Cada 20 de noviembre, el Día Internacional de la Memoria Trans se conmemora en el mundo para recordar a las personas trans y de género diverso asesinadas por la transfobia y el odio. La fecha nació en 1999, cuando la activista Gwendolyn Ann Smith decidió honrar a Rita Hester, una mujer trans afroamericana asesinada en Estados Unidos. Desde entonces, se ha convertido en un llamado global contra la violencia y el olvido. En Colombia, esa violencia sigue siendo brutal: solo en 2023, la Defensoría del Pueblo registró alrededor de 200 personas trans víctimas de violencia por prejuicio, en formas que van desde la violencia física, psicológica y económica, hasta la violencia sexual e institucional.
Este día, alrededor del mundo encendemos velas, leemos nombres, conmemoramos vidas y levantamos pancartas con rostros que no deberían estar muertos. Sin embargo, esas vidas que se recuerdan en las calles no siempre corresponden con los registros oficiales. En el último documento que el Estado expide, el certificado de defunción, muchas veces la memoria de la persona y la identidad por la que luchó en vida no aparecen reflejadas: la persona que la comunidad recuerda no es la misma que queda escrita en los registros oficiales.
La memoria trans no se juega solo en las calles y las plazas; también se decide en formularios, casillas, procesos administrativos y protocolos: en cómo un médico diligencia un certificado, cómo la Fiscalía clasifica una muerte, cómo una familia biológica decide si respeta o no la identidad de quien murió. Ahí, en esos aparentes detalles administrativos, se define si la sociedad reconoce una vida o la empuja de nuevo a la oscuridad.
Un estudio reciente publicado en el International Journal of Transgender Health analizó las experiencias de 20 líderes y lideresas trans y no binarias de distintas regiones del país. Sus testimonios son contundentes: para muchas personas trans en Colombia, la muerte viene acompañada de una segunda violencia, silenciosa pero devastadora: la que ejerce el Estado cuando borra su identidad de género, su nombre y sus vínculos afectivos de los registros oficiales. Las personas entrevistadas cuentan que, cuando una mujer trans muere, por ejemplo, es común que en los documentos de la Fiscalía o de la Policía se escriba “hombre vestido de mujer” o “sujeto masculino con falda”, como si la identidad de género fuera un disfraz y no una realidad vivida durante años.
En los certificados de defunción, la casilla de “sexo” suele llenarse con lo que aparece en la cédula o según el criterio del profesional de salud que diligencia el formato, incluso cuando la persona llevaba toda una vida nombrándose y siendo reconocida socialmente de otra manera. En muchos casos, además, la familia biológica, que puede haber rechazado a la persona en vida, reaparece para exigir que se use el nombre legal y no el nombre identitario durante los rituales funerarios.
Las consecuencias de esa decisión aparentemente técnica son profundas. Cuando el Estado registra como “hombre” a una mujer trans asesinada, esa muerte deja de contarse como parte de la violencia específica contra personas trans. Lo que las organizaciones conocen como “transfeminicidio” puede terminar archivado como “riña”, “crimen pasional” o “ajuste de cuentas”. En términos de justicia, esto implica menos investigaciones, menos condenas y más impunidad. En términos de memoria, significa que las estadísticas oficiales no reflejan el verdadero riesgo que enfrentan estas comunidades, ni el patrón de violencia que llevan años denunciando.
El estudio también documenta algo que rara vez aparece en las cifras: el papel de las “familias escogidas”. Ante el abandono o rechazo de muchas familias de origen, son otras personas trans y las redes comunitarias quienes acompañan la enfermedad, las urgencias, las denuncias, la búsqueda de cuerpos y los trámites ante Medicina Legal. Son ellas quienes conocen el nombre identitario, la historia, los miedos y los sueños de la persona que fallece. Sin embargo, en la práctica se les niega la posibilidad de decidir sobre el cuerpo y sobre cómo se le nombra, porque la ley sigue privilegiando exclusivamente el vínculo biológico. En algunos casos, las personas entrevistadas relatan que los cuerpos de mujeres trans han sido modificados antes del funeral para “corregirlos”: se les quitan prótesis mamarias, se les viste con ropa masculina, se ocultan los signos de su tránsito. Es difícil imaginar una forma más cruel de negar una vida que deshacer su identidad justo antes del último adiós. Para quienes siguen vivas, esa escena no es solo una anécdota: alimenta un miedo permanente a morir y ser borradas, a que su historia sea reescrita por otros en el momento en que menos capacidad tienen de defenderse.
De manera sorprendente, todo esto ocurre en un país que, al mismo tiempo, ha avanzado en el reconocimiento jurídico de las identidades trans. Desde 2015 es posible cambiar el marcador de sexo en la cédula mediante un trámite notarial, y hoy se discute una Ley Integral Trans que, entre otras cosas, busca reconocer oficialmente el 20 de noviembre como Día de la Memoria Trans, como un acto de reparación simbólica y construcción de memoria. No obstante, esos avances legales conviven con prácticas cotidianas que siguen tratando las identidades trans como algo prescindible, corregible o negociable según la comodidad de las instituciones o los credos familiares.
El problema de fondo es que, sin datos, la violencia parece más pequeña de lo que realmente es. Cuando las personas trans desaparecen de los certificados de defunción, desaparecen también de los gráficos, de los informes oficiales y de las prioridades de política pública. No sabemos cuántas mueren por homicidios, por enfermedades evitables, por falta de atención oportuna, por las secuelas del conflicto armado o por la combinación de todas estas formas de violencia. Sin visibilidad estadística, la memoria política y social queda incompleta. Por eso, el debate sobre la inclusión de la variable de identidad de género en los certificados de defunción y en las estadísticas vitales no es un capricho técnico ni un detalle burocrático: es una discusión sobre garantía de derechos humanos, la construcción de verdad, la posibilidad de reparación y un futuro para todas las personas.
Desde una perspectiva de justicia estadística, las propuestas que surgen desde los propios liderazgos trans son claras: reconocer a las familias escogidas en los trámites de defunción; crear mecanismos para que las personas puedan dejar en vida constancia de su identidad y su nombre; incluir casillas específicas para identidad de género y nombre identitario en el certificado; y formar a funcionarios de salud, Policía, Medicina Legal y Fiscalía para que entiendan que respetar la identidad de una persona no es opcional.
El Día de la Memoria Trans no puede quedarse solo en acciones desde las organizaciones y comunidades mientras, en las oficinas del Estado, esas mismas vidas son reducidas a cifras mal registradas. Honrar su memoria implica exigir que Colombia deje de matar a las personas trans dos veces: primero en la calle, la casa, el hospital o el CAI; después, en el papel que decide quién cuenta y quién no. Recordar, en este contexto, significa también nombrar correctamente. Significa que los certificados de defunción reconozcan a las mujeres trans como mujeres, a los hombres trans como hombres, a las personas no binarias como tales; que las estadísticas de mortalidad puedan mostrar cuántas muertes se concentran en ciertos territorios, grupos de edad y formas de violencia. Significa que las familias escogidas tengan voz en los rituales y en los trámites, y que el Estado deje de mirar hacia otro lado cuando su propia burocracia produce dolor.
Este 20 de noviembre, la invitación no es solo a encender una vela, sino a encender una discusión necesaria: ¿qué reformas concretas necesitamos para que la memoria trans esté también escrita en los registros civiles y en las estadísticas vitales? ¿Qué cambios legales y administrativos hacen falta para que nunca más una persona trans en Colombia sea enterrada con un nombre y un género que no le pertenecen? Mientras esas preguntas sigan sin respuesta, la memoria trans seguirá siendo, en parte, una memoria rota. Completarla exige escuchar a quienes han acompañado estas muertes, reconocer su liderazgo y transformar un sistema que hoy, con demasiada frecuencia, elige la comodidad de la omisión antes que la incomodidad de la justicia.
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Por Juli Salamanca
Por Sebastián León-Giraldo
