¿Se politizó la contaduría pública?

En Colombia, la contaduría pública, a diferencia de muchos países, es regentada por órganos estatales.

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El apetito burocrático siempre anda en busca de nuevas presas, llegando a exabruptos como el que acaba de ocurrir con la profesión de la contaduría pública. Ya se habían presentado algunas incursiones para repartirse burocráticamente los órganos de la profesión contable en Colombia, pero el último hecho raya en la politiquería pura y dura.

Resulta que, en Colombia, la contaduría pública, a diferencia de muchos países, es regentada por órganos estatales: la Junta Central de Contadores (JCC) y el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La primera se encarga de la habilitación, supervisión y sanción de los contadores, mientras el segundo, de proponer las normas técnicas en materia de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información, en línea con los estándares internacionales.

La JCC es el botín más apetecible de los dos órganos, porque cuenta con más de 100 funcionarios, la mayoría de ellos, contratistas, modalidad que facilita enormemente la politiquería. En noviembre pasado y de manera silenciosa, la Junta modificó su reglamento para cambiar el perfil requerido para ser director de la Unidad. De exigirse la calidad de contador público y postgrado, se pasó a solamente ser profesional en cualquier área y postgrado.

Es evidente que esta decisión se tomó de manera consciente para facilitar incluir a la Junta en la mermelada. Ayer, apareció publicada la hoja de vida de quien será seguramente nombrado nuevo director de la Junta, el administrador Jorge Iván Campos Campos. Se trata, como era de esperarse, de un no contador y sin experiencia en ese campo, lo que no significa que no sea un buen profesional, pero no idóneo para desempeñar el cargo de director de la UAE-JCC. Se ha vuelto costumbre en este gobierno nombrar a personas cuyo perfil no coincide con el cargo asignado, descartando los muchos profesionales que sí están preparados en el campo que les corresponde. Para no ir muy lejos, recordemos el caso de la exministra Vélez.

La contaduría pública es una profesión de gran relevancia socioeconómica. Los contadores públicos son los garantes de la confianza pública y tiene la facultad legal de dar fe pública sobre las materias contables y financieras que les competen. Toda la información empresarial se soporta en la labor de los contadores, bien sea como preparadores o como evaluadores de esa información. Por consiguiente, resulta por lo menos inconveniente que quien dirija el órgano que tiene a su cargo la emisión de la tarjeta profesional de contador, la supervisión de la profesión y la disciplina de los contadores sea un no contador, además sin arraigo en las actividades de la profesión.

Este es un precedente que riñe con las mejores prácticas internacionales, donde los órganos profesionales, sean de origen público o privado, están en manos de los profesionales. Mala cosa mezclar lo técnico con lo político, pero parece que esa es la bandera del actual gobierno, todo por conseguir sus objetivos, así esas prácticas no tengan nada que ver con el predicado cambio y sean más bien la muestra del más acendrado continuismo político.

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