía aspiraba a llegar a un acuerdo final con las Farc antes de las elecciones de 2014.
En ese primer debate es que surgen los cuestionamientos de parte de Juan Lozano, José Darío Salazar y Juan Carlos Vélez, en el sentido de que se iba a realizar un referendo con las Farc en armas. Resultaba paradójico que quienes durante un año habían señalado que se iban a hacer acuerdos en La Habana de espaldas al país, aparecieran ahora oponiéndose a la facilitación de un mecanismo de participación ciudadana como el del referendo.
Con ese argumento, de que lo que estábamos impulsando era el pronunciamiento de los colombianos frente a eventuales acuerdos, se fue generando un consenso con todos los partidos, incluyendo a los congresistas de la oposición de izquierda. Así fue que rápidamente la iniciativa del referendo fue aprobada. Se pudo despejar el camino del proyecto con el acelerador a fondo. El afán era que saliera rápido, a mediados de noviembre por tarde, para la revisión previa en la Corte Constitucional.
Nunca se consideró que corriera peligro de hundirse y el peligro era más la dilación por parte de los pocos detractores. Finalmente, los acuerdos de La Habana no avanzaron tan rápido y el referendo, si lo avala la Corte, quedará como la posibilidad de convocar al referendo simultáneamente con elecciones, aunque será para un próximo momento, porque ya no se ve ninguna posibilidad de que se convoque para marzo o mayo.
* Presidente del Congreso.