Se trata de Andrea Burgos, mujer trans e influenciadora reconocida en Cali, Valle del Cauca, condenada a nueve años de prisión por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas. Su defensa asegura que la sentencia estuvo marcada por irregularidades: no se le garantizó el derecho a ser escuchada y el proceso avanzó sin una “defensa real” y con varios vacíos de procedimiento. El caso llegó a la Corte Constitucional, pero no fue seleccionado dentro del proceso de revisión de tutelas. Ahora se encuentra en recurso de insistencia, el último mecanismo legal para que el alto tribunal reconsidere su decisión.
El Colectivo Justicia Racial, que actualmente la representa, denuncia que el proceso ha estado marcado por irregularidades y prejuicios motivados por razones de género. En entrevista con El Espectador, advierten que la sentencia refleja “la condena de una mujer trans, racializada y empobrecida sin un juicio justo”.
Según el reporte de la Fiscalía, conocido por este diario, los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2018. Ese día, durante una requisa, las autoridades reportaron que, al acercarse a Andrea Burgos, ella habría arrojado un objeto sobre el andén de una vivienda, el cual resultó ser un arma de fuego. Sin embargo, Burgos sostiene una versión distinta. Asegura que solo se encontraba en el lugar tras haber salido de un funeral, y que, al ver a varias personas correr, ella decidió quedarse, observando lo que ocurría, sin preocupación, asegurando que ella no había cometido ninguna conducta irregular.
Burgos también afirma que la policía nunca le encontró un arma en su posesión y que tampoco pudo constatar si realmente había un objeto de ese tipo en el andén, pues no se percató. Aun así, fue capturada en ese momento. Según ella y su defensa, mientras la detenían, uno de los agentes le dijo de manera explícita: “Con usted me gano un permiso”.
Alí Bantú Ashanti, director del Colectivo Justicia Racial, le comentó a este diario que la violencia empezó desde el momento mismo de la detención. Explica que Burgos, leída entonces como un joven gay, fue golpeada y humillada con insultos homofóbicos por parte de los agentes policiales. “Una brutalidad que revela cómo la transfobia institucional se expresa desde el primer contacto con el sistema penal. Su identidad y su orientación sexual se usaron como excusa para ejercer abuso, mostrando que su historia no es solo judicial, sino profundamente política”, añade.
Desde ese momento comenzó un proceso judicial bastante largo. Desde 2018, cuando a Andrea Burgos le presentaron cargos por porte ilegal de armas, el proceso permaneció abierto sin mayores avances. Durante casi seis años no se realizó ninguna diligencia adicional ni se dictó sentencia. Solo hasta el 11 de septiembre de 2024 se llevó a cabo la primera audiencia preparatoria.
De acuerdo con el Colectivo Justicia Racial, la audiencia se realizó justo cuando el proceso estaba a punto de prescribir, pues faltaban solo 29 días para ello. En ese lapso se llevaron a cabo: la audiencia preparatoria, el juicio oral, los alegatos, el sentido de fallo y la sentencia. Todo ello sin la presencia de Burgos, quien afirma que sólo se enteró del proceso cuando le notificaron la condena. Según cuenta su defensa, existe un registro de citación, pero ella asegura que nunca la recibió. “A La Burgos no se le garantizó ni siquiera el derecho de ser escuchada en el juicio; el defensor omitió cualquier gestión para lograr su ubicación y comparecencia”, señaló la organización.
La Fiscalía, por su parte, sostiene que la audiencia se realizó basándose en el testimonio del agente captor, Carlos Alberto David Úsuga, presentado como testigo directo. Según la entidad, su relato fue presentado de manera “clara, precisa y con cadenada, narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio la captura del procesado”, un testimonio que se consideró suficiente para demostrar la culpabilidad de Burgos. El Espectador tuvo acceso a dicha sentencia y corroboró que en ella únicamente se mencionan dos pruebas tenidas en cuenta: el testimonio del agente y la ausencia de un permiso para portar armas.
Estos hechos no solo han sido denunciados por el equipo de abogados que actualmente ayuda a Burgos, considerándolos pruebas insuficientes para condenarla, sino que también cuestionan otras inconsistencias, como el papel ejercido por el defensor público de ese entonces: “No realizó ninguna actividad investigativa, dejó de solicitar a la Fiscalía una prueba no descubierta y tampoco interpuso recurso de alzada por escrito, alegando prueba de cargo insuficiente y solicitud de preclusión por prescripción”. Tras esta audiencia, Burgos fue procesada y condenada a 108 meses de prisión, es decir, nueve años.
Desde el 17 de enero, Andrea Burgos permanece en la cárcel de Villanueva, en Cali. Han pasado ocho meses desde su captura y se encuentra en un pabellón junto a otras mujeres trans. Ese entorno, menos hostil que otros espacios penitenciarios, no elimina el peso de la injusticia que —según su familia— ha marcado su vida, su salud mental y su dignidad.
La mamá de Andrea, Olga Lucía Zangulo, le contó a El Espectador que recuerda que en casa su hija siempre encontró apoyo y aceptación. Pero afuera, dice, “el mundo parecía otro”. Desde que comenzó el proceso judicial, tuvo la certeza de que su hija estaba siendo víctima de discriminación por ser una mujer trans. “A las personas no se les debería medir por su identidad, sino por la calidad humana”, insiste. Para ella, muchas mujeres trans “tienden a ser incluso mejores personas que quienes se consideran heterosexuales, porque respetan más a los demás al no cargar con tantos prejuicios en la cabeza”.
Cuando fue entrevistada, Olga Lucia repetía constantemente esta frase: “Yo sé que ese no es el mundo de ella”. Hablaba desde con la convicción de una madre que defiende la vida que crió. Para ella, Andrea no es el número de una condena, sino la columna vertebral de su hogar. Esa percepción de injusticia la acompaña cada vez que repite que su hija no merece estar ahí.
¿Qué está denunciando el colectivo que representa a Andrea Burgos?
En enero de 2025, el Colectivo Justicia Racial conoció la sentencia cuando el caso ya estaba en firme. Desde entonces, mediante diferentes mecanismos judiciales, han apelado la condena, argumentando que “La Burgos nunca fue encontrada con el arma y no se presentó evidencia que confirme la acusación de la policía”. También han denunciado que a Burgos se le negó el derecho a la apelación y que, pese a contar con medios para ser informada oportunamente, se obviaron los canales formales de notificación: se limitaron a una única llamada telefónica que no fue respondida y, con ese argumento, el Estado dio por hecho su abandono del proceso.
De esta manera, advierten que el juicio avanzó sin su presencia, “ni una defensa real”, lo que derivó en una sentencia que, según afirman, estuvo marcada por “yerros judiciales”, es decir, errores durante el proceso judicial. Además, el colectivo ha señalado que no se aplicó un enfoque diferencial que considerara su identidad de género, su condición socioeconómica ni su contexto territorial.
También denuncian que, según nuevos hallazgos procesales, “las pruebas de la Fiscalía fueron introducidas tardíamente, sin oportunidad de contradicción, contrariando las normas que obligan a presentar toda evidencia al inicio del juicio o, en caso contrario, a rechazarlas o aplazar la audiencia para salvaguardar el derecho de defensa”.
“La Policía y algunos funcionarios del sistema de justicia, que deberían proteger a todas las personas, muchas veces se convierten en una trampa para quienes ya están en los márgenes: por ser trans, por ser negra, por ser pobre. El poder de requisa y vigilancia que tienen los policías sobre ciertos ciudadanos, especialmente afrodescendientes, que son vistos con sospecha les permite consignar, en ocasiones, falsedades”, dice Bantú.
Pero esto ha sido una lucha judicial que parece no acabar. Inicialmente, el colectivo interpuso una denuncia disciplinaria hacia la defensa, la cual fue descartada. Luego, interpusieron una acción de amparo constitucional alegando la falta de defensa y garantías, que también fue negada y declarada “improcedente” por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, argumentando que Burgos había “abandonado su proceso” y que su defensor público no estaba obligado a interponer más recursos.
El colectivo impugnó dicha sentencia y el proceso fue remitido a la Corte Suprema de Justicia el 11 de abril de 2025, donde dos magistrados rechazaron la tutela, pero una magistrada salvó su voto, al considerar que Burgos había sido condenada mediante una sentencia “desproporcionada y carente de garantías mínimas”.
Después de todas esas maniobras judiciales, el colectivo sometió el caso a la revisión de la Corte Constitucional, pero esta la negó el pasado 28 de agosto. Por ahora, el colectivo acudirá al recurso de insistencia, el último mecanismo disponible para solicitar que el alto tribunal reconsidere su decisión y estudie de fondo las presuntas irregularidades y la falta de garantías en el proceso contra Burgos.
¿Cómo está Andrea Burgos actualmente?
Andrea Burgos no es solo la mujer trans que hoy permanece privada de la libertad. Para su madre, Olga Lucía Zangulo, es sobre todo la hija que llena la casa de alegría, la hermana que ha hecho familia junto a ella y sus dos hermanos, la persona que nunca pasa inadvertida por la energía que transmite. “Es de los mejores seres humanos que he conocido. Ella es mi todo, yo soy su todo”, dice con convicción.
Y aunque su madre no olvida los episodios de discriminación, también reconoce que, en medio de la penumbra, ha surgido algo de luz. Agradece que su hija esté bien de salud y que se encuentre en un pabellón con otras mujeres trans y personas de la población LGBTIQ+, lo que según ella, le ha permitido estar en un entorno más respetuoso.
Lo que más le conmueve a Olga Lucía es el impacto que Andrea ha tenido dentro de la cárcel. Relata que varias internas se le han acercado no solo para mostrarle apoyo, sino también para contarle cómo la presencia de Burgos ha transformado su cotidianidad. “Le damos gracias a Dios que, aunque sabemos por lo que ustedes están pasando, Burgos no es de este mundo, pero Dios la trajo acá para nuestra mejoría”, le dicen.
Olga Lucía no sabe con certeza cómo era la situación de las personas que hoy comparten pabellón con su hija antes de su llegada, pero sí ha escuchado los comentarios que le hacen cuando la visitan. “Tía, nos sentíamos abandonadas, pero ahora que está la Burgos nos hemos sentido mejor, sentimos que nos voltean a mirar como personas, tenemos voz y todo eso”, le cuentan. Ella cree que parte de ese cambio tiene que ver con la atención de los medios de comunicación, que siguen de cerca el caso de Andrea.
Cuenta que suelen llevarle detalles sencillos: un labial, un lápiz de cejas, una base. También, en dos ocasiones, les han permitido entrar comida casera. “Para nosotras eso es normal, cada fin de mes le llevamos su comidita. Pero allá hay muchas que nunca reciben nada. Entonces para ellas compartir un plato casero es la gloria”, explica. Por eso, muchas internas se acercan a agradecer: “Dios mandó a La Burgos acá por algo, no se aflijan. Cuando salga, va a hacer cosas buenas por nosotras”.
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Por Luisa Lara
