Esta semana se cumplieron nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, que desarmó a las Farc, una de las guerrillas más antiguas del continente. Con esto, no solo se puso fin a uno de los conflictos internos más largos de la historia reciente, sino que el Estado se comprometió a saldar una deuda que, por décadas, alimentó esa guerra: garantizar el acceso equitativo a tierras y llegar a miles de campesinos en sus veredas.
“Se trata de dar inicio a una fase de transición que contribuya a una integración de nuestros territorios; mayor inclusión social de quienes han vivido al margen del desarrollo y han padecido el conflicto”, reza uno de los apartados del documento que se firmó en el Teatro Colón.
Casi una década después, las cifras demuestran que es en el Gobierno del Gustavo Petro donde se ve el mayor avance en el Punto 1, que se refiere a la Reforma Rural Integral, y que pretende dejar atrás conflictos, delitos y miles de desplazamientos, que se dieron a causa de la distribución desigual de la tierra.
Para Juan Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), el cumplimiento de este apartado es la columna vertebral para demostrar que la paz en los territorios sí es posible. Y es que, como director de esta entidad, que antes fue el Incoder, luego el Incora y ahora la ANT, Harman asegura que al distribuir la tierra con equidad y como moneda de reparación, se da un paso clave para alejar la guerra del campo colombiano.
“Cada hectárea desmonta la desigualdad que motivó la guerra y abre camino a la justicia en el campo (...). El Gobierno está cumpliendo lo que el país firmó y lo que la historia le debe al campesinado: tierras, derechos y verdad”, comenta Harman.
Según ordenó el Acuerdo, cada gobierno presidencial, durante su mandato, debía disponer de un millón de hectáreas para el Fondo de Tierras, fuese a través de recuperaciones a ocupantes indebidos, predios decomisados a la mafia, baldíos, o territorios donados. Pero el balance en los gobiernos de los exmandatarios Juan Manuel Santos e Iván Duque se quedó corto.
El gobierno Santos entregó tan sólo 32.614 hectáreas, mientras que en el Gobierno Duque, de 2018 a 2022, tuvo un balance de 27.827 hectáreas. Esto no representa siquiera el 10 % de las obligaciones que ambos mandatarios tenían para cumplir el primer punto del Acuerdo.
En el período de Gustavo Petro, el panorama cambió. A ocho meses de dejar la Casa de Nariño, el primer presidente de izquierdas tiene a su favor un saldo de 700.000 hectáreas gestionadas, la mayoría destinadas a campesinos y quienes, precisamente, a causa de los conflictos agrarios, se alejaron de su misión.
Segunda oportunidad
En ese historial hay casos emblemáticos como el caso, por ejemplo, las tierras que llegaron 27 años después a los habitantes que presenciaron la masacre de El Aro, en 1997. La población vivió un crimen cometido a manos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá: dejó 17 campesinos asesinados, 42 casas reducidas a cenizas y 1.400 personas que se desplazaron y dejaron sus tierras y enseres a causa del miedo. La mayoría de ellos entraron en una espiral de informalidad, pobreza y, aunque ocuparan algunos predios en Antioquia u otros departamentos, carecían de escrituras y de seguridad jurídica para permanecer allí.
Hasta que, casi tres décadas después, la ANT les entregó a esas familias que sobrevivieron la masacre más de 4.133 hectáreas mediante títulos de propiedad para que 265 familias pudieran rehacer su vida a través del arraigo y la tierra.
“Estos títulos son una forma de reparación porque la mayoría de los que habitan aquí no cuentan con escrituras o títulos de los predios y así es mucho más difícil que lleguen los proyectos al territorio”, dijo en ese entonces Tulio Mejía, líder comunitario de El Aro y beneficiario de tierras.
O también está el caso de Jeiminson, una de las 12.800 personas que aceptaron cambiar las armas por la paz. A él y a otros firmantes les entregaron tierras, medida que, para él, representa un avance del Acuerdo. En total, hay un saldo de 18.208 hectáreas entregadas a firmantes de paz que, con títulos y seguridad de tener una tierra propia, pueden continuar transformando antiguos epicentros de conflicto en proyectos de paz junto a sus comunidades y sus familias.
“Siempre supimos que el Acuerdo de La Habana no era un punto final, sino de partida, para continuar la lucha a través de otros mecanismos. Las hectáreas entregadas cumplen, de cierta forma, el Punto 1 y muestra que el resto del Estado debe llegar a los territorios para generar progreso. La tierra no lo es todo, pero es un primer paso”, comenta.
El firmante hoy vive en Meta, uno de los departamentos que convivió durante décadas con el conflicto, pero que hoy, según registros de la Agencia Nacional de Tierras, es la región donde más predios se han entregado a antiguos combatientes de las Farc, con un total de 4.873 hectáreas.
Los registros indican que también se han entregado en Santander, con 2.432 hectáreas; Huila, con 2.002 hectáreas; Cesar, con 1.952 hectáreas; Tolima, con 1.460 hectáreas; Guaviare, con 1.100 hectáreas; y Norte de Santander, con 1.078 hectáreas. El resto de los predios se encuentra en Caquetá, Casanare, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, La Guajira, Sucre, Cauca, Putumayo y Nariño.
Esto significa que la ANT ha llegado a casi el 60 % de los departamentos, para seguir dando argumentos de que la paz y la reincorporación sí es posible.
“Mientras los gobiernos anteriores entregaron apenas 676 hectáreas en seis años, el gobierno actual ha multiplicado por 27 esa cifra en solo tres, devolviendo la esperanza a las familias firmantes, de aportar al desarrollo productivo del país y construir paz desde sus territorios”, explica la ANT.
Pero las tierras no solo resuelven guerras del pasado, sino también violencias que se viven en el presente. A inicios de noviembre, Harman asistió a la Corte Constitucional para rendir cuentas sobre cómo la ANT ha trabajado para que el Catatumbo, una de las regiones más críticas en cuanto a derechos humanos, pudiera salir de ese torbellino de violencia.
El director Felipe Harman mencionó que se diseñó una estrategia para que firmantes de paz que habitan territorios del Catatumbo, en lugar de seguir viviendo episodios de guerra en sus vidas, puedan seguir respaldando la paz desde sus propias tierras. Es por eso que la ANT entregó 1.055 hectáreas productivas a firmantes del ETCR Caño Indio, que desarrollan productos alimentarios.
El resultado: seguridad económica para no volver al frente de batalla, garantías jurídicas de no ser desplazados nunca más de sus hogares y producción de comida a gran escala para ofrecer soberanía alimentaria al país.
“Hemos recibido la entrega de una tierra que esperábamos hace más de nueve años y hoy es una realidad. Es una esperanza, una ilusión para cada uno de los firmantes que nos encontrábamos en Caño Indio. Hoy podemos decir que vamos a construir nuestras viviendas, nuestro futuro”, recalcó. Dairo Vallejo, firmante que hoy lidera los procesos productivos en esos predios del Catatumbo.
Moneda de reparación
Don Jaime Ojeda aún recuerda cómo buscó por 37 años una parcela que le asegurara a él y a los demás sobrevivientes de la masacre de la Mejor Esquina la tranquilidad de no volver a tener que desplazarse y planear un futuro. Todavía rememora cómo el sábado santo de 1988 un grupo paramilitar asesinó 27 personas, incluso niños, destruyendo el arraigo por su tierra y sembrando temor.
Pero con la entrega de 836 hectáreas, Ojeda asegura que la esperanza volvió a su vida. “Estas tierras son una forma de reparación colectiva a todo lo que tuvimos que vivir por casi cuatro décadas. Pusimos a los muertos en esta guerra y quedamos en el olvido. Pero tener nuestros propios predios podemos apostarle a la vida y la paz, incluso después de lo que sucedió”, comenta don Jaime.
Durante los últimos tres años este tipo de historias se vienen replicando en diferentes latitudes del país. Campesinos, víctimas, comunidades étnicas y firmantes dicen con orgullo “Esta tierra sí es mía”. El caso de Jaime, en Buenavista (Córdoba), ilustra que incluso en uno de los departamentos que sirvió de laboratorio paramilitar, la tierra hoy es sinónimo de paz.
“Por años pedimos a los terratenientes que nos arrendaran sus tierras para cultivar. Cuando un estómago está vacío, la persona es frágil de caer en las manos de la guerra. Las casi 500 familias que hoy ocupamos estos terrenos, tenemos un techo donde vivir, terrenos para sembrar nuestros alimentos y sobre todo, la tranquilidad de sentirnos protegidos frente a ese riesgo”, comenta Jaime.
En esos predios que la Agencia Nacional de Tierras ha entregado hay historias de mujeres víctimas de violencia, consejos comunitarios afro o pueblos campesinos que, luego de recibir la tierra, decidieron pasar la página y centrarse en un futuro donde la paz y la soberanía alimentaria estén garantizadas. En total, los registros de la ANT contabilizan al menos 1.800.000 hectáreas formalizadas para que más familias campesinas y víctimas del conflicto puedan acceder a una reparación que, en la mayoría de los casos, quedó en instancias judiciales. Hoy, esas familias cuentan con una garantía jurídica sobre sus predios.
La finca de don Jaime, por ejemplo, pasó de ser un inmenso terreno en propiedad de unas cuantas manos a convertirse en una verdadera fábrica donde hoy cosechan maíz, ajonjolí, frijol y yuca, productos que venden en las plazas de mercado de la región y llenan las despensas de sus propios hogares.
Apuesta a futuro
Aunque haya reparos frente a cómo, cuánta y en dónde se está entregando la tierra a quienes la cosechan, las acciones de la ANT han tenido reconocimientos internacionales. El pasado 3 de octubre, en el Consejo de Seguridad de la ONU, emisarios de varios países aplaudieron que el Acuerdo se esté implementando a través de saldar deudas históricas con el agro en Colombia. Países como China, Francia, Corea del Sur, Eslovenia, Guyana, entre otros, resaltaron la labor y, algunos incluso destacaron que este modelo demuestra tener efectos reales para alcanzar la paz.
El representante de la República Popular China, Fu Cong, destacó los avances del país al afirmar: “Felicitamos a Colombia por facilitar el acceso a la tierra y la vivienda para los excombatientes, así como por promover su participación en proyectos productivos. Animamos a que continúe impulsando la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, con el fin de ampliar sus beneficios y llevar más progreso a las comunidades”.
A su turno, la embajadora de Grecia, Aglaia Balta resaltó “el vínculo entre la Reforma Agraria y la reincorporación resulta clave para reducir la violencia en las zonas rurales, al ofrecer oportunidades reales de desarrollo y garantizar que la implementación del Acuerdo de Paz se traduzca en transformaciones concretas para las comunidades rurales y para quienes dejaron las armas”, comentó.
Pero hay algo claro: la tierra, que por tantos años fue el motor de conflictos y escenario de masacres y violencia, hoy está siendo el centro de producción para víctimas, firmantes y campesinos que sacan sus productos y los comercializan en los mercados regionales, contribuyendo a garantizar la soberanía alimentaria del país.
Ahora es tarea de quienes siembran las hectáreas que esa apuesta se mantenga y del Gobierno Petro, de seguir llegando a los territorios que por tantos años exigieron estas tierras para fortalecer la soberanía alimentaria y, ante todo, la posibilidad de soñar con un país en paz.