Las amenazas, el desplazamiento forzado y la violencia sexual hacen parte del patrón de control contra personas LGBTIQ+ en territorios donde operan grupos armados al margen de la ley, según la investigación de Caribe Afirmativo. En las últimas semanas, el Alto Comisionado para la Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) recibieron dicho informe, en el que se documentaron 51 casos de violencia en siete departamentos de Colombia, perpetrados presuntamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El informe, titulado “Hay que darle valor a la vida porque el conflicto nos quiere robar la dignidad”, recorre siete territorios: Cauca, la región Caribe, Chocó, Sur de Bolívar, Arauca, Nariño y Antioquia. A partir de los testimonios anónimos de personas lesbianas, gais, bisexuales, personas trans y no binarias, la organización registró 94 hechos victimizantes.
El documento traza un recorrido histórico desde 1964, año de fundación del ELN, y las afectaciones que ha causado a personas LGBTIQ+ hasta la fecha. Su elaboración surgió en el marco de la mesa de diálogos entre el gobierno y el ELN, con el propósito de llevar insumos concretos para reclamar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No obstante, debido a que los diálogos de paz están suspendidos, la organización decidió entregar el informe para que estos hechos documentados sean tenidos en cuenta.
“En la historia del conflicto armado colombiano, diferentes actores armados y no armados han sostenido prácticas que atentan contra la vida y la dignidad de las identidades y corporalidades diversas, como estrategia para demostrar la capacidad de instalar un orden social”, comenta Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, en entrevista con El Espectador. Además, enfatiza en que si se habla específicamente del ELN, este grupo ha visto a las personas LGBTIQ+ como una “amenaza” al orden que imponen. Por eso, ha justificado y ejercido formas extremas de violencia sobre sus cuerpos.
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Si bien los testimonios recogidos identificaron afectaciones por parte de otros actores como las FARC-EP, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, las personas LGBTIQ+ señalaron al ELN como el principal responsable. Según el informe, este grupo registró 11 casos en el Cauca, 12 en el Caribe, 8 en Nariño, 7 en el Sur de Bolívar, 6 en Antioquia, 4 en Chocó y 3 en Arauca.
Las amenazas fueron las más frecuentes, con un 26% de los casos, seguidas del desplazamiento forzado (22%), la violencia sexual (12%), el reclutamiento forzado (7%) y la tortura (5%). Otros hechos como el secuestro, los daños a bienes ajenos, el hostigamiento, las lesiones personales, el aborto sin consentimiento, el acoso sexual, el homicidio y la desaparición forzada representaron cada uno entre el 1% y el 3% de los casos. Además, en muchas ocasiones una sola víctima sufrió varios tipos de violencia dentro de un mismo hecho.
Estas agresiones implican una vigilancia moral y sanciones “ejemplarizantes” para quienes no son heterosexuales y cisgénero, es decir, personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer.
Como resultado, las personas LGBTIQ+ se ven obligadas a ocultar, ajustar o suprimir su identidad para evitar represalias. Castañeda lo describe como el uso de estrategias de “camuflaje que les permiten transitar el territorio sin ser identificadas como disidencias del sistema sexo-género”. Además, el informe también documenta que el nivel de hostigamiento termina por expulsar a estas personas de sus territorios.
“Aunque no podemos afirmar con certeza que existe una política al interior del ELN donde se estipule que la cisheterosexualidad es obligatoria, los testimonios dan cuenta de que el ELN como organización sí ha sostenido en el tiempo prácticas de violencia que buscan disciplinar las corporalidades e identidades que desafían el orden binario de la sexualidad y el género”, advierte Castañeda.
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Este control afecta con mayor fuerza a quienes tienen expresiones de género visibles: personas trans, hombres gais con expresiones femeninas, o mujeres LBT que no se adaptan a los roles tradicionales de lo “femenino”. También impacta a quienes ejercen liderazgos sociales en defensa de sus derechos o sus territorios, pues los grupos armados asocian esa visibilidad con una amenaza al “orden social” que buscan imponer.
Adicionalmente, el informe revela que quienes se acercan a las personas LGBTIQ+ también quedan expuestas a represalias, lo que se agudiza en entornos educativos, religiosos o públicos y se extiende incluso a sus familias como forma de “advertencia”. Todo esto profundiza su aislamiento social, dificulta que sean protegidas y permite que las violencias contra ellas continúen en la impunidad.
Ese fue el caso de una mujer trans en Codazzi, Cesar, Ella relató que en 2006, cuando apenas llevaba ocho días trabajando en una peluquería, el ELN irrumpió en el lugar, “dijeron que no querían ni gais, ni putas, ni rateros. Pusieron 24 horas para que saliéramos”, se lee en el relato. Una clienta la acogió en su vereda mientras las cosas se calmaban. Pero el grupo armado la siguió hasta allá y asesinó a la mujer que le había dado refugio. “La señora ni siquiera era LGBTIQ+, solamente por darnos trabajo la mataron”, recordó.
Por otro lado, estos actores han difundido prejuicios como que las personas LGBTIQ+ son una supuesta “enfermedad contagiosa, un atentado a la moral, pecadoras o portadoras de VIH/SIDA, que tienen relación con la delincuencia y la depravación”, se menciona en el informe. Prejuicios que han sido usados históricamente para justificar la exclusión, la persecución y la violencia contra estas poblaciones, y que el ELN y otros grupos han convertido en argumento para difundir amenazas públicas, como ocurre con los panfletos que circulan.
Algo similar vivió un hombre gay víctima en el Cerro de San Antonio y Caimán: “Me da miedo a veces hasta salir a la calle, me da miedo reclamar los medicamentos. Porque en Riohacha también a veces rodan panfletos (...), sobre las personas que tenían VIH, que no sé qué, que están enfermando a la gente (...) yo me la paso triste, me la paso en una especie como muy encerrado”, se lee.
Redes sociales: el nuevo espacio de control y amenaza por parte del ELN
Las plataformas digitales se han convertido en un nuevo escenario de violencia. Los grupos armados ilegales usan Facebook para difundir fotografías de personas asesinadas junto con mensajes amenazantes contra las personas sexodiversas en los territorios. Así ocurrió, por ejemplo, tras la realización de un reinado LGBTIQ+ que reunió a diversos sectores de San Pablo, en el Sur de Bolívar: una vez terminado el evento, comenzaron a circular amenazas por redes sociales y aplicaciones de mensajería.
“Al WhatsApp me llega un audio de una persona que se me presenta como ELN y él me dice que nos habían advertido una vez que estábamos mariconiando a los pelados del pueblo, que había muchas quejas, o sea, que la misma comunidad estaba presentando quejas, que nosotros estábamos mariqueando a los pelados y, o sea, una cantidad de cosas que no”, se lee en otro testimonio.
En 2022, un hombre gay del mismo departamento fue obligado a abandonar su territorio por su orientación sexual, pero esta vez, las amenazas llegaron por Facebook: “me amenazaron, me mandaron un mensaje, un poco de cosas, yo denuncié y todo eso, inclusive, me iban a sacar del territorio”, comentó.
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Este traspaso del hostigamiento a las redes sociales profundiza el miedo, refuerza el estigma y reduce los espacios seguros para las personas LGBTIQ+ en estos territorios. Pues la persecución se vuelve cada vez más masiva.
Para Castañeda, estos hechos violentos se convierten en evidencia de cómo la crueldad y la discriminación se usan como estrategia para fracturar las vidas de las personas LGBTIQ+. Así, los cuerpos y las identidades sexodiversas quedan atrapados entre la estigmatización y el borramiento: si se muestran, son blanco de violencia; si se ocultan, su existencia es negada. “Por ello, una tarea pendiente que tiene Colombia es la de poner fin al conflicto que existe entre el Estado y el ELN, para que la paz signifique la dignificación de sus vidas”, concluye.
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Por Luisa Lara
