El 19 de noviembre de 2012 fue triste para los colombianos, pues fue el día en que perdimos una parte importante de nuestros derechos sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental en el mar Caribe occidental. Aunque era de suponer que el país perdiera algo de zona económica y plataforma continental, nadie se imaginó un resultado tan adverso y menos uno que enclavara algunas islas del archipiélago de San Andrés.
Estuve, junto con otros abogados, en el Palacio de Nariño y pude sentir de cerca la enorme tristeza, combinada con ira y frustración, del presidente Santos, de la canciller Holguín y de muchos miembros del Gobierno frente a la gravedad del problema que enfrentaba Colombia. Fueron muchos los debates sobre cómo podía reaccionar el Gobierno; al final prevaleció la cordura y por ello desde ese mismo día el presidente manifestó que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) era inaplicable: fueron unas palabras muy pensadas y, afortunadamente, han servido para sentar el rumbo de lo que semanas y meses después se iba a hacer.
Desde antes del fallo la canciller había solicitado a algunas personas pensar en alternativas de acción frente a posibles resultados y, obviamente, una vez conocido el fallo, esos esfuerzos se intensificaron. Vi de cerca cómo ella inmediatamente optó por buscar apoyo jurídico nacional e internacional, para lo cual pidió varias opiniones de reconocidos juristas de talla mundial, contrató la firma Volterra Fietta y conformó un grupo asesor de abogados nacionales.
Fui partícipe y testigo de los debates del grupo nacional y de los trabajos de Volterra. Viví intensamente los debates y puedo dar fe del enorme compromiso de todos quienes integraron ese grupo, así como de su voluntad de encontrar caminos frente a lo ocurrido. Finalmente, las conclusiones se dieron por consenso, y de ese trabajo resultaron ideas que marcaron el rumbo de acciones posteriores. El concepto de la zona contigua integral fue el producto de ese grupo y resultó ser a la postre elemento fundamental de la estrategia nacional y figura de muy buen recibo por parte de connotados internacionalistas.
Vi de cerca durante todo el año los enormes esfuerzos del presidente y la canciller para articular una estrategia sensata y coherente: no se dejó piedra sin voltear ni tema sin estudiar. En muchas reuniones se analizaron todas las combinaciones de soluciones y al final el presidente Santos y la ministra Holguín dieron el rumbo político y jurídico que quedó plasmado en la alocución de septiembre. Ese rumbo ha sido y será siendo eje de las acciones colombianas en el futuro inmediato.
Sin embargo, ahí no terminó el tema: desde ese entonces se preveía que Nicaragua presentaría nuevas demandas, una por plataforma continental y otra relacionada con el supuesto incumplimiento de Colombia. Desde ese momento se nos pidió a los abogados que empezaramos a prepararnos. Conseguimos los mejores abogados internacionalistas: es difícil concebir un equipo mejor que el que tiene Colombia. Por eso nada fue una sorpresa y por ello mismo Colombia está muy bien preparada para defenderse y contraatacar. No obstante, el equipo no se quedó en eso, pues miró también otras posibilidades, desde demandas de interpretación hasta demandas de revisión, incluyendo la sugerida por la excanciller Noemí Sanín. Fueron sesiones largas e intensas y, como antes dije, se exploraron hasta la saciedad todos los caminos posibles. Y eso se hizo de la mano de expertos nacionales e internacionales de primera línea.
Puedo decir con satisfacción que estuve en el diseño e implementación de parte importante de la estrategia del país frente a Nicaragua. Sin embargo, no estuve solo: fueron muchos los que participaron en ese diseño e implementación. Obviamente, no hemos terminado, pues a todos nos queda un reto: llevar a cabo esa estrategia, verla avanzar, producir resultados y tratar de sacar adelante los intereses de Colombia. Y hay que ser optimista: bien puede ser que a la larga ayudemos a que se recupere algo de lo perdido…