El planeta exige medidas más drásticas para la protección del medio ambiente. ¿Qué ha hecho el Ministerio pensando no solo en una recuperación económica del país, sino ambiental después de tantos meses de pandemia?
Hemos logrado consolidar y robustecer la agenda ambiental del país con acciones concretas en los territorios y construidas con las comunidades. Desde hace unas semanas, Colombia cuenta con la Ley de Delitos Ambientales, una herramienta de protección de la biodiversidad que incluyó nuevos crímenes y su penalización, como la deforestación, que antes era excarcelable; la promoción y la financiación de la deforestación, el tráfico de fauna, la invasión de áreas de especial importancia ecológica, también son delitos que ahora se pagan hasta con quince años de cárcel. También expedimos el decreto que regula el manejo sostenible de la flora silvestre y de los productos forestales no maderables.
Dado que el 50 % de los páramos del mundo están en Colombia, ¿qué trabajos se están adelantando para cuidar estos ecosistemas?
Estamos consolidando la Alianza Global por los Páramos, que busca cooperación internacional, financiera y académica para investigar y trabajar sobre soluciones de sostenibilidad en estos ecosistemas en todo el mundo. Además, hemos desarrollado varios proyectos, como el GEF Páramos para la Vida, que tiene una inversión de US$15 millones y está orientado a fortalecer la gobernanza con la comunidad, la conservación de la biodiversidad y apoyar la transición hacia actividades compatibles con la conservación de los páramos de Santurbán-Berlín, Guanacas-Puracé-Coconucos, Pisba y Los Nevados. También, con recursos de la Unión Europea hemos beneficiado a 1.200 personas con actividades de reconversión productiva, logrando proyectos piloto de restauración en páramos degradados en más de 1.100 hectáreas. Y, recientemente, culminamos el proyecto Adaptación al Cambio Climático en la Alta Montaña.
¿Qué proyectos presentarán en esta legislatura?
Vamos a radicar tres proyectos: la Ley de Acción Climática, que busca elevar a rango legal la ejecución de acciones y esquemas que le permitirán al país avanzar en las metas ambientales del país a mediano y largo plazo, entre las que se encuentran reducir en un 51 % la emisión de gases efecto invernadero al 2030 y alcanzar la carbono neutralidad al 2050. En segundo lugar, el proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA), con el que buscamos reformar las Corporaciones Autónomas Regionales desde su seno administrativo, y, en tercer lugar, radicaremos, nuevamente, el proyecto de ratificación del Acuerdo de Escazú.
¿Cómo se puede incentivar el turismo en los parques naturales?
Definitivamente, para cuidar nuestros recursos naturales necesitamos conocerlos. Tenemos 59 parques, 36 de ellos con vocación turística, que representan gran parte de esa riqueza natural que tenemos. Hoy, después de la pandemia, ya hemos abierto al público 17. El turismo de naturaleza puede representar un escalón muy importante para la economía del país.
¿Qué se hará en lo que queda de 2021 para lograr la meta de llegar a cero deforestación en 2030?
En el primer trimestre de 2021 se logró una disminución del 30 % de la deforestación en los tres departamentos que históricamente le aportaban a esa cifra. Vamos a continuar trabajando bajo cuatro ejes estratégicos, que son legislación (como la Ley de Delitos Ambientales y el Decreto de los productos forestales no maderables), control de la ilegalidad, inversión social y monitoreo de incendios de la mano del sector público y privado, cooperación internacional, autoridades locales, organizaciones no gubernamentales y la comunidad, entre otros. En este sentido, ya hemos sembrado cerca de 70 millones de árboles y, con la Campaña Artemisa, hemos logrado el control de más de 14.500 hectáreas de bosque que habían sido deforestadas.
¿Qué cambios traera al país la Ley de Acción Climática?
El principal es que permitirá orientar nuestro país por la senda de reducir el 51 % de nuestras emisiones a 2030, así como el crecimiento bajo en carbono, la carbono neutralidad y la resiliencia climática. Crearemos un escenario de seguridad jurídica y de previsibilidad no solo para las instituciones públicas, sino también para las empresas y la ciudadanía en general; manda un mensaje contundente sobre el compromiso de Colombia en la gestión efectiva del cambio climático, lo que nos facilitará el apalancamiento de recursos y nos mantiene a la vanguardia de las acciones en materia de cambio climático, pues ya son varios países los que han elevado a nivel de ley sus metas.
El país es un referente en movilidad sostenible en la región, con mayor número de ventas de vehículos híbridos y eléctricos. ¿Han pensado alguna política para incentivar el uso de estos dentro de ese nuevo modelo de crecimiento verde?
Colombia cuenta con una ley que promueve la movilidad eléctrica como una medida de reducción de emisiones contaminantes. La meta de este Gobierno es la incorporación al parque automotor colombiano de 6.000 vehículos eléctricos rodando en Colombia para agosto del 2022, ya Mintransporte ha anunciado que estamos cerca de llegar a los 5.000 vehículos.
¿Cuáles son las expectativas del Ministerio de Ambiente en este último año de gobierno?
Estamos preparando al país desde la cultura y la conciencia ambiental para los próximos años. Vamos a seguir trabajando en las once prioridades que hemos definido: lucha contra la deforestación, 180 millones de árboles, las metas establecidas en la NDC, fortalecimiento del ecoturismo, biodiverciudades, economía circular, fortalecimiento del SINA, educación ambiental, protección de páramos, Pacto de Leticia y protección de océanos, con tres acciones claves: incrementar la conciencia ambiental entre la ciudadanía, gestionar más recursos de cooperación internacional para atender los desafíos ambientales y vincular a más aliados de los sectores público y privado a las estrategias del Estado.