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“Cartilla trans” en Bogotá: la estrategia de desinformación detrás de la polémica

La Secretaría de Educación de Bogotá presentó un documento dirigido a docentes con el objetivo de prevenir la discriminación y el acoso escolar por orientación sexual e identidad de género. Sin embargo, sectores conservadores han impulsado una campaña de desinformación, acusando falsamente a la administración distrital de “imponer la ideología de género” en las aulas.

Mariana Escobar Bernoske

14 de febrero de 2025 - 03:05 p. m.
El documento establece medidas para el ejercicio pleno de los derechos de las personas LGBTIQ+ al interior de las Instituciones Educativas de Bogotá.
Foto: Óscar Pérez
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En los últimos días, resurgieron en redes sociales cientos de publicaciones utilizando hashtags con mensajes como “con los niños no te metas”, “a mis hijos los educo yo” y “Galán con los niños no”, como una forma de difundir el mensaje de que en los colegios de la capital sería obligatoria la “ideología de género” por medio de la presunta imposición de una “cartilla trans”. ¿La razón? La Secretaría Distrital de Educación de Bogotá dio a conocer el “Documento orientador para docentes que protegen la diversidad y combaten la discriminación”, una guía que pretende brindar herramientas para que, en las instituciones educativas, se garanticen entornos escolares seguros y se prevenga la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Sin embargo, para algunas personas, se trataría de una supuesta “campaña para transexualizar a los niños”.

Contexto: ¿Por qué hablar de entornos escolares seguros para estudiantes LGBTIQ+?

De acuerdo con el Sistema de alertas de la Oficina de Convivencia de la Secretaría de Educación, en el último año, 31 mil estudiantes reportaron ser víctimas de algún tipo de abuso y violencia, y de casi 4.000 casos registrados por discriminación y hostigamiento, el 21% fueron por identidad y expresión de género. Con ese panorama, la guía sería una respuesta a los compromisos establecidos en la Política Pública LGBTI del Distrito, especialmente en lo relacionado con el desarrollo de estrategias pedagógicas para la inclusión diferencial en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) y, de esta manera, promover una educación inclusiva y libre de discriminación.

“Estos documentos responden estrictamente a lo que la ley ha determinado como mecanismos para que no haya más deserción escolar, bullying, matoneo y discriminación a raíz de la expresión que tienen los niños, niñas, jóvenes y adolescentes frente a su identidad. Es muy importante tener en cuenta que la apuesta va dirigida a docentes y  directivas, no para el estudiantado como tal. Pero, más allá de eso, todos estos procesos de transformación cultural tienen que impactar en cada una de las personas  para poder generar más comunidades libres de discriminación”, asegura en conversación con El Espectador, David Alonzo, director distrital de Diversidad Sexual, Poblaciones y Géneros de la Secretaría de Planeación.

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Igualmente, como explica a este diario Alba Reyes, directora de la Fundación Sergio Urrego, este documento también es la recopilación de múltiples sentencias que la Corte Constitucional ha emanado sobre discriminación y matoneo escolar que no se han implementado, incluyendo la del caso de su hijo. Asimismo, responde a la puesta en marcha del Acuerdo 399 aprobado a finales del año pasado por el Concejo de la ciudad, que establece medidas para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes LGBTIQ+ en el entorno escolar, enfocándose en la prevención y atención del matoneo y otras formas de violencia derivadas de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa.

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Entonces, el documento surge de la necesidad de transformar los imaginarios discriminatorios dentro del sistema educativo y de reconocer la educación como un derecho fundamental. Si bien brinda definiciones de conceptos como “sexo”, “género”, “orientación sexual” e “identidad de género” y explica la existencia de personas cisgénero (cuando la identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer), transgénero (cuando no coincide) y no binarias (cuando la identidad de género no se ajusta a la clasificación de hombre o mujer), en ningún momento se alude a una “imposición” de dichas identidades diversas, ni se  promueven procedimientos quirúrgicos, como aseguran quienes polemizaron el documento.

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Ahora bien, frente los señalamientos y las acusaciones sobre que el documento se realizó sin consultar a padres de familia, que estos fueron excluidos y que pretende “pervertir” a los niños por medio de “imposiciones de la agenda Woke”, como ha afirmado el Concejal Andrés Barrios en sus redes sociales y durante un plantón convocado el pasado 12 de febrero, Alonzo comenta que esto es falso. El funcionario le explicó a El Espectador que el proceso de elaboración del documento contó con varios meses de trabajo en el que participaron distintos grupos de padres de familia, docentes, comunidad educativa en general y también sectores enfocados a procesos pedagógicos.

¿Podría haber una estrategia detrás de la polémica de las “cartillas trans”?

Si las frases sobre “cartillas”, “ideología de género” y “meterse con los niños” le suenan a algo que ya había escuchado antes, es porque así fue. No es la primera vez que sectores de base religiosa y conservadora se manifiestan en el país en contra de las estrategias que apuntan a proteger a la población LGBTIQ+ y, en especial, aquellas que están relacionadas con la Educación Sexual Integral (ESI). Es más, lo que está sucediendo hoy con este documento de la administración de Carlos Fernando Galán en Bogotá tiene varias similitudes con la polémica de 2016, cuando acusaron a la entonces ministra de Educación, Gina Parody, de “promover contenidos pornográficos y eróticos” en los colegios. La diferencia es que, en su momento, los comentarios apuntaban que esas “cartillas” iban a homosexualizar a los niños, mientras que hoy dicen que los quieren volver trans.

Según  María Mercedes Acosta, cofundadora y editora de Sentiido, en conversación con este diario, ambas polémicas comparten el hecho de que se fundamentan en tergiversaciones, mentiras y manipulaciones  del contenido y objetivo de los documentos implicados. “En ese momento, el material pedagógico pretendía generar ambientes escolares libres de discriminación y hoy se trata de pautas para que docentes puedan evitar la discriminación. Entonces, tiene que ver particularmente con una estrategia de desinformación de un grupo pequeño, pero muy ruidoso”, añade.

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Aparentemente, quienes están detrás de estos mensajes integran movimientos cristianos y evangélicos. Además del concejal Barrios, en esta ocasión, el activista cristiano Jonathan Silva, es una de las personas que ha movilizado estos mensajes contra el documento distrital. Silva es reconocido por sus fuertes posturas en contra de la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, incluyendo, en su momento, recusar al entonces congresista Mauricio Toro cuando presentó el proyecto de ley para prohibir las mal llamadas “terapias de conversión”. Recientemente, fue una de las personas que difundió y señaló a la Superintendencia de Salud de querer “mutilar a los niños” cuando presentó su circular sobre atención en salud para personas trans.

Fuentes consultadas por El Espectador aseguran que, como se puede evidenciar en las capturas de pantalla a continuación, al parecer, Silva es integrante de bodegas sobre estos temas. Una bodega es un grupo de cuentas en redes sociales, encabezado generalmente por una persona o movimiento social, que tiene como objetivo posicionar una opinión o desprestigiar la opinión contraria. Son estrategias organizadas para difundir posturas y contenidos a gran escala mediante palabras clave, que, en muchos casos, apelan a las emociones y el sensacionalismo para pasar como verdaderos hechos que no lo son.

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Foto: Captura de pantalla
Foto: Captura de pantalla

“Estos grupos tergiversan y cambian la palabra ‘enfoque’ por ‘ideología’ para restarle cualquier veracidad y seriedad”, afirma Ale Gómez, coordinadore de incidencia y litigio de la Fundación GAAT. Así, presentan los avances en materia de derechos que se han dado en las últimas décadas como un peligro,  y al denominarla ideología, buscan generar temor. De esta forma, se oponen a que se hable de desigualdades motivadas por el género o la orientación sexual y defienden un modelo típico, tradicional y excluyente en donde solo la heterosexualidad es válida, explica Gómez.  Además, como son pocas las personas que se remontan al documento real para saber de qué se tratan las supuestas “cartillas”, es por eso que se difunden más ágilmente estos ataques coordinados.

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Una vez más, lo que se denomina como “ideología de género”, que de forma reiterada expertos han señalado que no existe, es el argumento usado para señalar supuestos riesgos para las infancias y adolescencia de la ESI y de los protocolos de prevención de violencia. Este concepto que usan sectores conservadores de manera despectiva para negar la desigualdad y rechazar los avances en derechos para las mujeres y población LGBTIQ+ no es nuevo. Surgió en la década de los 90 en el Vaticano para referirse a un supuesto movimiento liderado por gais y feministas para subvertir las familias tradicionales, los valores sociales y, según ellos, el “orden natural”.

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Todas las personas consultadas por El Espectador coinciden en que usar el discurso de la “ideología de género” es una forma de violencia por prejuicio, es decir, acciones que buscan causar daños hacia esta población debido a la percepción negativa que se tiene sobre su identidad de género u orientación sexual. Y, actualmente, quienes se ven más perjudicadas por estos discursos de odio y hostigamiento son las personas trans. Por un lado, porque en los últimos diez años sí se ha avanzado hacia una mayor aceptación social de las orientaciones sexuales diversas y, por el contrario, las reivindicaciones de las identidades trans apenas están comenzando a permear en esta discusión de derechos en el país.

De la misma manera, destacan que, ante la desinformación, es fundamental resaltar que estrategias como el documento para docentes son una apuesta por la garantía de derechos, que nadie está queriendo hacer nada que no esté en el marco de la Constitución Política y que, además, no hay forma de “imponer” u “obligar” a un niño, niña o adolescente a adoptar una sexualidad o identidad de género. Es, en palabras de Alba Reyes, un mecanismo para decirle a las infancias y juventudes que  y jóvenes que “no están solos, que discriminar es un delito y que tienen derecho de crecer y estudiar en un ambiente seguro para ser ellos mismos”.

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Por Mariana Escobar Bernoske

Comunicadora social con énfasis en periodismo y producción sonora/radiofónica. Ha participado en investigaciones sobre Derechos Humanos desde una perspectiva feminista y de género. Tiene estudios en el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos y la Universidad de Strathclyde.mescobarb@elespectador.com
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