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En una decisión histórica para la justicia agraria, la Corte Constitucional resolvió la demanda interpuesta por el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman, contra la fase judicial del procedimiento único establecido en el Decreto Ley 902 de 2017: “Por el cual se adoptan medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras”. De esta manera, se establecen las bases clave para la puesta en marcha de la jurisdicción agraria en Colombia.
“La Corte, le ha ordenado al Consejo Superior de la Judicatura poner en marcha, a partir de 2027, la jurisdicción agraria, con o sin apoyo del Congreso. Una decisión de la sala plena que le pone punto final a la espera de los campesinos para tener una justicia al alcance y el acceso de todos los conflictos agrarios que se originan en este país”, confirmó el director Juan Felipe Harman.
El alto tribunal adoptó una decisión que marca un punto de inflexión en la institucionalidad rural, al impartir dos órdenes de alto alcance. En primer lugar, ordenó al Consejo Superior de la Judicatura adelantar todas las actuaciones necesarias para la creación e implementación progresiva de los juzgados y tribunales agrarios y rurales a partir del año 2027, una decisión histórica hacia la consolidación de una justicia especializada para el campo colombiano.
En segundo lugar, la Corte hizo un llamado al Congreso de la República de Colombia para que apruebe, a la mayor brevedad, la ley ordinaria que materialice la entrada en funcionamiento de la jurisdicción agraria, en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023.
La decisión reafirma la necesidad de garantizar el principio del juez especializado en la resolución de conflictos rurales y fortalece la seguridad jurídica en el campo, al tiempo que consolida la hoja de ruta institucional para la creación de una justicia agraria eficaz.
Con este fallo, el Estado colombiano da un paso firme hacia la resolución estructural de los conflictos por la tierra, respaldando la estrategia jurídica liderada por la Agencia Nacional de Tierras bajo la dirección de Juan Felipe Harman.
El fallo, adoptado por unanimidad con nueve votos a favor, se convierte en un hito para la institucionalidad agraria del país, pues habilita disposiciones importantes para avanzar en la consolidación de una jurisdicción especializada que atienda los temas del campo colombiano.
Esta victoria judicial respalda el rumbo de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro y envía un mensaje contundente sobre la urgencia de cerrar las brechas históricas en el acceso y uso de la tierra a campesinos, víctimas de la violencia, firmantes de paz y comunidades étnicas en Colombia. De esta manera, Colombia avanza hacia una justicia rural especializada con reglas justas, instituciones definidas y plazos concretos.