Cada vez es más común hablar de sostenibilidad, darles relevancia a los efectos que tienen las industrias en el medio ambiente y su impacto para el cambio climático. Por eso, Colombia trabaja para que los sectores se den a la tarea de tener un ejercicio más consciente y comprometido con la disminución de sus efectos negativos para el planeta.
Uno de ellos es el sector minero colombiano, que se caracteriza por la producción de varios minerales, como el carbón (térmico, metalúrgico y antracitas), mineral de níquel, hierro, cobre, metales preciosos (oro, plata y platino), esmeraldas y materiales para la industria y la construcción, según la Iniciativa para la Transparencia de las industrias extractivas (EITI por sus siglas en inglés: Extractive Industries Transparency Initiative).
De acuerdo con un estudio del Ministerio de Minas de Colombia y la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito (ONUDC), sobre las evidencias de explotación de oro de aluvión (EVOA), en el 2020, la minería ilegal afectó a 100.752 hectáreas, lo que representa un incremento del 28 % entre 2014 y 2020.
Por esta razón, este gremio ha encontrado en la tecnología un aliado, no solo para reducir los impactos medioambientales de su actividad, sino para garantizar mayor seguridad a los mineros.
Y es que en el camino hacia la digitalización y la transformación de la minería inteligente, el primer desafío para cualquier mina es establecer la interconectividad e interoperabilidad de los equipos y la inaccesibilidad de los datos. La clave para esto es encontrar las tecnologías de red más adecuadas.
Según la Asociación Colombiana de Minería, algunos de los avances tecnológicos e innovaciones del sector son vehículos que conducidos remotamente desde salas especializadas, cascos que monitorean el estado físico de los trabajadores (miden su temperatura y sus pulsaciones, entre otros aspectos) y la reutilización de los materiales sobrantes.
Asimismo, cada vez son más los vehículos mineros eléctricos con batería, lo que disminuye la contaminación y evita las emisiones de dióxido de carbono, que son peligrosas y más si se trabaja en una mina subterránea.
Respecto a la seguridad de los trabajadores, en los cascos o lámparas mineras se incorporan sistemas con los que se mide la temperatura y las pulsaciones, así como de posicionamiento (GPS), para rastrear la ubicación del trabajador en la mina desde un centro de control.
Sumado a estos aparatos, en las minas se instalan sensores que miden continuamente la cantidad de oxígeno, metano, monóxido, gases nitrosos y hasta las filtraciones que pueda haber. Además, hay otro tipo de sensores que identifican el lugar por donde pasó un minero y reportan su ubicación exacta en todo momento. Sin embargo, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Minería (ACM), “para lograr el objetivo se requiere no solo la voluntad de las empresas y los desarrollos tecnológicos, sino también la disponibilidad de espectro industrial, que depende del Gobierno”.
En respuesta a ello, desde 2021 se anunció la designación de los recursos para la construcción del Centro de Formación, Investigación e Innovación Minero Energético en Guachetá, Cundinamarca, un proyecto que arrancó con una inversión prevista de $7.000 millones.
Este proyecto, que beneficiaría en términos de formación a más de 25.000 mineros trabajadores de la zona, cuenta con un componente importante de investigación e innovación, para mejorar las prácticas mineras y reducir la accidentalidad y fatalidad.
Asimismo, generará espacios complementarios para la asistencia técnica, asesoría jurídica, investigación, iniciativas sociales y ambientales que permitan visibilizar y mejorar las condiciones laborales de la población minera y sus comunidades vecinas.
Para la construcción del Centro de Formación e Innovación Minero Energético (Cfimec) se planteó el uso de tecnologías limpias mediante la formación, buscando propiciar un desarrollo ambientalmente responsable, sobre todo en un entorno con problemáticas ambientales generadas por la misma minería.
Municipios de la provincia de Ubaté (Simijaca, Susa, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Cucunubá, Sutatausa, Tausa, Carmen de Carupa y Ubaté), y los municipios de las provincias de Sabana Centro y Occidente serían los más beneficiados.