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La audiencia del marco para la paz

Para la audiencia pública que la Corte Constitucional citó para debatir el Marco para la Paz la Comisión Colombiana de Juristas había trabajado por meses.

Gustavo Gallón* Especial para El Espectador
28 de diciembre de 2013 - 08:00 p. m.
Gustavo Gallón en (centro)  la audiencia en la Corte Constitucional el 25 de julio.
Gustavo Gallón en (centro) la audiencia en la Corte Constitucional el 25 de julio.

 Fueron muchos los días y las noches que le dedicamos, primero a construir la demanda y los días anteriores a la audiencia a escribir la presentación que ese día tenía que leer en una sala en la que estaba citado el presidente Santos; el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; el procurador general, Alejandro Ordóñez; el fiscal general, Eduardo Montealegre; los magistrados de las cortes, y los más destacados juristas del país.

Llegué un poco nervioso, por la solemnidad del ambiente y por lo delicado del tema que íbamos a tratar. Además, era consciente de que estábamos en minoría, por lo que había una exigencia de aprovechar al máximo los nuestros planteamientos. Pero en la medida en que la audiencia se fue desarrollando me fui sintiendo mejor, para lo que ayudó que los intervinientes trataban el tema con todo el rigor.

El primer objetivo era dejar claro que la demanda no buscaba tumbar el proceso de paz, sino enderezarlo, porque nuestra convicción es que si el proceso no tiene una buena resolución de la tensión entre el derecho a la paz y el derecho a la justicia, puede afectar la estabilidad del proceso de paz, porque hay muchas víctimas. Y en la forma en que estaba previsto el Marco para la Paz, pues se menospreciaba el derecho de las víctimas, porque se autorizaba dejar en la impunidad las violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

Nuestro llamado fue a que no había necesidad de hacer una mala operación jurídica que desconociera los derechos de las víctimas, porque el proceso de paz tiene que darse y darles una respuesta positiva a las víctimas y a quienes pacten la paz, porque no van a firmarla para irse a la cárcel. Pero el punto de partida de la discusión no puede ser si van o no a la cárcel, sino el reconocimiento del daño, la petición de perdón y la oferta de reparación, y sobre esa base pueden construirse fórmulas de administración del punto de la pena. No puede ser una paz pactada entre los combatientes, entre militares y guerrilleros, para decirse: nos perdonamos. Es que resulta que quien tiene que perdonar es la sociedad colombiana a lo que han hecho unos y otros.

El otro asunto importante era dejar claro que nuestros argumentos no eran los mismos que el sector que, encabezados por Uribe y el procurador, están en contra del proceso de paz. Por eso nuestros argumentos tenían que ser muy claros para desmarcarnos de esa comparación de que la derecha y la izquierda estaban en el mismo plan. Además, porque quienes se oponen al proceso de paz a última hora quisieron utilizar argumentos de derechos humanos por los cuales no se han interesado nunca y no se interesaron cuando el proceso con los paramilitares.

Nosotros hemos tenido una actitud coherente en ese sentido. Los derechos de las víctimas y la necesidad de armonizar la tensión entre justicia y paz ha sido una lucha nuestra de siempre. Las críticas que ha lanzado el procurador y el uribismo revelan una incongruencia notable en relación con el desprecio que tuvieron por el derecho de las víctimas en el proceso con las autodefensas, pero al final de la audiencia quedó claro que esta vez no lograron casarnos y ponernos en matrimonio con la ultraderecha. Podemos tener argumentos parecidos, pero no iguales.

 

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas y demandante del Marco par la Paz.

Por Gustavo Gallón* Especial para El Espectador

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