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El Centro por los Derechos Reproductivos presentó este martes una demanda en nombre de la mayor red de clínicas de salud reproductiva de Maine contra la Administración Trump, debido a una nueva disposición que les impide recibir reembolsos federales del programa Medicaid, destinado a personas de bajos recursos.
La organización detalló que la “gran y hermosa” ley que firmó el presidente Donald Trump el 4 de julio apunta a organizaciones de salud que ofrecen servicios de aborto, prohibiéndoles aceptar pagos de Medicaid incluso por servicios no relacionados con este, como pruebas de ITS, exámenes de cáncer, atención primaria, consultas ginecológicas de rutina y anticoncepción.
Subrayó que la Maine Family Planning (MFP) opera 18 clínicas en Maine, muchas de ellas en zonas rurales con difícil acceso a la atención. Se trata del único proveedor de salud para aproximadamente el 70 % de sus pacientes, la mitad de los cuales depende de Medicaid.
Este tipo de restricciones no solo limitan el acceso a un procedimiento legal, sino que también generan un efecto disuasorio en clínicas que prestan atención integral. El resultado es una disminución en la oferta de servicios básicos, lo que impacta especialmente a mujeres, adolescentes y personas con capacidad de gestar que viven en contextos rurales o de alta precariedad.
Nancy Northup, presidenta y directora ejecutiva del Centro, afirmó en un comunicado que esta política impedirá que miles de habitantes en Maine accedan a su proveedor habitual de atención médica, simplemente porque ese proveedor también ofrece servicios de aborto, junto con otros esenciales para la salud sexual y reproductiva.
Aunque el aborto sigue siendo legal en muchos estados, la implementación de políticas como esta crea barreras indirectas que afectan el acceso real y equitativo. No se trata solo de recortes administrativos: lo que está en juego es el ejercicio de un derecho reconocido. El aborto es, para las mujeres y personas con capacidad de gestar, un derecho fundamental vinculado a su salud, dignidad y autonomía, tal como lo han establecido tribunales y organismos internacionales de derechos humanos.
La demanda argumenta que este recorte dirigido viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución de Estados Unidos, que protege contra la discriminación gubernamental y garantiza el trato igualitario bajo la ley.
“El Congreso y la Administración Trump han quitado a los pacientes la libertad de elegir a su propio proveedor de atención médica de confianza y han cortado el acceso a la atención para miles de habitantes de Maine”, señaló George Hill, presidente y director ejecutivo de Maine Family Planning.
Medicaid cubre a cerca de 396.000 personas en Maine y a más de 70 millones en todo el país. Esta cobertura incluye, en su mayoría, a personas que enfrentan barreras económicas, geográficas o culturales para acceder a servicios médicos regulares.
En su comunicado, el Centro advirtió que las restricciones impuestas por la administración Trump ponen en riesgo la sostenibilidad de cientos de centros de salud a nivel nacional.
La salud reproductiva abarca una amplia gama de servicios médicos, que incluyen —además del aborto— la anticoncepción, la atención ginecológica de rutina y el diagnóstico temprano de enfermedades. Políticas como esta tienden a reducir la disponibilidad de estos servicios, especialmente en comunidades con acceso limitado a proveedores médicos. Según organizaciones especializadas, esto puede tener un impacto desproporcionado en poblaciones con menos recursos, tanto económicos como geográficos, y en grupos históricamente marginados.
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Por Redacción Género y Diversidad y Agencia EFE
