Más de 30 años duraron las comunidades indígenas enfrentadas por la tierra en La Guajira. No había linderos claros, tampoco títulos que definieran jurídicamente qué era de cada quién. Pero sí había necesidades y muchas bocas que alimentar. Las décadas pasaban, y con ellas los conflictos alrededor de las tierras también se iban heredando. Pero no hubo solución. Al menos hasta esta semana.
Este miércoles, la Agencia Nacional de Tierras anunció la entrega de tierras y títulos de propiedad a comunidades indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes como parte de su agenda de incluirlos en la redistribución equitativa de la tierra y la Reforma Agraria que viene cocinándose hace tres años.
La noticia fue anunciada por Juan Felipe Harman, director de la Agencia, que reiteró que la reforma que se prometió por parte del gobierno del presidente Petro debe, sí o sí, incluir a quienes en el pasado fueron excluidos y desprovistos de tierras, como lo son precisamente mujeres rurales, indígenas y comunidades negras.
Las tierras están distribuídas en 11 predios que reúnen poco más de 3.099 hectáreas y que, a partir de esta semana, tendrán nuevos dueños en los departamentos de La Guajira, Meta, Nariño y Casanare. Todos estos territorios concentran no solo un gran porcentaje de habitantes que se autorreconocen como miembros de una comunidad étnica; también son algunos de los departamentos donde más conflictividad se ha mantenido precisamente por esos predios.
Específicamente, Harman mencionó que los beneficiarios de estas parcelas productivas están ubicados en Orocué, municipio colindante de Casanare; San Andrés de Tumaco, territorio de Nariño; Puerto Gaitán, en el corazón de Meta y en Villanueva, Riohacha, Villanueva y San Juan del Cesar, zonas al interior de La Guajira.
En cada uno de estos territorios las agrupaciones étnicas recibieron los títulos y aseguraron sentir alivio por beneficiarse de unos predios que esperaron muchos años para poseer y garantizar el sustento económico de sus familias. Ese es el caso del Resguardo Indígena Paramore, en Orocué o Sikuani Walia, una jurisdicción étnica en las selvas de Puerto Gaitán.
“Avanzamos en el cumplimiento de la Reforma Agraria y en la garantía de derechos territoriales de las comunidades étnicas. Cada hectárea entregada a quien la trabaja es un paso más”, comenta Harman.
Transformar el territorio
La mayor extensión adjudicada corresponde, precisamente, al resguardo Sikuani Walia, en Puerto Gaitán, que recibió más de 1.833 hectáreas. En conjunto, solo en La Guajira las entregas superan las 1.000 hectáreas y abarcan predios en Riohacha, El Molino, Villanueva y San Juan del Cesar, donde confluyen comunidades Wiwa, Cariachil y consejos comunitarios afro.
Allí, el trasfondo no es menor. Durante décadas, las tensiones por la tierra se cruzaron con la presencia de actores armados y procesos de desplazamiento que fragmentaron el tejido social. La falta de formalización dejó a muchas familias cultivando territorios sin respaldo jurídico, expuestas a disputas y amenazas. Con la titulación colectiva, el Gobierno busca cerrar ese capítulo y consolidar territorios estratégicos para la pervivencia cultural y productiva.
“La tierra la hemos trabajado toda la vida, pero hoy por fin podemos decir que es nuestra. Ahora sí podemos invertir, mejorar nuestros cultivos y pensar en grande. Esto es dignidad para el campesino”, aseguró Alcides Vence, Cabildo Gobernador de la etnia Cariachil, en El Molino, La Guajira.
En San Andrés de Tumaco, por ejemplo, el Consejo Comunitario Aguas Lindas La Chorrera celebró la entrega como una posibilidad real de proyectar el trabajo agrícola a largo plazo. Sus integrantes aseguran que la formalización no solo garantiza la permanencia en la tierra, sino que abre la puerta a proyectos productivos y a mayor inversión estatal.
“Para nosotros, el Consejo Comunitario de Aguas Lindas, es un privilegio poder tener nuestras tierras propias, poder dejarles a nuestras generaciones venideras unas tierras donde ellos puedan seguir sustentándose”, subrayó Anny Ledesma, beneficiaria de tierras en San Andrés de Tumaco.
La jornada también incluyó predios en Orocúe, Casanare, y en Puerto Gaitán, Meta, donde comunidades indígenas ven en los títulos una herramienta para blindar jurídicamente territorios que han trabajado históricamente sin reconocimiento formal. La apuesta, según la entidad, es que la propiedad colectiva reduzca conflictos y permita fortalecer economías locales basadas en cultivos de pancoger y producción campesina.
Vitrina internacional
El anuncio se dio en paralelo a la Conferencia Internacional de Reforma Agraria ICARRD+20, donde la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino y el subdirector de Asuntos Étnicos, entregaron 10 títulos colectivos adicionales a consejos comunitarios afro en distintos departamentos del país, sumando otras 867 hectáreas formalizadas. Cabe recordar que a este evento han asistido ministros, presidentes, líderes comunitarios y expertos que justamente han insistido en que la mejor alternativa para solucionar medio siglo de conflictos agrarios en Colombia es a través de la redistribución de la tierra.
Desde la Agencia Nacional de Tierras insisten en que la Reforma Agraria no puede limitarse a la adjudicación individual, sino que debe reconocer la diversidad étnica y los modelos de propiedad colectiva que históricamente han sostenido pueblos indígenas y comunidades negras.
El desafío, sin embargo, no termina con la firma del título. En regiones donde persisten economías ilegales, disputas territoriales y baja presencia institucional, la sostenibilidad de la reforma dependerá de que la tierra llegue acompañada de seguridad, asistencia técnica y acceso a mercados. Solo así, dicen en los territorios, la promesa de redistribución se traducirá en estabilidad y futuro para las comunidades que durante décadas esperaron que el Estado saldara su deuda con ellas.
Para estos líderes étnicos, todos los años de esperas y luchas pausadas terminan gracias a estos predios. Ahora podrán apostarle a fortalecer el arraigo ancestral que mantienen con las comunidades y, quizá en un futuro no muy lejano, convertirse en parte de los engranajes de comunidades rurales que gracias a los predios de la ANT trabajan por la soberanía alimentaria de toda Colombia.
“La Reforma Agraria también es étnica y reconoce la deuda histórica con los pueblos indígenas y las comunidades negras del país (...) estamos saldando esa deuda histórica. La tierra en manos de los pueblos étnicos es justicia y cosecha paz en territorios que antes eran olvidados por los gobiernos”, concluye Farlin Perea, subdirectora étnica de la Agencia.