Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Tuvieron que pasardécadas de disputas judiciales y reclamos por la tierra para que los pueblos étnicos de Colombia volvieran a ser propietarios de sus predios. A poco menos de un semestre para acabar el mandato de Gustavo Petro, las poblaciones negras e indígenas distribuidas en todo el país resultan ser las más beneficiadas, pues recibieron tierras y en esas mismas fincas pueden fortalecer el arraigo territorial, apostarle a la paz y luchar por la soberanía alimentaria del país.
La Agencia Nacional de Tierras reveló esta semana que durante la administración de Juan Felipe Harman se superó un umbral histórico de tierras productivas entregadas a comunidades indígenas y afro. De acuerdo con el director Harman, se han formalizado más de 1.5 millones de hectáreas en departamentos donde las comunidades étnicas siempre vivieron desplazamiento, desatención estatal o despojo, como es el caso de Antioquia, Córdoba o La Guajira. Del total, cerca de 100.000 hectáreas han sido entregadas formalmente para consolidar procesos comunitarios y proteger la supervivencia de estos pueblos.
Farlin Perea, director de Asuntos Étnicos de la ANT, resalta la importancia de poner en manos étnicas tierras que desde la fundación de Colombia como República han estado concentradas en unas cuantas personas. “La Reforma Agraria también es étnica y reconoce la deuda histórica con los pueblos indígenas y las comunidades negras del país. Con la tierra en manos de los pueblos étnicos, les devolvemos dignidad y construimos la paz territorial”, explica Perea.
Para entender la magnitud: estas tierras están distribuidas en 412 predios de algunas de las regiones más ricas en productividad de 25 departamentos del país. Su extensión no es un dato menor, pues las fincas entregadas por la ANT para consejos comunitarios negros o resguardos indígenas representan un territorio ocho veces más grande que la superficie de Bogotá.
“Estas acciones permiten fortalecer el control territorial de las comunidades, frenar la frontera agropecuaria y consolidar la restauración y conservación ambiental liderada por estos pueblos étnicos”, señaló Olinto Mazabuel, subdirector de Asuntos Étnicos de la ANT.
Del total, 918.000 fueron destinadas a ampliar resguardos indígenas; 554.000 entregadas para constituir nuevas jurisdicciones y 67.000 se titularon colectivamente a consejos negros.
Cambiando el territorio
Las entregas, en la mayoría de los casos, no solo llegan como moneda de reparación; también ponen punto final a décadas de reclamos y revictimización de estas comunidades. Ese es el caso de Caloto, un paraje en Cauca que vivió una de los hechos violentos más cruentos del conflicto: la masacre del Nilo, en que 21 integrantes de la comunidad indígena fueron asesinados, precisamente, para crear terror y despojarlos de esas tierras ancestrales. Allí, la Agencia entregó 25 predios que engloban 452 hectáreas que reparan los daños causados por la guerra y reconocen la propiedad comunitaria tanto de los descendientes de esos indígenas asesinados como de consejos negros que esperaron 30 años por una respuesta estatal.
El caso deambuló por estrados judiciales durante años, hasta que en 2014 el Consejo de Estado condenó a la Nación y al Ministerio de Defensa por haber permitido y participado en el asesinato de esos líderes indígenas. Aunque la sentencia fue proferida, fue solo hasta este momento que el gobierno Petro y la Agencia Nacional de Tierras han movido las fichas necesarias para reparar a esta comunidad con tierras y acceso a proyectos productivos que beneficiarán a cerca de 8.000 familias del Cauca.
“Hemos estado en conflicto por la llegada de muchos moradores de afuera, entonces le agradecemos a la Agencia Nacional de Tierras que, de aquí para adelante, la Reforma Agraria siga siendo un impulso para nosotros, para seguir perviviendo en nuestros territorios”, expresó el gobernador indígena de la etnia Wiwa, Julio Daza, quien también recibió tierras en una comunidad étnica de La Guajira.
Esas historias de reparación también están presentes en el 78 % de los departamentos del país. De acuerdo con la ANT, las entregas a comunidades étnicas se han dado entre 2022 y 2025 en territorios como Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, Tolima, Sucre y Valle del Cauca. Además, han estado acompañadas de una inversión de COP 82.079 millones que han financiado 175 proyectos productivos en las regiones.
Perea, por su parte, comenta que estas tierras son fundamentales no solo para el desarrollo de la Reforma Agraria, sino del futuro de las comunidades étnicas. “Demuestra que estamos cumplido con compromisos del Estado con ellos, que son víctimas del conflicto armado y llevaban tres décadas, o más, para ser reparadas”, concluye Perea.