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Durante años, cruzar la Ciénaga de Corralito no era solo cuestión de remar. Era exponerse. Para las comunidades campesinas y pescadoras de Cereté (Córdoba), defender ese cuerpo de agua significó más de 40 años de persecuciones, amenazas y, en muchos casos, la muerte. Hoy, ese mapa empieza a cambiar con una recuperación de tierras que les puede resarcir los daños.
Por medio de contundentes operativos, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman con el apoyo de la Policía de Córdoba recuperó 188 hectáreas que atraviesan este ecosistema del Bajo Sinú y que, hasta hace poco, permanecían bajo control de estructuras criminales. Los predios, conocidos como Lote 1 y Lote 2, en la vereda Los Venados, estaban vinculados a la Sociedad Agropecuaria Hato Santa María, relacionada con la red de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, y con Camilo Torres Martínez, también conocido como “Fritanga”.
“Tras más de 40 años de disputas por el uso de este cuerpo de agua entre campesinos y pescadores, y luego del proceso de reglamentación y deslinde adelantado por la Agencia de Tierras, hoy se logra recuperar el acceso a este espacio fundamental para la vida y el sustento de las comunidades rurales”, señaló Harman.
El director de la Agencia Nacional de Tierras añadió que estas dos parcelas productivas estuvieron durante años en manos del Fondo de Tierras de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Allí, supuestamente, debieron ser entregadas a comunidades vulnerables o víctimas del conflicto, pero eso nunca sucedió y las hectáreas continuaron estando en unas pocas manos.
El historial de despojo orquestado por ambos fue clave para que cientos de campesinos perdieran sus tierras, pero también sus derechos. Rendón Herrera, por ejemplo, perteneció a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) e hizo parte del círculo cercano de los hermanos Castaño, pues desde que creció en Amalfi, Antioquia, se incorporó a diferentes grupos armados que sembraron desplazamiento y dolor en el Caribe colombiano.
En 2009, “Don Mario” fue hallado culpable de haber despojado miles de tierras a su paso y ser uno de los protagonistas de la exportación de drogas a Estados Unidos. Así lo ratificó un tribunal de Nueva York, estrado que aparte de señalar la responsabilidad del “expara” en el conflicto colombiano, lo condenó a 35 años de cárcel y a pagar con US 45.7 millones sus delitos.
Frente a esto, Harman comenta: “Aquí la pelea nunca ha sido contra el campesino trabajador, sino contra quienes se han robado la tierra de manera sistemática en Colombia”.
Tierras tituladas con justicia
Durante décadas, estas tierras no sólo limitaron el acceso a la ciénaga. También marcaron la frontera entre el sustento y el despojo. Hay informes del Centro Nacional de Memoria Histórica que revelaron la magnitud del despojo a manos de organizaciones de autodefensas, especialmente en Córdoba, Antioquia y Meta. En el caso del departamento caribeño, la CNMH considera que allí empezaron los primeros experimentos de desplazamiento, acaparamiento ilícito y despojo que posteriormente se extenderían al resto de Colombia.
“Cuatro décadas que la comunidad cordobesa ha luchado por proteger el recurso hídrico, y mitigar los impactos sociales y culturales de los megaproyectos en el territorio, y producto de ello, sus líderes han sido desaparecidos. (...) Una de las consecuencias ha sido el cambio en la forma de vivir, ya que el deterioro más grande se ha evidenciado en la afectación al ecosistema, las ciénagas, los ríos y los terrenos aledaños a estas zonas”, reza uno de los informes del Centro.
La recuperación realizada por la Agencia Nacional de Tierras busca, precisamente, subsanar esos daños que se prolongaron por años. La entrega se enmarca en la estrategia “Misión Córdoba”, con la que el Gobierno de Gustavo Petro busca intervenir cerca de 50.000 hectáreas de ciénagas en el departamento y cuya mayoría fue afectada por el frente frío que dejó cerca de medio millón de damnificados por las lluvias. Pero más allá de la meta institucional, el movimiento tiene un efecto inmediato: devolverle a las comunidades el control sobre un ecosistema del que dependen para vivir.
Saldando deudas
Las tierras fueron entregadas a asociaciones campesinas y pesqueras como ASOPISSICO, ASOPARCER y ASOPARCICO, integradas por familias que lo perdieron todo tras las recientes inundaciones en la región. Para muchas de ellas, este no es solo un acto administrativo.
“El que persevera alcanza y nosotros hoy lo logramos. En este gobierno es que hemos visto la mano hacia al campesino que trabaja 24/7, por la seguridad alimentaria de nuestro país ”, expresó con gratitud Antonio Redondo
Por su parte, Neris León, campesina que vio desaparecer sus cultivos de plátano, yuca, arroz y maíz bajo el agua, aseguró: “Se cierra una puerta, pero se abren muchas ventanas; poder decir que esta tierra sí es mía es una de ellas”. Su testimonio condensa una disputa de más de cuatro décadas, el derecho a habitar y trabajar en un territorio marcado por el conflicto armado, la concentración de la tierra y la transformación forzada del paisaje.
Pero la intervención no se limita a la propiedad. También apunta al agua. En paralelo a la entrega de los predios, el Ministerio de Ambiente y la Agencia Nacional de Tierras iniciaron la remoción de jarillones, diques levantados de manera irregular, que durante años bloquearon la conexión natural entre el río Sinú y la ciénaga. Estas barreras alteraron el flujo hídrico, afectaron la pesca y modificaron el equilibrio del ecosistema.
La apertura de un tramo de más de un kilómetro en el jarillón norte permitió restablecer esa conexión sin generar nuevas afectaciones a las comunidades cercanas, según las autoridades. El objetivo es recuperar la funcionalidad ecológica del humedal y reducir los riesgos asociados a las inundaciones.
Detrás de la intervención hay una apuesta más amplia: lo que el Gobierno ha denominado “reforma rural anfibia”, una estrategia que busca reorganizar el territorio reconociendo la relación entre tierra y agua, especialmente en zonas donde los ciclos hídricos han sido alterados por décadas de ocupación irregular.
La recuperación de la Ciénaga de Corralito no cierra el conflicto, pero marca un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, el acceso al agua, y a la tierra que la rodea, deja de estar mediado por actores ilegales y empieza a regresar a manos de quienes históricamente han vivido de ella.
Para las comunidades, el reto ahora no es sólo conservar el territorio recuperado. Es sostenerlo. En un lugar donde el agua siempre vuelve, la pregunta es si esta vez también lo hará la estabilidad.