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"¡Ni una trabajadora sexual menos!" y "la clandestinidad mata" fueron algunas de las consignas que acompañaron la protesta de trabajadoras sexuales en Buenos Aires, Argentina, este martes 3 de noviembre. Frente al Congreso de la Nación, integrantes de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) se reunieron para exigir justicia por cuatro compañeras asesinadas durante octubre y para reclamar condiciones y garantías que les permitan trabajar sin miedo a que sus vidas estén en peligro.
Con una bandera roja de AMMAR detrás, las trabajadoras llevaron un mensaje que también resume el sentido de su lucha: "No somos sujetos descartables, somos sujetas políticas y nuestras vidas también importan". Así lo expresó Georgina Orellano, secretaria general del sindicato, durante la movilización. La organización convocó al primer paro nacional del sector para denunciar la violencia que enfrentan y exigir el reconocimiento de sus derechos.
La manifestación también buscaba llamar la atención sobre las condiciones laborales y el estigma que enfrentan las trabajadoras sexuales. Los prejuicios sobre quienes ejercen esta actividad pueden hacer que sus muertes se relacionen con “los riesgos del oficio”, y dejar en segundo plano las condiciones de precariedad, la falta de protección y las dificultades que enfrentan para denunciar situaciones de violencia.
Cuatro mujeres asesinadas durante octubre
Los nombres de Bárbara Camila Aragón, Daniela del Milagro Villalba, Tatiana Micaela Fernández y Paola Vallejos resonaron durante la convocatoria. Las cuatro tenían entre 26 y 36 años y fueron asesinadas en distintas ciudades argentinas.
Bárbara Camila Aragón, de 26 años, había viajado hasta Rosario para encontrarse con un cliente. Su cuerpo fue encontrado en una pensión. Por este crimen está detenido Eliel Schiffo, de 37 años, un expolicía exonerado imputado por abuso sexual y feminicidio.
El caso de Daniela del Milagro Villalba ocurrió a unos 400 kilómetros de Rosario, en Córdoba. La joven, de 29 años, fue asesinada en el apartamento donde vivía. Por este crimen fue detenido Renato Iván Tabella, de 28 años, quien también está señalado por el asesinato de Tatiana Micaela Fernández, de 27 años. A casi 700 kilómetros de Córdoba, en el barrio porteño de Retiro, Tatiana fue encontrada sin vida en una vivienda que compartía con otra trabajadora sexual.
El cuarto caso, el de Paola Vallejos, de 36 años, sigue sin una respuesta clara. Su cuerpo fue encontrado el 8 de octubre en un alojamiento de Costa Azul, en Buenos Aires. La primera hipótesis apuntó a un suicidio, pero su familia sostiene que se trató de un asesinato. Tras sus reclamos, las autoridades ordenaron nuevas investigaciones. A hoy, no se conocen personas detenidas ni sospechosas.
Para las integrantes de AMMAR hay una preocupación que revelan los cuatro casos: las condiciones en las que muchas trabajadoras sexuales desarrollan su actividad y las pocas herramientas colectivas con las que cuentan para protegerse.
La periodista y activista argentina Marta Dillon Taboada también se refirió a los asesinatos en sus redes sociales, en medio de la convocatoria a la manifestación. "No es solo un asesino serial. Es la precariedad, la pobreza y la clandestinidad, una combinación letal. Son esas ‘vidas precarias’ a las que se intenta condenar a las trabajadoras sexuales: vidas que apenas merecen ser vividas, que no tienen lugar en el duelo social", escribió.
"Ni una trabajadora sexual menos"
La protesta también estuvo acompañada de una campaña en redes sociales. AMMAR invitó a trabajadoras sexuales y personas aliadas a cambiar sus fotografías de perfil por la imagen de un zapato de tacón rojo con la consigna "Ni una menos". La iniciativa buscó sumar voces a un reclamo que, como señalaron otras organizaciones de la región, también involucra a las trabajadoras sexuales de América Latina y el Caribe.
En entrevista con el diario El País, Orellano habló de otra situación que preocupa al sindicato: la manera en que se cuentan los asesinatos de las trabajadoras sexuales. Según explicó, estos crímenes se presentan como si fueran consecuencias de los riesgos de la actividad, sin detenerse a mirar las condiciones de precariedad en las que trabajan.
Para explicar esta diferencia, comparó la respuesta social ante estos casos con la que generó el asesinato de Nancy Godoy, una docente rural de Corrientes cuyo cuerpo fue encontrado después de casi 20 días de búsqueda. Su muerte motivó una convocatoria a un paro docente nacional. En ese caso, las condiciones laborales de Nancy y las denuncias que había hecho sobre la institución educativa fueron centrales. Para Orellano, algo parecido debió ocurrir con las trabajadoras sexuales.
"En su caso se habla de la precariedad, de los videos que filmaba en los que denunciaba las condiciones de la escuela. En nuestro caso también habría que poner el foco en la precariedad, pero en vez de eso pareciera que a nosotras las cosas nos pasan porque somos putas", dijo al medio citado.
Por eso, el reclamo de AMMAR también apunta al Estado. La organización considera que las políticas contra la trata deben tener en cuenta las diferencias entre la explotación sexual y el trabajo sexual autónomo y voluntario, así como las necesidades de quienes ejercen esta actividad. En Argentina, el trabajo sexual autónomo y voluntario entre personas adultas no está penalizado. En cambio, sí constituyen delitos la explotación sexual, la trata de personas y el proxenetismo.
El problema, según explica Orellano a El País, es que algunas de las medidas creadas para combatir estos delitos también han terminado dificultando la vida de quienes ejercen el trabajo sexual de manera independiente. Por ejemplo, las trabajadoras pueden encontrar dificultades para alquilar juntas una vivienda o un espacio donde ejercer su actividad, porque la persona que figura como titular del contrato podría ser señalada como "proxeneta". Esto las obliga a dividirse y a trabajar en solitario y estar más expuestas a la violencia, pues antes se juntaban para cuidarse entre ellas. Compartir un espacio les permitía acompañarse, estar pendientes de sus compañeras y tener redes de apoyo cuando recibían clientes. Al tener que trabajar por separado, esas posibilidades se reducen.
En la movilización también hubo un pronunciamiento en rechazo a la agresión transfóbica que sufrieron varias trabajadoras sexuales trans en los Bosques de Palermo. Entre la noche del 1 y la madrugada del 2 de noviembre, un grupo de jóvenes las persiguió y golpeó, grabó los ataques y después compartió los videos en redes sociales, donde se burlaban de ellas. Los hechos son materia de investigación. Al incluir este caso entre sus reclamos, AMMAR señaló otra de las violencias que atraviesan las trabajadoras sexuales trans, quienes también están expuestas a agresiones motivadas por la transfobia y la discriminación.
Argentina registró 239 feminicidios en lo que va de 2026
El paro se realizó en medio de un aumento de los casos de violencia de género. Según el Observatorio Mujeres, Disidencias y Derechos, durante octubre se registraron al menos 30 feminicidios en Argentina, el número más alto para ese mes en los últimos cinco años. En lo que va de 2026, el observatorio ha contabilizado 239 casos. Esto significa que una mujer fue asesinada por razones de género cada 30 horas.
Con el paro, las trabajadoras sexuales llevaron a las calles una exigencia que va más allá de los cuatro asesinatos: quieren poder trabajar sin miedo, compartir espacios con otras compañeras y contar con garantías para proteger sus vidas. También reclaman que sus derechos sean reconocidos y que el estigma no siga siendo una barrera para acceder a la justicia. "Nuestras vidas también importan" fue uno de los mensajes que dejaron las trabajadoras frente al Congreso.
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