Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Una luz de esperanza volvió a iluminar la vida de cientos de familias campesinas que hace días vieron cómo sus cultivos, casas y enseres, esos que tardaron toda una vida en construir, fueron inundándose y perdiéndose poco a poco con la ola invernal. Esta semana, la Agencia Nacional de Tierras se sumó a Misión Córdoba, la apuesta gubernamental en la que el presidente Gustavo Petro y su gabinete pretenden ofrecer respuestas a la situación de vulnerabilidad que campesinos, pescadores y habitantes de los cascos urbanos han vivido por semanas a causa de las lluvias extremas.
La Agencia, en cabeza del director Juan Felipe Harman, desplegó cerca de 50 funcionarios en el territorio con el propósito de recorrer, junto a campesinos afectados y pescadores, los puntos críticos que provocaron las inundaciones y entregar tierra a los damnificados.
“Hoy entregamos tierras a damnificados y estamos escuchando a quienes están padeciendo las consecuencias de esta enorme emergencia climática (...). Se buscará salvaguardar a las familias de Córdoba y vamos a asegurar que con estas tierras que entregamos, estén en mejores situaciones que en los albergues”, señala Harman.
Reencauzar la esperanza
Los cordobeses en las fronteras de Montería tienen algo claro. Toda el agua que arrastró sus cultivos y fracturó su proyecto de vida, en algún momento, tendrá que alejarse de las tierras que les dan el sustento. Por eso asistieron esta semana, junto a representantes de la Agencia Nacional de Tierras, a la Universidad de Córdoba, en Montería, para participar en la Junta de Defensa de Baldíos.
El miércoles la Agencia compartió espacios de diálogo junto a las comunidades campesinas y pescadores del territorio en el que se identificaron cuáles puntos fueron los causantes de las inundaciones en las ciénagas y playones.
Un día después, 50 funcionarios fueron desplegados por los parajes cordobeses con una hoja de ruta para intervenirlos y así prevenir futuros desbordamientos.
Al encuentro asistieron, además de el equipo de la ANT, campesinos y pescadores de municipios que por años han alertado que el acaparamiento de tierras y los desvíos de los cuerpos de agua tendrían consecuencias irremediables para el departamento y sus habitantes. En abril de 1999, por ejemplo, Lucindo Domicó, un líder indígena Emberá fue asesinado tras meses de oponerse a la construcción de la hidroeléctrica de Urra que, en efecto, desvío los cauces de agua del departamento.
A la Junta llegaron campesinos afectados de municipios como Ciénaga de Oro, Montería y Cereté que, de la mano con la Agencia de Tierras, identificaron algunos de esos puntos en las ciénagas y en los lechos acuíferos que podrían representar un peligro y, por supuesto, nuevas inundaciones y tragedias en el futuro.
Y es que por décadas, algunas manos privadas han desviado los caudales de las principales fuentes acuíferas del departamento para su bien privado. Un ganadero, por ejemplo, construía un jarillón, que es un tipo de muralla, para que sus cabezas de ganado pudieran acceder al agua. Pero más allá de privatizar un recurso, estas acciones se convirtieron en una bola de nieve que según los habitantes, hoy es uno de los principales causantes de los daños ambientales que dejaron las lluvias.
Desde hace más de dos décadas la Corte Constitucional alertó sobre los daños ambientales que podría acarrear estos desvíos en el cauce. Por ejemplo, la sentencia T-194 de 1999 reza: “Terraplenes, rellenos, muros de contención, presas de riego, taludes y otros artificios siguen construyéndose para intentar mantener, de manera permanente, encauzado un río que, por la conformación del valle, está destinado a desbordarse periódicamente”.
Victor Moreno, campesino cordobés e integrante de la Junta de Baldíos del departamento, aseguró que durante muchos años los predios que dan el sustento a las familias estuvieron secuestradas por manos privadas. Pero para él y su comunidad, la intervención de la ANT no solo constituye un acto de prevención, sino también de justicia.
“Esos diques y jarillones construídos fueron hechos para proteger finqueros y manos privadas. Vamos a volver a lo que era el agua antes: vida. Esos terraplenes han sido denunciados hace años, pero tan solo hasta este Gobierno nos escuchan y muestran que nuestra voz sí será escuchada. Estamos en camino de reestablecer un ecosistema para nuestras nuevas generaciones”, comenta Moreno.
“Queremos, de la mano de quienes habitan el territorio, identificar lo que el hombre ha realizado a lo largo de mucho tiempo sobre ciénagas y humedales. Tenemos que intervenir para que el agua fluya y haya nuevas alternativas para atender esta emergencia. Son estos campesinos quienes más conocen los cuerpos de agua y los que pueden mostrarnos el camino para que nos guíen hacia una solución”, comentó Lina Salcedo, subdirectora de Administración Tierras de la Nación.
La identificación representa un avance en materia de prevención frente a futuras inundaciones, pero también de participación comunitaria a la hora de organizar el territorio alrededor de la tierra. Felipe Harman resalta la importancia del encuentro y la identificación de los potenciales puntos críticos y aclara: “Ustedes tenían razón, si no se recuperan estos espacios vitales para el agua, situaciones como la emergencia climática van a generar más daños en la región”.
En las ciénagas de El Vidrial y Corralito, por mencionar un caso, se va a ejecutar procesos de deslindes (separación de predios) para recuperar esas tierras que vienen siendo explotadas irregularmente por privados que, además, han cambiado los cauces del agua para su beneficio.
“Vamos a sostener un encuentro con la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú para que, a partir del diagnóstico preliminar sobre los puntos críticos, construyamos una hoja de ruta que haga posible una intervención inmediata orientada a la recuperación de las ciénagas”, afirmó Harman.
El director de la ANT, Juan Felipe Harman añadió que proteger las ciénagas y las comunidades que dependen de ellas equivale a salvaguardar la vida, el agua y la soberanía alimentaria del territorio.
Intervención humanitaria que repara
A la identificación, que a todas luces es una acción que previene que Córdoba vuelva a sufrir nuevas catástrofes naturales a causa de la lluvia, se sumó otra acción con sabor a reparación para los campesinos del departamento.
Dos predios que fungieron como epicentros de paramilitarismo y que pertenecieron a los hermanos Castaño fueron entregados a algunas de las familias campesinas que, además de haber sido testigos de la violencia en la región, fueron damnificadas y hasta esta semana se refugiaron en albergues.
Se trata del predio Doble Cero y una parcela más en la que los hombres de Vicente y Fidel Castaño acapararon tierras y, de acuerdo con reportes del Centro Nacional De Memoria Histórica (CNMH), se constituyó una cadena de “despojos e impunidad (...) que generaba desplazamientos masivos y posteriores compras de las tierras de poblaciones que llevaban años reclamando al Estado el reconocimiento de su titularidad sobre los predios que explotaban”, reza uno de los informes publicados por la entidad en 2021.
En total son 480 hectáreas localizadas en la zona rural de Montería que hoy las víctimas del conflicto, que también son hoy damnificados por la ola invernal, pueden volver a ocupar, explotar y vivir de sus cosechas. Las tierras fueron entregadas hace años por Jesús Ignacio Roldán, uno de los escuderos del paramilitarismo también conocido como alias “Mono Leche” en su proceso de reparación y entrega de bienes del proceso de Justicia y Paz.
“Se trata de un predio que fue de los hermanos Castaño. Un predio que hoy la ANT recupera para que la tierra cambie de manos, vuelva a la comunidad rural y se consolide como principal instrumento de reparación para las víctimas de las inundaciones en esta región”, afirmó Harman.
De acuerdo con estudios de la Agencia Nacional de Tierras, los predios entregados a los campesinos no solo representan una deuda saldada con el campesinado que ha esperado años, sino décadas, a ser reparados tras su desplazamiento. También es una oportunidad para que sigan aportando a la soberanía alimentaria de Colombia a través de proyectos avícolas y piscicolas, donde tanto los campesinos que mantengan los negocios, como el resto del país, se verán beneficiados.
“Con esta diligencia, la Agencia Nacional de Tierras sigue comprometida con la Reforma Agraria, entendida como el camino para transformar los antiguos fortines de la violencia en territorios de paz, producción y dignidad para el campesinado colombiano”, concluye Harman.