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Santos: La guerra que está ganando… y la otra

Sus trofeos son reales. Como nunca antes, las Farc han sido golpeadas. Han perdido mandos de primera línea, pero ahora manejan con éxito otras armas.

Plinio Apuleyo Mendoza / Especial para El Espectador
20 de diciembre de 2007 - 09:04 a. m.

A la hora de hacer un balance de su gestión como Ministro de Defensa,¿qué se le debe reconocer a Juan  Manuel Santos? Mucho. Mucho en cuanto se refiere a la acción militar y policial contra la guerrilla y el narcotráfico, el área que más directamente depende de su Despacho. Gracias a una buena labor de inteligencia bien asesorada por expertos internacionales, a la colaboración de mandos de las FARC reinsertados, a cuantiosas   recompensas dadas a informantes en todas las zonas del país y sobre todo a la acción bien coordinada y casi siempre sigilosa en sus preparativos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, fue posible dar de baja por primera vez a  mandos claves de la guerrilla, hasta entonces inaccesibles en sus refugios selváticos o montañosos.

Al lado  de  estos fosforescentes operativos, cerca de dos mil  delincuentes fueron dados de baja a lo largo del año,  entre guerrilleros, paras o narcotraficantes, además de cuatro mil quinientos  capturados. Es el  más fuerte golpe recibido en mucho tiempo por las FARC. De paso, es un trofeo que el ministro Santos no se muestra esquivo a la hora de enseñarlo a la prensa. Y tiene razón: no es ajeno a él. Santos conoce  bien lo suyo. De cuantos ministros de Defensa civiles ha tenido el país desde que el presidente César Gaviria nombrara a Rafael Pardo Rueda, es tal vez el más cercano a los militares. Alguna solidaridad de cuerpo debió quedarle desde los tiempos en que fue alumno de la Escuela Naval de Cadetes. En todo caso, armas y uniformes no le son extraños.

A la luz de estos resultados, ¿podría decirse que estamos al fin  en camino de derrotar a las FARC? Así sería, si todas las fichas de esta organización armada,  considerada internacionalmente como una organización terrorista, estuviesen puestas en el campo militar. Pero nunca los gobiernos le han prestado atención a su vieja estrategia de combinación de todas las formas de lucha. Para las FARC son los escenarios diversos donde se mueve su guerra, una guerra vista siempre por el poder sólo como un conflicto interno a cargo de un grupo armado.

Una de esas formas de lucha, organizada con minuciosa astucia a lo largo de los años,  se sitúa en el campo jurídico. Es  la que le está permitiendo a las FARC devolver con creces los golpes recibidos en el campo militar, poniendo fuera de combate a valiosos militares con falsas pero bien cimentadas acusaciones a cargo de sus brazos políticos,  y creando con ello en las Fuerzas Armadas un clima de aguda inseguridad, sobre todo perceptible en los mandos medios, a la hora de adelantar ciertos operativos. Es indudable que condenas para ellos flagrantemente injustas y sin réplica legal posible producen desaliento y desmoralización. La inseguridad jurídica que afecta a la institución armada es el flanco débil de la política de seguridad democrática. ¿Lo captarán en su real dimensión el Presidente Uribe y su ministro Santos? Es posible que así sea, pero el gobierno no ha encontrado en las distintas instancias del poder judicial (Fiscalía, Procuraduría o Corte Suprema de Justicia) la necesaria armonía y solidaridad de poderes que en otros países existe a la hora de combatir el terrorismo.

Un año de grandes golpes


De todas maneras,  los éxitos militares, nada menospreciables, han logrado resquebrajar en los altos mandos de las FARC el viejo proyecto maoísta de la guerra popular prolongada. Es un hecho que en el siglo XXI desde el monte y con  armas no se llega al poder. Los llamados modelos revolucionarios del continente, auspiciados por Chávez,  han  demostrado que  la vía es otra muy distinta a la preconizada por Castro cuarenta años atrás. No se trata de hacer una revolución armada para llegar al poder, sino de llegar al poder por la vía electoral, con gran movilización de dinero proporcionado por el gobierno venezolano, para desde allí hacer la revolución.  A esa nueva certidumbre, que un "Alfonso Cano" recoge en un reciente manifiesto, han contribuido los golpes recibidos este año por su compañero y rival dentro de la jerarquía de las FARC, el "Mono Jojoy" a manos de las fuerzas militares.

El primero de estos golpes corrió por cuenta de la Fuerza Aérea en el mes de enero cuando, gracias a informes de infiltrados, fue posible atacar el campamento del Frente 37,  en los Montes de María. El resultado más espectacular de esta acción  fue la fuga del actual Canciller, Fernando Araújo, tras seis años de secuestro. No resultó ser una incursión accidental, sino el comienzo de una larga persecución de siete meses, minuciosamente adelantada contra "Martín Caballero", no sólo comandante del Frente 37 sino uno de los dos hombres que manejan el Bloque Caribe de las FARC. El otro es Iván Márquez, ahora acantonado tranquilamente en el territorio venezolano de la Sierra de Perijá.  Caballero, cuyo verdadero nombre era Gustavo Rueda Díaz,   había logrado  convertirse en terror de la Costa Atlántica desde su escarpado refugio en los Montes de María.  De sus audaces acciones, dan cuenta un fallido atentado contra el ex presidente Clinton y el presidente Uribe en Cartagena y el secuestro de Fernando Araujo.

Las operaciones contra este peligroso comandante guerrillero  tuvieron una preparación de siete meses y movilizaron en torno a tres municipios de la zona - Zambrano, Carmen de Bolívar y San Juan Nepomuceno- , a cerca de siete mil hombres de las tres fuerzas. El golpe definitivo que daría de baja a Caballero y a 20 de sus guerrilleros, hombres y mujeres, ocurrió el   25 de octubre en la madrugada, cuando conjuntamente helicópteros artillados de la Fuerza Aérea y tropas de la Fuerza  Conjunta de Acción Disuasiva (Fucad) atacaron su campamento con ametralladoras y morteros.

Que la guerrilla  puede ser militarmente derrotada - y lo está siendo - lo demostraron otras bajas infligidas a las Farc a lo largo del año:  la de Milton Sierra, "Jota Jota", jefe de la columna Manuel Cepeda y principal coordinador   del secuestro de los 12 diputados de la Asamblea del Valle del Cauca,  en enfrentamiento con la Fuerza Naval del Pacífico el 6 de junio en Buenaventura; la del Negro Acacio, jefe del frente 16 de las FARC y el más importante coordinador del tráfico de droga de las FARC, el 2 de septiembre en  las selvas del Guaviare; la de Angel Yara, "Hugo Sandoval", miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental y jefe del Frente 26; la de John Martínez Ortega, "Yuri", jefe político de la Teófilo Forero, en el Tolima, el 11m de junio; la de "Cristóbal", jefe de milicias y del Partido Comunista Colombiano Clandestino en Bogotá, muerto el 18 de agosto  en la toma del campamento de "Carlos Losada", en el Meta.

También el narcotráfico ha sido golpeado con éxito. Al lado de desmantelamiento de redes, decomiso de 49 toneladas de cocaína, 19 de heroína y la destrucción de 457 toneladas de hoja de coca y de 1.147 laboratorios y cuatro pistas clandestinas, el golpe más resonante lo dio una fuerza especial del ejército, al capturar en una finca del municipio de Zarzal, al famoso "Don Diego", considerado por el FBI uno de los diez delincuentes más buscados del mundo, luego de  comprobarse que el cartel dirigido por él había logrado exportar cerca de 500 toneladas de coca a Europa y los Estados Unidos.

¿Cómo explicar éxitos tan resonantes? Al parecer, gracias a la colaboración de Gran Bretaña y de Israel, para no hablar de la ayuda dada por del gobierno de Estados Unidos,  se ha logrado un importante fortalecimiento de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Militares, en especial de la Armada Nacional. Infiltrados, informantes, recompensas cuantiosas ofrecidas y pagadas,  y sobre todo agentes y mandos de las FARC reinsertados han conseguido, de su lado,  penetrar o burlar  la estructura antes hermética de la organización guerrillera. La acción coordinada del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea ha permitido el puntillazo fin al para lograr los objetivos buscados.

Las armas secretas de las FARC

Esto, en la columna de los éxitos logrados por el ministro Santos. ¿Dónde estarían los puntos controversiales de su gestión? Los medios de comunicación, que rara vez dejan de clavar algunos dardos a los altos funcionarios del gobierno, recuerdan las intercepciones a los paramilitares recluidos en Itaguï,  las infiltraciones de hombres de Don Diego en el Ejército o de las supuestas propuestas hechas por Juan  Manuel Santos a Carlos Castaño para derrocar al entonces presidente Samper.

Todo eso, sin embargo,  no parece tener mayor consistencia. Responde a un periodismo en diaria búsqueda de títulos y primicias  que rara vez se detiene a explorar en toda su inquietante perspectiva las nuevas modalidades de la guerra - no hay otra manera de llamarla - que vive el país. Tal vez tampoco el gobierno, la verdad sea dicha. Lo expresa muy bien en su libro El espejo retrovisor el general ® Adolfo Clavijo. "El Estado como tal - dice él - maneja la agresión de una minoría enfrentándola únicamente con su poder militar y policivo.... Históricamente, los estamentos  responsables de la defensa del Estado no se han tomado el trabajo de enfrentar el contenido político del complot. De ahí que sea un error craso considerar que la guerrilla es un problema grave y que las presiones que encajan en la guerra política o jurídica no lo son, que no pasan de ser actividades propias de la naturaleza democrática, ajenas al conflicto armado".

La realidad,  sólo percibida por unos cuantos observadores, es que las FARC han sabido manipular a su favor los recursos judiciales, gracias a una bien articulada y sigilosa estrategia que se apoya en un abanico de variados  recursos:

1) La manipulación de testigos, bien por medio de  amenazas o por medio de pagos, labor nada difícil en las regiones donde la guerrilla o sus agentes tienen una fuerte presencia. La coincidencia de testimonios acusatorios contra un oficial suele ser tomadas como prueba contundente para enjuiciarlo.

2)  Los "criminalistas" o expertos en la reconstrucción de escenarios que mueve la guerrilla tras una   acción armada, aprovechando los frecuentes descuidos de la justicia. Muchas veces, en efecto, los fiscales no acuden al lugar de los hechos o lo hacen tardíamente por razones de seguridad, permitiendo que entretanto se cambie la indumentaria de los guerrilleros muertos para presentarlos como campesinos, se les traslade de lugar, se cubran rastros de  sangre o se recojan o cambien las vainillas, de modo de presentar como asesinatos por cuenta de los militares lo que, en realidad,  había sido un combate.

3)  Agentes del PC3 (Partido Comunista Colombiano Clandestino) infiltrados en la Fiscalía. Los ha habido antes y los hay en la actualidad, cosa nada extraña si se toma en cuenta que las FARC han logrado introducir a estos bien camuflados agentes suyos en las Empresas Municipales de Medellín o, como en el caso de Marilú Ramírez ,  en el curso de Cidenal que prepara el ascenso de los coroneles, gracias a lo cual pudo tener acceso  a los secretos de la cúpula militar.

4) Las ONG de izquierda, especializadas en la guerra jurídica contra los militares, como Justicia y Paz, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Red Europea de Hermandad con Colombia, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Minga, Peace Brigadas Internacional y muchas otras dentro  del país y fuera de él.

5) Finalmente, la ligereza de muchos medios de comunicación cuyas redacciones judiciales suelen darle a los anteriores montajes carácter de revelaciones, es decir, de hechos comprobados.                     

La acción conjunta de estos agentes o instrumentos esencialmente orientados hacia el enjuiciamiento y condena de los militares suele lograr sus objetivos.  En quienes han observa do de cerca los casos más recientes, existe no sólo la sospecha sino la convicción de que se han cometido flagrantes injusticias.

Detengámonos en uno de ellos, el del subteniente Juan Pablo Ordoñez y los soldados profesionales Jhon Jairo Hernández, Wálter Loaiza y Oscar Saúl Cuta, adscritos al Batallón Reveiz Pizarro y recientemente  condenados a cuarenta años de cárcel por el supuesto asesinato a sangre fría de tres sindicalistas en el poblado de Río Seco, Arauca.  Aunque pertenecieran, en efecto, a sindicatos de la región (por cierto, fuertemente infiltrados de mucho tiempo atrás por el ELN) se trataba de tres prófugos contra quienes existía orden de captura por pertenecer al brazo político de esta guerrilla. Luego de conocer, gracias a reinsertados, la casa donde se hallaban ocultos, la operación se llevó a cabo a las cinco de la madrugada del 5 de septiembre, hora propicia para evitar que alguien en el poblado les diera aviso de la presencia de una patrulla militar. Luego de golpear la puerta de la casa, el subteniente  les ordenó salir. Los tres  prófugos, en vez de atender su orden,   escaparon por una puerta lateral de la vivienda. Dos de ellos alcanzaron a disparar sus armas contra los soldados, según quedaría demostrado al examinar sus cuerpos y realizar las llamadas pruebas de absorción atómica. Dados de baja, quedaron tendidos en un lote vecino. Dentro de la casa había dos mujeres - una de ellas también con  orden de captura - que fueron detenidas.

Ninguna de las inculpaciones que luego cayeron sobre los miembros de aquella patrulla habría tenido consistencia si el Fiscal de Saravena hubiese acudido como lo solicitara por radio el subteniente. El escenario, la ubicación de los cuerpos, las cápsulas correspondientes a los disparos hechos, todo habría confirmado la versión  de los militares. Pero el Fiscal, alegando razones de seguridad, desistió de acudir en helicóptero a Rio Seco. En vez de ello, se pidió al oficial y a los soldados que trasladaran los cadáveres a Saravena, y la inspección del lugar sólo se realizó dos días después, lapso suficiente para que aparecieran testigos inculpando a los militares, el escenario de los hechos sufriera hábiles modificaciones por cuenta de pobladores bajo la influencia del ELN  (alteración de rastros, vainillas recogidas, huellas de sangre borradas etc.)  y las consabidas ONG se apresuraran a denunciar el asesinato a sangre fría de tres inermes sindicalistas con  el consiguiente estrépito internacional.

Militares sin defensa


Parecidos cuestionamientos y probablemente montajes similares han sido denunciados por la Fundación Verdad Colombia, por juristas como Jean Carlo Mejía, por Maria Fernanda Cabal, ex directora de Relaciones Internacionales de la Fiscalía,   o analistas de la guerra política como Fernando Londoño,  Carlos Sierra, Adolfo Clavijo o Fernando Vargas, en casos como los de Santo Domingo, San José de Apartadó, de Jamundí y otros cuantos que no soportarían una real veeduría internacional de juristas competentes.

Los militares están plenamente concientes de que están bajo el fuego de una guerra jurídica contra la cual no tienen defensa. El oficial inculpado carece de toda protección legal. Debe buscar sus  abogados y pagarlos  con  sus propios recursos, a veces vendiendo o hipotecando sus viviendas. Su única garantía de imparcialidad en otro tiempo era la Justicia Penal Militar, hoy desmantelada para dejarle todos sus fueros a la Justicia Ordinaria  luego de las sentencias en su contra, o en contra del país,  dictadas por la  Corte Interamericana de Derechos Humanos. La medida, según el Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Militar Nueva Granada, Jean Carlo Mejía, surgió de tiempo atrás. Se la expuso al propio Decano y a sus acompañantes el entonces secretario jurídico de la Presidencia, Camilo Ospina. Buscaba con ello evitar en el futuro nuevas sentencias condenatorias de la mencionada Corte, integrada en buena parte por juristas de izquierda para quienes la justicia militar es siempre sospechosa. "Semejante solución - dice Mejía - equivale a la  de aquel marido que al descubrir a su esposa  con un amante en  el sofá de su casa, lo mejor que se le ocurre es salir a vender el sofá".  

Imagen y realidad. A veces van juntas pero a veces también están reñidas como en este caso. Internacionalmente, después de lo ocurrido en otro tiempo en los países del sur del continente, la justicia militar no es confiable. En Colombia, al menos para los militares, sucede lo contrario con la justicia ordinaria.

Al lado de estas inquietudes, hay otra que empieza a vislumbrarse en las Fuerzas Armadas. Más de 60 generales han sido llamados a calificar servicios bajo los dos mandatos del presidente Uribe. Hay quienes piensan que se trata de una medida saludable en busca de rigor, conductas intachables y de resultados en el manejo del conflicto interno que vive el país. Pero no es ésta la impresión que prevalece en la institución armada. ¿Será verdad que hoy todo general recibe con zozobra la llamada del Presidente temiendo que le notifique el fin de su carrera? Eso dicen algunos oficiales.

¿Sabrá todo esto el ministro Juan Manuel Santos? De pronto sí. De pronto no. Los trofeos que hoy muestra han sido bien ganados. Le queda otra guerra que librar y ella no tiene como escenario las selvas y montañas donde opera la guerrilla. Está en otros frentes de lucha, de pronto más escarpados. Es el nuevo desafío que tiene su gestión, pues la inseguridad jurídica tiende a anular lo que logra la seguridad democrática.

Por Plinio Apuleyo Mendoza / Especial para El Espectador

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