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Tierra y guerra

La historia agraria en Colombia se ha desarrollado a ritmo de fusiles. La ocupación del territorio ha sido, y sigue siendo, un método de control sobre las poblaciones, a través de la máxima del imperio romano: “Gobernar es poblar”.

Redacción Política
24 de marzo de 2012 - 12:19 p. m.

Durante la conquista y la colonia las encomiendas fueron la principal forma de ejercer el poder de la corona. Era una manera de ocupar el nuevo mundo, pero también de controlar a los indígenas, mano de obra esclava.

Al despuntar el siglo XVII, un fuerte movimiento migratorio se dio en la zona que hoy corresponde a Antioquia. Tierra de donde salía la mayoría del oro que producía la Nueva Granada. De allí salieron cientos de familias rumbo sur, motivadas por el auge de la economía cafetera y la decadencia del preciado metal.

La “colonización antioqueña”, como se conoció, fue una política del Estado Borbón que buscaba fundar caminos hacia Santa Fe, a la vez que ocupar territorios despoblados. A los campesinos se les dotó de hacha y remesa y las tierras en que se fundaron se les entregaron en concesión, una especie de feudalismo tardío.

Después vinieron las reformas liberales del medio siglo —1850—: se federalizó el país, se expulsó a la Compañía de Jesús y se aplicó la desamortización de bienes en manos muertas, que no fue otra cosa que quitarle tierras a la Iglesia. Esto prendió la violencia entre los partidos Liberal y Conservador. Enfrentamiento que desembocó en guerras civiles con la misma consigna: quien pierde la guerra pierde la tierra.

Durante la primera mitad del siglo XX otro proceso agrario se empezó a gestar. Las guerras civiles agotaron la economía y el país cayó en crisis. Los precios internacionales del café se desplomaron y el Canal de Panamá se perdió. Para 1922 el Presidente Pedro Nel Ospina recibió la indemnización por Panamá: US$25 millones que, junto a la bonanza del café, caracterizaron este período como la “danza de los millones”.

Esto jalonó una segunda oleada de la colonización antioqueña, esta vez hacia el norte. Se inició la construcción de la carretera al mar. La entrada del sistema bancario y el apogeo del capitalismo norteamericano impulsaron una incipiente industrialización que necesitó mano de obra: la migración del campo a las ciudades se hizo sentir.

La expansión capitalista después de la Segunda Guerra Mundial golpeó a Colombia. Los que eran campesinos se convirtieron en obreros, pero la bonanza no duró mucho y la gente volvió a sus parcelas, pero al regresar ya no eran los mismos que habían salido de sus parcelas. La gente, envenenada por las mieles del capitalismo y la influencia comunista que impulsó una conciencia sindical, volvió a los campos a pelear contra la aparcería y el arrendamiento. Muchas tierras fueron ocupadas a la fuerza.

De ahí sale la Ley 200 del 36: la reforma agraria de López Pumarejo. Entonces se formó el zafarrancho. La gente invadió las haciendas, fundó parcelas y cercó baldíos. Los terratenientes armaron su gente para evitar que ocuparan la tierra. Ese fue el detonante del conflicto moderno: los movimientos campesinos se empoderaron en Sumapaz, Santander, Tolima o los Llanos. El origen de La Violencia, que estalló tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Las reformas de López asustaron a las élites. Se habló de función social de la tierra, de reformas laborales y sindicalismo, prestaciones sociales, impuesto a la renta.

La violencia de los 50 terminó en una insurgencia difícil de controlar: había 10 millones de personas en Colombia y 10.000 llaneros armados, además de movimientos campesinos en todo el país. En América Latina se sentía un fervor revolucionario que la experiencia cubana encendió. Los Estados Unidos presionaron para echar a andar Alianza para el Progreso, que promovió titulaciones masivas, creación de distritos de riego y una poderosa oferta de créditos. La expansión financiera requería formalización para que los bancos prestaran plata a los campesinos. El Estado compró tierras malas y las tituló a las comunidades. En toda la reforma se tituló apenas un millón de hectáreas. Sobre esta frustración se fortalecieron las guerrillas.

En 1974 se hizo el Pacto de Chicoral, que retrocedió el agrarismo. En ese enfrentamiento la gente se volcó a colonizar. Y en esa crisis de la economía de colonización llegaron la marihuana y la coca, que sirvieron tanto para que el campesinado sobreviviera como para que el conflicto se agudizara.

La guerrilla aprovechó el vacío que el Estado dejó y ganó terreno. Entonces surgió el paramilitarismo. Y vino la locura de la guerra de los 80: el narcotráfico cabalgando y la guerrilla y los paramilitares enfrentados, un proceso de despojo que hoy quiere revertir el gobierno Santos con la Ley de Restitución de Tierras y Reparación de Víctimas. Sólo resta esperar a que la historia sea que la ley se concrete o sólo sea un carbón más de esta vieja guerra por la tierra.

KEVIN BARTHEL

Director técnico del Alliance Institute for Land Rights and Access en Washington y consultor de asuntos de tenencia de tierras del Banco Interamericano de Desarrollo y La Cuenta del Reto del Milenio de los Estados Unidos. Economista, geógrafo, cartógrafo y especialista en conservación y recursos de la tierra de University of Wisconsin-Madison.

1. Formalización

Formalizar la tenencia de la tierra no es cuestión del futuro, sino de hoy. Es un camino para fomentar el desarrollo económico y la reducción de la pobreza. A pesar de las dos décadas de trabajo de los gobiernos locales, aún más del 70% de los ocupantes del suelo rural y el 60% del urbano no cuentan con documentación confiable y formal de sus derechos a la propiedad. Los registros siguen llenos de documentos de poca confiabilidad y sin relación con la realidad geográfica.

2. Lo local y lo global

Cuando hay presiones internas por conflicto social o presiones globales por el uso de la tierra, los gobiernos deben responder con reformas políticas e institucionales. La protección de los derechos a la propiedad es una obligación como política de desarrollo económico y uso sostenible de la tierra. Si los gobiernos no puedan hacer el trabajo, es mejor que fijen normas técnicas y reglas de protección de los sectores vulnerables para liberar esa función en el sector privado.

JANNE TELLER

Nacida en Copenhague, Dinamarca. Graduada en macroeconomía. Trabajó como oficial de las Naciones Unidas en Mozambique, Malí y Tanzania, donde fue testigo de la situación que enfrentan las comunidades campesinas, desplazadas e indígenas. También ha sido consultora de la Unión Europea. Desde     hace más de 15 años se dedicó a la escritura y hoy es una de las novelistas más reconocidas de la escena literaria.

3. Desplazamiento

La ley de tierras que presentaremos a Naciones Unidas considera escandaloso el desplazamiento forzado, especialmente cuando el uso de la tierra ha tenido lugar por generaciones sin que se reconozca la legalidad de su propiedad. Dicha práctica está asociada a la escasa regulación de las actividades extractivas. La tierra, junto a las relaciones sociales y tradiciones que organizan su uso, constituye un bien común antes que un objeto de apropiación.

4. Vivienda y ambiente

Una distribución justa de la tierra, la provisión de vivienda y ambientes saludables deben ser perseguidos por todas las naciones. No puede tratarse a la tierra como una simple mercancía. Los gobiernos deberán considerar otros medios de distribución diferentes al poder adquisitivo o al desarrollo de proyectos productivos. El reconocimiento de la posesión no documentada bajo reglas tradicionales prohíbe la desposesión y usurpación forzosas.

5. Comisión de tierras

Crear una Comisión de Tierra de las Naciones Unidas y extender la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para garantizar los derechos de las comunidades de todo el mundo. Los gobiernos adelantarán sus programas de desarrollo de acuerdo con los principios de la comisión, lo mismo que la inversión extranjera o la ayuda para el desarrollo. Los objetivos del desarrollo económico o la seguridad no puedan ser usados como pretexto para privar a las comunidades de sus derechos al acceso y uso de la tierra. Ello implica la existencia de penalidades que podrían imponerse a gobiernos o empresas privadas.

Por Redacción Política

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