Dos hechos marcaron la consolidación del proceso de paz con las autodefensas. Las confesiones de los jefes desmovilizados ante los fiscales de Justicia y Paz, y la destrucción de las 18.051 armas entregadas con ocasión de las desmovilizaciones colectivas, después de un empadronamiento exhaustivo que permitió la identificación de cada arma y pruebas balísticas que quedaron en el archivo de la Fiscalía como soporte para investigaciones posteriores.
Como lo reconoció el Fiscal de la Corte Penal Internacional en su reciente visita a Colombia, abrimos un camino pionero en el mundo: aplicación de la justicia en el marco de un proceso de paz. Gracias a las versiones libres de los desmovilizados, se han logrado esclarecer más de 4.000 crímenes y exhumado cerca de mil cadáveres, con información adicional sobre otros 3.000. Más de 100.000 víctimas se han identificado ante las autoridades competentes esperando reparación.
Quedó pendiente resolver la situación jurídica de 19.600 desmovilizados, según lo establece la Ley 782 de 2002 y el artículo 69 de la Ley de Justicia y Paz. Después del fallo de la Corte Suprema del 11 de julio de este año, cuyo aspecto sustantivo comparte el Gobierno (que el concierto para delinquir agravado no puede ser considerado delito político), se creó confusión entre los operadores judiciales sobre la viabilidad de esta salida jurídica, por lo que el Gobierno presentó un proyecto de ley en el Congreso para ratificar la vigencia de estas normas. Insistiremos en este marco jurídico como camino adecuado para solucionar el problema.
Esfuerzos con el ELN
Con el ELN se avanzó en la negociación del Acuerdo Base, contando en el momento con una propuesta discutida en la mesa que incluye un cese al fuego y las hostilidades con reciprocidad gubernamental, liberación de secuestrados, y puesta en marcha de una dinámica participativa que conduzca a la Convención Nacional. El Gobierno ha reiterado su disposición a firmar dicho acuerdo, contando con un plazo de entre uno y dos meses para puntualizar aspectos en los que subsisten diferencias, como lo relacionado con la verificación del cese al fuego y las hostilidades. Sin embargo, la actitud del ELN ha sido dilatoria.
El Gobierno ha ofrecido un modelo flexible, que en un primer momento pasa por la ubicación del COCE en un lugar visible de la geografía nacional para adelantar tareas de paz y compromiso de informar sobre las actividades del ELN que quedarían sometidas a un proceso de verificación. La última excusa de este grupo para no avanzar está relacionada con la suspensión de las gestiones del presidente Hugo Chávez. La realidad, sin embargo, parece ser otra: un sector del ELN cada vez más vinculado con el narcotráfico, ha endurecido su posición, mientras en la cúpula se busca unidad de acción militar y política con las Farc.
Esfuerzos con las Farc
Con las FARC se cierra el año con una propuesta concreta por parte del Gobierno para una zona de encuentro. Zona rural, de cerca de 150 km2, sin población civil ni unidades militares o de Policía que sea necesario remover, con observadores internacionales. Zona para dialogar, a fin de encontrar una fórmula para la liberación de los secuestrados. Entre tanto, el Gobierno ha presentado a diferentes entidades del Estado y a los partidos políticos un proyecto de decreto reglamentario del artículo 61 de la Ley 975 de 2005 que permite al Presidente de la República solicitar la suspensión condicional de la pena para miembros de dicho grupo, en caso de lograrse el acuerdo.
Los grandes esfuerzos realizados este año, como la excarcelación de Rodrigo Granda y de más de un centenar de guerrilleros que estaban en las cárceles por el delito de rebelión; o la apertura del Gobierno para que la senadora Piedad Córdoba y el presidente Hugo Chávez adelantaran una labor facilitadora, no motivaron a este grupo para cambiar su posición de exigir un despeje militar.
En una reunión de la que fue excluido el Gobierno por solicitud expresa de los facilitadores, Iván Márquez reiteró en Caracas su exigencia de condicionar un diálogo sobre la liberación de los secuestrados al despeje de estos dos municipios del Valle del Cauca, desaprovechando su presencia en Venezuela para pactar de inmediato un acuerdo humanitario, como lo requerían la sociedad y el Gobierno colombiano.
La decisión de las Farc de liberar unilateralmente a un grupo de secuestrados, muestra que ese grupo no tiene problemas en entregar el resto si así lo quisiera. El Gobierno da la bienvenida a las liberaciones unilaterales, mientras insiste en su disposición para poner en marcha una zona de encuentro con el único propósito de lograr un acuerdo humanitario en un período máximo de 30 días. El Gobierno confía en la labor de la Iglesia para acordar con las Farc el sitio donde se adelantará la reunión.
Las Farc no pueden seguir insistiendo en pedir al Gobierno que para hablar de la liberación de medio centenar de secuestrados se les entregue como rehenes a 110.000 habitantes de Pradera y Florida. Los despejes no llevan a la paz sino a la intensificación de la violencia. Cosa diferente es una zona de encuentro para dialogar en condiciones de seguridad para alcanzar un acuerdo. Bajo este criterio el Gobierno sigue dispuesto a encontrar una salida inmediata y razonable.
* Alto Comisionado para la Paz