La Fiscalía, con el apoyo de Caribe Afirmativo y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), publicó este jueves una resolución que contiene un listado de buenas prácticas para que los casos de violencias fundadas en la orientación sexual y/o identidad de género de las víctimas sean investigados y judicializados con enfoque diferencial. El propósito es brindar herramientas para que los fiscales e investigadores hagan indagaciones y judicializaciones sin prejuicios. (Novia de Mbappé: no dejó de ser hetero el jugador del PSG por estar con Inés Rau)
“Es la primera vez que la Fiscalía desarrolla un documento tan detallado en el que avanza en el análisis de estas temáticas, da un marco conceptual sobre estos temas, plantea las obligaciones de los funcionarios, la aplicación de una perspectiva de enfoque diferencial y el respeto de las personas LGBTIQ+. De forma taxativa le pide a los fiscales que apliquen estas buenas prácticas”, explicó a El Espectador Mauricio Noguera, asesor del despacho de la vicefiscal. (Queerbaiting: las personas LGBTIQ+ como estrategia de clics)
La violencia contra las personas LGBTIQ+ no es un tema menor y genera alarma. De enero al 20 de octubre de 2022, se han registrado 111 homicidios y feminicidios cometidos contra personas que han sido caracterizadas como parte de la población de personas lesbianas, gay, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y demás. Por eso, se hizo necesario crear una guía de buenas prácticas al interior de la entidad, que incluye también modificaciones orientadas a los actos urgentes, es decir aquellos que ocurren apenas se da una violencia como, por ejemplo, el informe ejecutivo que entregan los investigadores, el acta de inspección de lugares y del cadáver, entrevistas y el interrogatorio del indiciado. (Informe de HRW denuncia abuso a personas LGBTIQ+ en Qatar)
Una de las mayores novedades es que los formatos ahora contienen una casilla para registrar el nombre identitario de la persona usuaria de la Fiscalía (no solo el nombre legal que está en el documento de identidad). Es decir que la denunciante, querellante, víctima, agresor o testigo ya puede decir abiertamente que es trans y entregar su nombre identitario, y ese dato quedaría registrado en los formatos del ente investigador. Por ejemplo, si una mujer trans acude a denunciar que es víctima de un delito, debería sentirse segura y no discriminada al decir que se identifica como “María”, aunque su cédula aun diga que se llama “Juan”. (¿Por qué siempre matan a las lesbianas y bisexuales en películas y series?)
Otro cambio es la incorporación de las nuevas categorías en la casilla “sexo”, pues ahora también se puede incorporar el sexo “trans” y “no binario”, como recientemente lo ordenó la Corte Constitucional en dos sentencias históricas. A su vez, en los formatos se les explica a los funcionarios que las personas trans son aquellas que no se identifican con el sexo asignado al nacer y hacen tránsito al sexo opuesto, y la persona de identidad no binaria no se adscribe como hombre o mujer.
“Esta guía es un avance importante muy importante para el reconocimiento de las personas de los sectores sociales LGBT, particularmente con las personas con experiencias de vida trans, notamos que hay una adecuación respecto a la sentencia de la Corte Constitucional que insta a todas las instituciones a incluir la categoría no binarie y T en los documentos. Estos registros nos van a permitir acceder a las instituciones, organizaciones sociales y a la sociedad en general a datos muchos más precisos sobre temas de violencia, discriminación y denuncias que se realizan a través de las diferentes plataformas y medios en los que hace investigación la Fiscalía”, aseguró a este diario Danne Aro Belmont, directora de la Fundación GAAT. (El debate por la participación trans en competencias deportivas)
Se incluyó, además, una pregunta sobre cómo se reconocen las personas usuarias de la Fiscalía, según su orientación sexual e identidad de género: ¿usted se identifica como una persona LGBTI? En caso afirmativo, ¿cuál? Gay, lesbiana, bisexual, mujer transgénero, hombre transgénero, no binario e intersexual. “Constituyen datos sensibles sobre la intimidad de las personas, pero también son datos valiosos para mejorar las investigaciones penales y entender que los móviles de los hechos violentos pueden estar, por ejemplo, en el caso de las víctimas, relacionados con este aspecto de sus vidas”, asegura la entidad.
“Las implicaciones de este reconocimiento trascienden a lo largo del proceso penal y permitirán a investigadores y fiscales aproximarse de otra forma a la investigación misma y dar efectos jurídicos a motivaciones violentas discriminatorias. Así mismo, permitirá ofrecer garantías de protección o reparación de forma diferenciada a las personas usuarios de los servicios de la Fiscalía. En ese sentido, es un proceso que impacta a toda la entidad y sus funcionarios y hace parte de un proceso más extenso de transformación institucional”, explica la Fiscalía.
La nueva guía de buenas prácticas incorpora un apartado sobre la violencia por prejuicio, definida como aquella que está “motivada por actitudes valorativas negativas respecto a la víctima, en razón de su pertenencia a un grupo poblacional determinado, que permiten racionalizarlas y justificarlas”. Por ende, siempre que la víctima de un delito pertenezca o se perciba como una persona LGBTI debe considerarse como primera hipótesis que el delito fue cometido en razón a la orientación sexual y/o identidad de género de la víctima; es decir, se debe partir de que existe una alta probabilidad de que la violencia haya sido basada en prejuicios.
“Esta hipótesis es importante, porque permite presumir que la orientación sexual de la víctima era conocida por su agresor y que dicho conocimiento era previo a la comisión del delito, hecho que debería ser establecido en la investigación penal. Acorde con lo anterior y en aquellos casos en que se identifique que la orientación sexual guardaba relación con la ocurrencia de los hechos, la hipótesis de la violencia fundada en la orientación sexual es fundamental para la adecuación típica”, se lee en la guía de la Fiscalía.
Para ello, es importante analizar el contexto. Por ejemplo, si la víctima ha recibido amenazas previas que aluden a su orientación sexual o identidad de género, si los hechos ocurrieron en una zona de homosocialización o trabajo sexual de personas trans o sus alrededores, identificar si la víctima recibió múltiples heridas y/o ensañamiento o determinar si la víctima recibió heridas en el rostro, el cabello, el área genital, los senos o implantes mamarios o cualquier zona que haya sido intervenida quirúrgica o estéticamente en su proceso de construcción identitaria.
Aunque la guía se publicó este jueves, ya se había probado con meses de antelación en el caso de los homicidios múltiples en Medellín en los que las víctimas fueron hombres gais. Entre febrero y mayo de 2022, ocurrieron 13 homicidios contra personas LGBTIQ+ en la capital de Antioquia. Hasta el momento, las autoridades han esclarecido nueve de estos casos, hay cuatro personas capturadas e imputadas y cinco órdenes de captura vigentes.
La investigación de esos casos se orientó para que fuera respetuosa con la orientación sexual de las víctimas y, por ejemplo, se pudo imputar la causal de mayor punibilidad en la que se plantea que los homicidios seguidos de robo en algunos casos estaban conectados con un móvil fundado en la orientación sexual de las víctimas. Adicional, se tuvo en cuenta el contexto, como lo pide la guía. Las víctimas fueron encontradas en posiciones sexualizadas, precedidas de un contexto sexual o por citas de aplicaciones entre hombres gais.
“El móvil es que estos hombres fueron seleccionados por su orientación sexual y fue instrumentalizada su orientación sexual para asesinarlos”, aseguró a este diario el abogado Mauricio Noguera. Sin embargo, es claro que no en todos los casos de violencia cometida contra las personas LGBTI o percibidas como tales las motivaciones de dichas violencias están relacionadas con su orientación sexual o identidad de género. Si se llega a determinar que esto no guarda relación con los hechos ocurridos, debe ser también producto de la investigación adelantada y contar con fundamentos para su exclusión.
Así mismo, la exclusión de la hipótesis de violencia fundada en la diversidad sexual no implica que la investigación pierda el enfoque diferencial. No deben dejar de reconocerse la identidad de género de la víctima a lo largo del proceso, medidas de protección diferenciada que puedan llegar a ser necesarias, acompañamiento diferenciado a nivel psicosocial, reconocimiento de derechos de parejas del mismo sexo víctimas en el proceso, etc.
“Esta guía va a ser un horizonte jurídico para que el funcionario de la Fiscalía y Policía Judicial cuente con herramientas actualizadas y pensadas plenamente para su labor, con el fin de investigar y llevar a juicio de manera exitosa los casos de violencia contra las personas LGBTIQ+, con un punto adicional, y es que el reconocimiento de aquellos casos donde los móviles prejuiciosos fueron fundamentos de las violencias también podrán ser reconocidos más fácilmente y llevados también ante las autoridades judiciales, permitiendo también que se siga reconociendo los casos de violencia por prejuicio contra la orientación sexual, identidad de género o expresión de género percibida”, aseguró a este diario Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo.
Por su parte, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, explicó a El Espectador cuáles son los retos que considera que tiene ahora la Fiscalía con esta nueva guía. “Se hace urgente consolidar un sistema de información en la Fiscalía que registre las muertes violentas y otras violencias contra personas LGBT. Un sistema sólido, confiable, conectado con otras fuentes oficiales. Además, fortalecer las acciones preventivas de la violencia contra las personas LGBT, con cifras de la propia Fiscalía se establecen patrones de violencia, ciudades críticas, días, población más afectada; que la Fiscalía pueda establecer indicadores de mejora en sus prácticas de investigación cuando se trata de población LGBT y ver otras violencias entre ellas ataques a defensores, violencia intrafamiliar, violencia sexual contra personas LGBT”.
