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En Ecuador entró en vigor una ley que busca corregir las demoras en los procesos de adopción y reducir el tiempo que niñas, niños y adolescentes permanecen en acogimiento institucional. Sin embargo, la reforma también introdujo nuevas restricciones para la población LGBTIQ+. Además, Human Rights Watch (HRW) advirtió que algunas de sus disposiciones podrían “privar a muchos padres de niños transgénero de sus derechos parentales”. La normativa se inscribe en una narrativa que ha ganado terreno en distintos países de la región y que presenta la defensa de la infancia como argumento para contener lo que sectores conservadores denominan “ideología de género”.
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica Reformatoria de Varios Cuerpos Legales para la Agilización de la Adopción el 28 de julio, con 118 votos a favor, ninguno en contra y 25 abstenciones. El 13 de agosto, el presidente Daniel Noboa comunicó su aprobación a la legislatura y, al día siguiente, el 14 de agosto, la normativa entró en vigor.
La nueva ley impide que las parejas del mismo sexo y las personas solteras LGBTIQ+ adopten. La Constitución ecuatoriana ya señalaba, en su artículo 68, que la adopción “solo se permitirá a parejas de distinto sexo”. Sin embargo, hasta ahora las personas solteras podían aspirar a adoptar sin que su orientación sexual fuera un criterio de exclusión. En la práctica, esa era una de las pocas vías que permanecían abiertas para personas LGBTIQ+, pero la reforma también cerró esa posibilidad.
“La orientación sexual no guarda relación alguna con la capacidad de una persona para brindar un hogar seguro, estable y amoroso a un niño. Cualquier exclusión generalizada basada en la orientación sexual, que reemplace las evaluaciones individualizadas de los posibles padres, es contraria al compromiso declarado de la nueva ley con el interés superior del niño y viola el derecho internacional de los derechos humanos”, afirma HRW en un comunicado de prensa.
Otro de los puntos cuestionados de la ley afecta directamente a las infancias trans y a las familias que acompañan y respetan sus identidades de género. La norma establece que la “promoción” de la atención médica de afirmación de género por parte de madres o padres puede convertirse en causal de pérdida de la patria potestad. En concreto, menciona procedimientos médicos o farmacológicos destinados a “modificar el sexo biológico” de un niño, niña o adolescente.
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“Lo especialmente preocupante es que no hay evidencia que justifique estas medidas. No existe evidencia de que las personas LGBTIQ+ sean menos aptas para criar a un niño. Tampoco conocemos un proceso significativo de consulta con personas LGBT, familias con hijos trans, organizaciones especializadas o los propios niños, niñas y adolescentes afectados. Es decir, se está legislando sobre la base de prejuicios, desinformación y debates políticos, en vez de evidencia y del interés superior de la niñez”, comenta Cristian González Cabrera, investigador senior sobre derechos LGBT de HRW, en entrevista con El Espectador.
Las misma organización ha advertido que las normas internacionales e interamericanas de derechos humanos prohíben la discriminación por orientación sexual, identidad de género y características sexuales, incluso en lo que respecta a los derechos parentales.
En entrevista con este diario, una persona que lidera una organización social LGBTIQ+ en Ecuador puso el foco en otro elemento. No ha pasado demasiado tiempo desde que el país dejó de criminalizar a esta población y, aunque hoy la homosexualidad ya no está penalizada, persisten otras formas de exclusión promovidas desde el propio Estado, como no garantizarles derechos. La fuente pidió mantener en reserva su nombre y el de la organización por temor a represalias, ante lo que describe como un clima de persecución contra “quienes están en contra de las decisiones del Gobierno”, incluidas organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Aunque el país cuenta hoy con matrimonio igualitario, recuerda que “el delito de homosexualidad recién se despenalizó en 1997. O sea, no son ni 30 años desde que las personas LGBT somos ciudadanos de alguna forma en el país”. Antes, señala, el delito de sodomía existía desde 1872 y luego fue reemplazado por el de homosexualidad, vigente hasta 1997. “Es muy poco tiempo en el que las personas LGBT tienen un poquito más de reconocimiento como seres humanos”, afirma.
Las nuevas restricciones aparecen, además, en un contexto donde la discriminación y la violencia contra la población LGBTIQ+ ya tienen una presencia considerable. En Ecuador, el 53,5 % de las personas LGBTIQ+ mayores de 18 años reportó haber sufrido discriminación o violencia a lo largo de su vida, según la última encuesta nacional sobre las condiciones de vida de esta población publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Entre quienes atravesaron estas situaciones, el 89,8 % sufrió violencia psicológica y el 37,9 % violencia motivada por prejuicios.
“En el caso de la población LGBT, lo que hemos visto es que se han incrementado los índices de violencia, lamentablemente en función de los mismos sondeos que hacen las organizaciones, porque Ecuador no tiene un registro o una estadística donde identifique los grados de violencia o los delitos”, señala.
El último informe de la Red Sin Violencia LGBTI sobre homicidios por prejuicio en América Latina y el Caribe registró que, durante 2024, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 24 horas. Colombia continuó siendo el país con el mayor número de casos registrados, seguido por México, Guatemala, Honduras y Ecuador. Este tipo de escenarios puede verse reforzado por narrativas que vuelven a presentar a las personas LGBTIQ+ y sus derechos como una amenaza.
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La protección de la niñez y la “ideología de género” como bandera para restringir derechos LGBTIQ+
La nueva ley llega poco más de un año después de que el Gobierno empezara a posicionar la expresión “ideología de género”. En marzo de 2025, el presidente Daniel Noboa firmó un compromiso público en el que aseguró que su Gobierno no incluiría lo que denominó “ideología de género” en los materiales ni en las instituciones educativas, y que tampoco permitiría “cambios de sexo” en menores de edad. El documento fue suscrito después de una reunión con representantes de sectores religiosos. El pronunciamiento llegó en medio de la controversia por una sentencia de la Corte Constitucional sobre el caso de una niña trans que había sufrido discriminación en su colegio.
La nueva ley llega, además, poco después de un avance importante para las adolescencias trans en Ecuador. La fuente entrevistada explica que desde 2018 distintas organizaciones venían litigando para lograr el reconocimiento del cambio de identidad registral en los documentos de menores de edad. “Y en 2026, en marzo, la Corte Constitucional reconoce que las adolescencias trans desde los 12 años en adelante puedan cambiarse el nombre, el sexo o el género, pero con un certificado psicosocial y con una firma de autorización de sus dos papás”, señala. La respuesta política no tardó, la Asamblea Nacional de Ecuador inició un proceso de “supervisión” para analizar los efectos del fallo.
“Durante décadas vimos una trayectoria bastante clara en América Latina: de la despenalización hacia el reconocimiento de derechos como el matrimonio, la identidad de género, la protección contra la discriminación, los derechos familiares. Ahora estamos viendo en algunos países una estrategia distinta. No necesariamente se intenta volver a criminalizar la homosexualidad, sino utilizar otras áreas para restringir derechos o hacer más difícil su ejercicio, incluyendo la educación, la salud, la familia, la infancia”, advierte González.
Y añade que todo lo anterior, ha llegado acompañado con un cambio en el lenguaje, que presenta estas medidas como protección de la niñez o de la familia, muchas veces sin demostrar que exista el daño que supuestamente se intenta prevenir. “Pero proteger a la niñez es una obligación del Estado, no una consigna política”, concluye.
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Un debate que atraviesa América Latina
Para las fuentes entrevistadas, este no es un fenómeno exclusivo de Ecuador, sino una dinámica que adopta distintas formas en gobiernos de la región. En Colombia, por ejemplo, tras la llegada del actual Gobierno, las acusaciones sobre una supuesta “ideología de género” han aparecido de manera recurrente para cuestionar políticas, información y medidas relacionadas con los derechos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, e incluso con la educación sexual integral.
La expresión “ideología de género” empezó a ser promovida desde sectores vinculados al Vaticano en la década de 1990, en medio de las discusiones internacionales sobre feminismos, derechos sexuales y reproductivos y derechos de la población LGBTIQ+. No se trata, sin embargo, de una categoría científica, académica o jurídica, sino de un término utilizado para agrupar y desacreditar estos temas.
González, por su parte, agrega que además de utilizar la protección de la infancia como justificación para restringir derechos LGBT, y adaptar narrativas como la llamada “ideología de género”, los gobiernos de este corte usan otros patrones en común como aprobar medidas sin evidencia suficiente y sin escuchar a quienes van a resultar directamente afectados.
“Existe una dimensión política: los derechos LGBT se están utilizando en algunos contextos como una herramienta de polarización y posicionamiento político, incluso en países que han conseguido avances importantes”, agrega.
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“El problema que estamos viendo es que toda esta ola de retórica [...] siempre se ha anclado en esa exacerbación de los miedos sociales y utiliza a las personas LGBT como un chivo expiatorio para no discutir los temas esenciales o los problemas esenciales que tienen los países y un poco disuadir de los debates medulares, económicos, políticos de seguridad”, sostiene. A su juicio, se trata de una dinámica que trasciende Ecuador y que ha ganado fuerza dentro de una corriente política global más amplia.
El investigador explica que es necesario hacer una lectura de este escenario que no lo presente como un retroceso uniforme en toda América Latina, sino como el de una región con avances y retrocesos simultáneos. Precisamente por eso, advierte, Ecuador resulta tan ilustrativo: el país ha reconocido el matrimonio igualitario y su Corte Constitucional ha emitido decisiones importantes en materia de derechos de las personas LGBT, pero otros sectores estatales impulsan ahora medidas en la dirección contraria.
“El punto central es que los derechos fundamentales no deberían depender del cálculo político del momento. Los legisladores tienen la obligación de legislar para toda la sociedad, sobre la base de evidencia, igualdad y derechos humanos”, resume.
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Por Luisa Lara
